Una más que justificada indignación general ha provocado la decisión del Senado de la Nación de triplicar el monto de las dietas de sus integrantes, llevándolas a casi 7 millones de pesos mensuales brutos si se incluyen el plus por desarraigo y los gastos de representación. No pasó inadvertido tampoco el adicional por aguinaldo que se otorgaron, totalizando 13 dietas anuales, aun cuando la dieta no es un salario y, por tanto, no está comprendida en las leyes laborales.

Nadie puede pretender que un legislador nacional trabaje gratis. Sin duda, un cargo electivo semejante debe estar bien remunerado, dada la importancia de su investidura. Sin embargo, el incremento en cuestión ofende a millones de argentinos que en la actualidad sufren enormes carencias, incluida una gran mayoría de trabajadores y jubilados cuyos haberes han venido perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación en los últimos tiempos.

Si el monto de las dietas que se han fijado a sí mismos los senadores nacionales mediante una decisión que apenas les tomó algo menos de dos minutos resulta obsceno, no menos irritación pueden generar los fundamentos de la resolución votada por la mayoría de los senadores. En la justificación del proyecto aprobado se señala que “el ejercicio de un cargo legislativo priva a su titular de realizar alguna actividad remunerada dado el tiempo y dedicación que le insumiría”. Se trata de un argumento falaz por donde se lo mire.

En primer lugar, porque es sabido que la mayoría de los actuales senadores tienen otros ingresos. En algunos casos, poseen empresas o participaciones en sociedades; en otros, ejercen su profesión en forma paralela a la actividad legislativa o dirigen consultoras, como lo ha reconocido el senador Martín Lousteau.

En segundo lugar, hay que decir que prácticamente ningún senador puede ser visto en su lugar natural de trabajo, la Cámara alta, de lunes a viernes. La enorme mayoría, en el mejor de los casos, está allí apenas de martes a jueves. En la sesión preparatoria del presente período ordinario de sesiones, los senadores acordaron los miércoles y jueves, a las 14, como días para la realización de sesiones, aunque desde el 1º de marzo hasta hoy solo han concurrido a tres: una para asumir sus cargos, otra para rechazar el DNU 70/2023 y la última para aumentarse sus dietas.

Quienes representan al poder político deben ser los primeros en dar el ejemplo, en lugar de abusarse de sus situaciones de privilegio y seguir atentando contra la moral con perfidia y premeditación

No menos desvergonzado ha sido el procedimiento empleado por los senadores para dar sanción a la resolución que aumentó sus sueldos. La norma fue aprobada en tiempo récord, a libro cerrado y ni siquiera quienes supuestamente estaban en contra expusieron su posición durante la meteórica sesión. Pese a que la resolución debía ser aprobada por las dos terceras partes de los legisladores presentes, la votación se efectuó a mano alzada, sin que pudiera determinarse con claridad el sentido del voto de cada senador ni conocerse su resultado exacto, como hubiera correspondido.

Asistimos así a un proceder propio de quienes saben que están haciendo algo indebido o reñido con la ética, y pretenden no quedar en evidencia. Un gesto asimilable a una tan estremecedora como inadmisible cobardía. La falta de decoro quedó de manifiesto particularmente en algunos senadores que levantaron tímidamente su mano para votar la resolución como si estuviesen jugando a las escondidas.

Tras la controvertida sesión, varios legisladores buscaron despegarse de la medida dispuesta. Al menos dos senadores de Pro, Luis Juez y Martín Goerling, y dos de la UCR, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, solicitaron formalmente que no se les otorgue el incremento en las dietas. Por su parte, senadores de La Libertad Avanza, que no acompañaron la iniciativa, anunciaron que presentarán un proyecto para dejar sin efecto el incremento.

El accionar de los senadores que votaron el aumento se torna aún más impúdico si se tiene en cuenta que no pocas de las provincias a las que representan exhiben niveles de pobreza superiores al 50 por ciento. O que alrededor del 70 por ciento de los jubilados cobra un mínimo haber, que apenas alcanza los 242.000 pesos, con bono incluido; esto es, 29 veces menos que lo que cobrará por todo concepto en bruto un senador.

A todo esto, hay que agregar que los senadores nacionales cuentan con un promedio de 18 asesores cada uno, aunque algunos superan los 40. Una cifra que probablemente muy pocas empresas de las más empobrecidas provincias argentinas alcancen.

Los difíciles momentos actuales, derivados de décadas de despilfarro de los dineros públicos, exigen un vasto esfuerzo para equilibrar las cuentas nacionales. Quienes representan al poder político deben ser los primeros en dar el ejemplo a toda la ciudadanía, en lugar de abusarse de sus situaciones de privilegio y seguir atentando contra la moral con perfidia y premeditación.