En lo que supondrá otro revés parlamentario para el Gobierno, el Senado se encamina hoy a sancionar definitivamente una recomposición jubilatoria que contiene una nueva fórmula de movilidad de los haberes. La iniciativa, que desafía el equilibrio fiscal de Javier Milei, cuenta con media sanción de Diputados y podría lograr un considerable apoyo en la Cámara alta. Si bien el Presidente anticipó que podría vetar este proyecto, la posibilidad de que sea acompañada por una holgada mayoría implicará un significativo costo político y condicionará los planes de la administración libertaria.

Será la segunda derrota del oficialismo en el Congreso, un día después de que la Cámara de Diputados rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/2024 por el que Milei incrementó $100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Resta el pronunciamiento del Senado para dejarlo sin efecto. Se le suma al hecho de que el Gobierno también perdió el control y la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que quedó en manos del senador Martín Lousteau y los representantes del kirchnerismo.

El incremento de los haberes jubilatorios tuvo dictamen del plenario de comisiones del Senado a principios de agosto y está en condiciones de ser discutido en el recinto. Fue acompañado por radicales, kirchneristas y referentes de fuerzas provinciales. El oficialismo y el Pro, en tanto, se opusieron.

Esta iniciativa fija una recomposición del 8,1% de inflación correspondiente al mes de enero que no fue incluida en la actualización que el Presidente determinó por decreto, en abril. Sumado a esto, define al Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual como la variable de la movilidad para las jubilaciones, que deberán estar por encima del valor de la canasta básica de alimentos. Además, crea una cláusula gatillo anual que se aplicará automáticamente siempre que los salarios hayan subido más que la inflación y será del 50% de esta diferencia. Por último, exige que en un plazo de seis meses el Poder Ejecutivo salde las deudas con las 13 provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional y cumpla las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados.

Para este año, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) –dirigida por Gabriel Esterelles– estimó que estas modificaciones representarían un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de alrededor del 0,44% del PBI. En tanto, el mismo organismo estimó que las deudas con las cajas provinciales asciende a un valor corriente de $703.353 millones, monto equivalente a 0,13% del producto.

Para la diputada de Pro Daiana Fernández Molero, el impacto que calculó la OPC solo podría aplicarse para este año, dado que no contempla el refuerzo por RIPTE. La legisladora indicó a LA NACION que, con la incorporación de la variable salarial en la fórmula, el costo fiscal anual contando un período de cinco años se dispararía a 1,9% del PBI. Por eso, calificó la fórmula como “explosiva”: “Este agregado es asimétrico ya que solo se aplica en los años que el salario real sube y no lo corrige cuando baja”, enfatizó la economista.

A pesar de que el Gobierno trató de incorporar modificaciones al proyecto para morigerar el costo fiscal y dilatar su sanción definitiva, la oposición está dispuesta a apoyar la sanción y evitar más postergaciones.

Los senadores también discutirán dos proyectos que versan sobre las dietas que perciben. Se da después de la repercusión política y mediática que generó la noticia del nuevo aumento de sus sueldos, que rondarán los $9 millones en bruto.

Tras las críticas del Presidente al Senado, que fueron leídas como una nueva afrenta hacia su titular, Victoria Villarruel decidió tomar la iniciativa y obligar a los legisladores a discutir la suspensión del incremento en el recinto del Senado.

Se discutirá una iniciativa para desengancharse del último aumento otorgado a los trabajadores legislativos, así como un proyecto del kirchnerismo que propone equiparar los sueldos de los tres poderes del Estado y fijar un techo de de 20 salarios mínimos.