Javier Milei se jactó ante la Asamblea Legislativa de que su plan económico tuvo más de “motosierra” sobre la política que licuación del gasto público. “Si bien ha habido licuación, ha habido mucho más de motosierra, todo para la política”, dijo el Presidente. También dijo, en una entrevista con el canal LN+, que despidió del Estado a 50.000 personas. “Hemos echado 50.000 empleados públicos, hay 10.000 contratos que vencían y no los renovamos”, dijo Milei. De acuerdo a un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), esa afirmación no coincide con los datos.

Hasta ahora, el ajuste sobre la conducción y administración de los organismos de la administración nacional fue menor a la poda aplicada sobre otras partidas. La licuación del gasto -retroceso en el gasto de las prestaciones sociales -jubilaciones y pensiones, programas sociales y salarios-, fue el principal motivo del ahorro fiscal.

Según los datos a los que accedió LA NACION, desde que Javier Milei asumió hasta finales de enero -tan solo dos semanas antes de la entrevista en la que el Presidente dio esa cifra-, fueron despedidas del Estado alrededor de 7.800 personas. El número no incluye los despidos en el Estado que ocurrieron durante febrero.

En julio de 2022, cuando el exministro de Economía Sergio Massa estableció que no podría haber más altas en el personal del Estado, había un total de 335.552 empleados públicos. En noviembre de 2023, durante el último mes de la gestión del Frente de Todos, la cifra de empleados estatales llegaba a 341.713. Y para finales de enero, según las cifras del Indec, ese número llegó a 333.853.

Al cierre de enero, la Administración Pública Nacional tenía una dotación de 224.072 empleados. Esa cifra se compone de 50.973 empleados de la administración centralizada, 134.680 de la administración descentralizada, 23.109 de la administración desconcentrada, y de 15.310 de otros entes.

Como parte de las empresas y sociedades del Estado se contabilizan 109.781 personas más. El informe de febrero todavía no fue elaborado, pero una fuente con experiencia en la administración del Estado que sigue de cerca los números de la dotación de personal dijo que si bien durante febrero siguieron las reducciones del personal, es imposible arribar al número que dijo el Presidente en tan solo dos meses de gestión.

La Fundación País Abierto y Digital (PAD), que preside el exministro de Modernización macrista, Andrés Ibarra, también lleva adelante un relevamiento que, si bien arroja una cifra de ajuste más elevada, sigue lejos de lo que dijo el Presidente. Según el documento elaborado por la Fundación PAD al que accedió LA NACION, a fines de enero había 327.713 personas, tanto dentro de la Administración Pública Nacional como en las empresas y sociedades del Estado, con lo cual la totalidad de personas despedidas hasta ese momento habría sido de 14.000.

Un dirigente político que tiene diálogo con el Gobierno y avala el plan de ajuste desconfió de la cifra pronunciada por Milei. “Si echás a 50.000 personas se refleja en la conflictividad de la calle, eso no pasó”, dijo a LA NACION. A fines de marzo tendrá vencimiento una enorme cantidad de contratos que, según fuentes oficiales, no serán renovados.

Milei sí hizo fuerte una reducción de la estructura: bajó de 22 a 9 ministerios. Y se redujeron los cargos políticos, conocidos como los “ravioles” del Estado. También se redujeron drásticamente los gastos corrientes en seguros, contrataciones, y programas. Además, se eliminaron en múltiples dependencias del Estado las horas extra y las unidades retributivas. “Sí se sacaron las horas extra y se dieron de baja los contratos que habían sido dados de alta durante 2023. También sacaron las unidades retributivas. Sin esas unidades retributivas, los contratos quedan muy pelados, y por eso se fueron muchos contratados”, dijo una fuente que trabajó en la Jefatura de Gabinete.

Quien sigue de cerca las dimensiones del Estado es el exfuncionario menemista Armando Daniel Guibert, a cargo de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que depende de la jefatura de Gabinete de Ministros.

Más allá de las nóminas de personal estatal, para recortar y administrar el gasto público en general la dirigencia libertaria se topó con dificultades administrativas. Por ejemplo, para la eliminación de los Fondos fiduciarios, un tema para nada menor que incluso detonó el debate por la Ley Ómnibus, la administración libertaria también se encuentra con un importante escollo. De los 29 fondos fiduciarios que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, cerca de 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país, unos ocho en total fueron creados por decreto, dijo a LA NACION un exfuncionario experto en cuestiones administrativas del Estado que lleva un relevamiento del tema.

Y son solamente los que fueron creados bajo esa condición normativa los que Milei puede eliminar sin pasar por el Congreso. Los otros 21 fueron aprobados por el Congreso y no podrán ser disueltos si no es mediante la aprobación de una ley.

Para la disolución de áreas tales como el Inadi, una iniciativa que promovió Milei y que anunció el vocero Manuel Adorni la semana pasada, el Gobierno también se encontró con una traba administrativa. El instituto fue creado por ley y solo puede disolverse por la vía legislativa. En ese caso, el anuncio del cierre definitivo de la dependencia que lleva casi diez años intervenida resultó en el traspaso del personal de la institución directamente al Ministerio de Justicia. El Inadi ya se encontraba bajo la órbita de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, y hoy, todavía, cuenta con alrededor de 300 personas empleadas.