El Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, modificó ayer la fórmula con la que se asignan subsidios automáticamente a las obras sociales. ¿La razón? Ir contra las cajas de los sindicatos que operan, según las indagaciones que realizó el área en los últimos meses, como “sellos de goma” para percibir fondos y nunca rendirlos. Según fuentes oficiales, son 84 obras sociales a las que se les recortó una porción del dinero que tenían que recibir este mes. La contracara de esta decisión, es que por ello se ven beneficiadas otras prestadoras médicas como Camioneros, Uocra, Sanidad y Petroleros.

La política y la economía salen del freezer

Entre las afectadas están la del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, con la que ha habido conflicto por paros reiterados; la de taxis de la Ciudad de Buenos Aires; la de Actores; la de Farmacéuticos Y Bioquímicos; la del Personal de Cementerios de la República Argentina; la de Portuarios Argentinos y la del Personal de Escribanos, entre otros. El listado, sin embargo, contiene asociaciones de empresas y no solo de gremios.

La otra consecuencia del recorte es que las obras sociales con más afiliados, como Camioneros, Sanidad, Petroleros, Uocra, entre otras, recibirán más subsidios por mes. Por ejemplo, el gremio de los Moyano pasará de cobrar originalmente $152.774.450 a $172.062.894, un 12% más, y la que dirige Gerardo Martínez, $503.647.887,01 a $610.654.690,97, un 21% adicional.

Esto se debe a que la decisión modifica el programa Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que se repartía en un 80% proporcionalmente de acuerdo a los afiliados, pero un 20% en una suma fija, por lo que a las obras sociales de mayor tamaño, el monto no les representaba una gran porción de sus ingresos, pero en el caso de las de menos de 5000, era la mayor parte de su flujo mensual. Además, estas percibían una compensación económica, a través del Fondo Solidario de Redistribución (supuestamente destinado a medicamentos de alto costo, tratamiento de discapacidades y prestaciones complejas), si lo que recibían por afiliado era menor al promedio de lo que recibían por afiliado en todo el sistema. A partir de ahora, el 100% de la distribución se hará por cantidad de afiliados. Esto significa que estas obras sociales continuaran recibiendo subsidios, pero menos dinero.

Lo que las distingue es que tienen menos de 5000 afiliados. El oficialismo dejan trascender que consideran que la gran mayoría estaban armadas solamente para recibir los subsidios y que no crecían en cantidad de usuarios porque la fórmula vigente beneficiaba desproporcionadamente a las más pequeñas. La Superintendencia auditó entre dos y tres obras sociales por semana y que encontraron múltiples irregularidades generalizadas, según informaron a LA NACION fuentes oficiales.

La idea es con esta medida solucionar la desproporcionalidades, pero en el mientras, continuar las auditorías y que, donde se identifique una irregularidad, se solicite la documentación necesaria, independientemente de la cantidad de afiliados.

Las anomalías incluyen, pero no se limitan, a falta de rendición de cuentas, ausencia de cartillas para los afiliados, inconsistencias o una baja cantidad de contratos para prestar servicios, deficiencia o carencia de los mismos, inexistencia de vínculos con prestadores y sospechas alrededor de quiénes recibían los subsidios, más allá de una general falta de transmisión de información a la entidad regulatoria. Hay una obra social que ya fue intervenida. Se trata de la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OSPIF). Se debe a que, entre otras cuestiones, identificaron que los fondos se depositaban directamente en la cuenta bancaria del gremio. Ni siquiera entraban vía la obra social, que debía prestar los servicios.

Por ejemplo, la obra social del Personal de Prensa de Bahía Blanca (con 279 afiliados), iba a recibir $4.767.927,61 con el cálculo anterior y ahora percibirá $295.447,84. “Eran un curro para cobrar subsidios del Estado”, dicen desde la Superintendencia. Destacan que se trataba de un premio a la ineficiencia, desde su visión, y que generaba una injusticia con el resto de las obras sociales.

En promedio, estas 84 obras sociales debían recibir $24.448.850,10 antes de este cambio. Ahora, la media será de $2.588.585,03, casi una décima parte. Un estudio del listado da cuenta de que pese a que las transferencias eran automáticas y el cálculo regía para todos igual, hay números que no cierran. Por ejemplo, dos obras sociales (la de Prensa de Bahía Blanca y una llamada Cabot Argentina) tienen casi la misma cantidad de afiliados (279 y 272), pero la primera iba a recibir casi $4.8 millones y la segunda, un poco más de $230.000.

En los primeros meses del año se estudió esta situación, en mayo no se repartieron subsidios y en junio, aplicaran esta nueva fórmula. Explicaron, además, que no se recortaran los montos totales, sino que se trata de una redistribución. Las de menos de 5000 iban a percibir $2.053.703.408,65 en conjunto, y ahora solamente $217.441.142,25.