El gobierno nacional evalúa disolver alrededor de 60 organismos del Estado. La decisión, que se concretaría a través de uno o de una serie de decretos, forma parte de los planes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, según fuentes oficiales.

El Gobierno todavía no definió la fecha en que las nuevas normas comenzarán a salir a la luz. “Está la decisión política para avanzar, pero no está definido ni el plan de trabajo, ni el listado de organismos”, dijeron a LA NACION funcionarios de Casa Rosada.

La ola de disoluciones de organismos, según confirman en el Gobierno, deberá concretarse dentro de los próximos 12 meses. Ese es el plazo de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente Javier Milei para firmar esos decretos.

La delegación lo habilita a “modificar o eliminar las competencias y funciones”, sin pasar por el Congreso de la Nación. Se trata de una de las potestades que le otorgó la Ley Bases, cuya promulgación se concretó el 8 de julio. Por eso, el plazo es prioritario en la gestión.

Entre los primeros organismos a los que apuntará el Gobierno aparece el Instituto Nacional contra el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), cuyo cierre se anunció en febrero, pero todavía no se implementó. En la lista también figuran el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventud (Injuve), entre otros.

Según detallaron distintas fuentes consultadas, la idea de avanzar con los cierres va en línea con la decisión de reducir el volumen del Estado, sin pasar por el Congreso, y avanzar con el achicamiento de la cantidad de empleados de la planta pública.

Esos son los objetivos que se impuso el Gobierno desde su llegada a Balcarce 50 y que, en materia de empleados públicos, se concretó hasta hora con la caída de unos 25.000 contratos, en marzo y junio pasado.

En paralelo, en el Gobierno entienden que, en muchos casos, las funciones de algunos de esos entes u organismos “están duplicadas”.

También tienen en la mira organismos que, según la gestión libertaria, “fueron inventados por el kirchnerismo para crear cajas o ubicar militantes”. Para el ministerio de Sturzenegger esas disoluciones también apuntan a “reducir las trabas y trámites que en muchos casos esos organismos generan”. Como una parte de las modificaciones exigen que se aprueben a través de nuevas leyes del Congreso, Sturzenegger se reunió ayer durante dos horas con el titular de la Cámara baja, Martín Menem, para definir una estrategia en el Congreso.

Sturzenegger tiene en su poder una planilla de Excel donde el organigrama aparece detallado con colores, que anticipan sus objetivos.

Con los cambios en la Ley Bases quedaron fuera de alcance del Gobierno los siguientes organismos: CONICET, ANMAT, ANLIS, CNEA, CONAE, INCUCAI, INTA y SENASA, entre otros. La oposición los blindó durante el debate en el Congreso para que no puedan ser reducidos ni eliminados.

En la implementación del proyecto de disolución de los organismos también trabajan el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la titular de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.

En la estructura del Estado figuran también el Instituto Nacional de la Movilidad, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU); el Instituto Nacional del Teatro (INT); Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner; el Instituto Nacional “J. D. Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, entre otros. Aunque no fueron mencionados, algunos están en la mira de la evaluación del Gobierno.

Sturzenegger, hombre de extrema confianza del presidente Milei, asumió en su cargo tres semanas atrás. Con despacho en el primer piso de Casa Rosada, el funcionario es evaluado como posible representante del Ejecutivo en el Consejo de Mayo, el grupo con el que se buscará hacer un seguimiento a los diez puntos que contempla el Acta de Mayo, firmada el último 9 de julio en Tucumán.

Su llegada al Gabinete se esperaba desde fines de mayo pasado, cuando el Gobierno encaró una serie de cambios tras la salida del hasta entonces jefe de ministros, Nicolás Posse. Sturzenegger ingresó con rango de ministro, porque como incluso decían cerca del mandatario, “Javier lo quiere sentado en las reuniones de Gabinete”. Para el Presidente, avanzar con la desregulación del Estado es prácticamente una obsesión.

Sturzenegger es el responsable del decreto 70/2023, emitido a finales de diciembre pasado, que sigue en vigencia porque solo tiene el rechazo del Senado, pero no de la Cámara de Diputados. Partes de ese DNU quedaron judicializados, como el capítulo de la reforma laboral, tras una presentación de la CGT. El resto, está en vigencia.