En el Gobierno afirman que la polémica con las universidades está cerrada. Lo hacen a horas de lo que, todo indica, será una marcha multitudinaria en la ciudad de Buenos Aires y en numerosos puntos del país, en el marco de la discusión por el presupuesto que reciben las casas de altos estudios nacionales.

“El tema universitario está cerrado. Ya se pagó. Es una marcha política. Va hasta Kicillof”, decían anoche en la Casa Rosada. Alegaban que están depositados los fondos para el funcionamiento de las universidades con un incremento del 70%, como fue anunciado este lunes por la noche en el Ministerio de Capital Humano. Con ese incremento, se acumula un 140% dado por el Gobierno, mientras que las universidades insisten en que la diferencia pendiente ronda todavía un 160%.

En Balcarce 50 sostienen que la marcha es “funcional a la casta” e “impulsada por la vieja política”. En esa línea agregan que la presencia de la CGT y de referentes de la oposición -como el exministro de Economía y excandidato a presidente, Sergio Massa, o el senador Martín Lousteau- no hace sino ratificar cuál es la “verdadera motivación” de la marcha. “Hasta Kicillof dijo que va. Si eso no es aprovechamiento político no sé qué lo es”, dijo una importante voz del corazón libertario.

En el oficialismo sostienen que no habrá votantes libertarios en la marcha anunciada para las 17 en Plaza de Mayo, en la que se leerá un documento único. “Alguien políticamente virgen no va a esa marcha”, dijeron. “Un ciudadano normal, no va”, completaron, y definieron por “normal” a alguien que no está atravesado por la política. Insistieron, además, en relativizar el impacto que pueda llegar a tener la marcha. Pese al mensaje que buscan transmitir, desde el jueves por la noche hubo una importante cantidad de llamadas desde el Gobierno a diferentes referentes del ámbito académico en busca de desactivar la manifestación.

En la Casa Rosada dicen que hay dos temas a discutir en relación con las universidades: el financiamiento y las auditorías. A este último punto, uno de los caballitos de batalla del oficialismo en las redes, se hizo alusión en el comunicado de Capital Humano, en el que se señaló: “Este Gobierno defiende la educación pública a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino a conocer el destino y la ejecución de toda partida asignada”. Y se agregó que la Subsecretaría de Políticas universitarias continuaría “trabajando en auditar y fiscalizar todo gasto que se apruebe”.

Hacia allí apuntan todos los esfuerzos. En el Gobierno están convencidos de que las auditorías dejarán al descubierto “kioscos” propios de referentes del ámbito académico. Y así lo dejaron trascender en las redes, territorio que elijen para sus batallas. “Son autónomas y autárquicas, pero las financia el Estado. Las bancas, pero ¿no las puede controlar? Es raro”, se preguntó un hombre del Presidente.

El otro punto que está en discusión es el financiamiento de las entidades. En ese sentido sostienen que las universidades ya habrían deslizado la posibilidad de establecer que a futuro los egresados paguen por las carreras que cursaron. “Nos dijeron que es algo que está muy avanzado y el tema se va a hablar en el encuentro del 30″, dijeron en relación con la reunión que se dará entre el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el próximo martes. Así, la agenda del encuentro incluirá, tanto el financiamiento de las instituciones, como los procesos de auditoría y fiscalización de las universidades.

En el Gobierno analizan como una posibilidad un modelo de financiamiento al estilo estadounidense, con aportes de exalumnos. Pero dicen saber que la idea de ir a un esquema en el que la universidad termine siendo de algún modo arancelada no es para dar ahora, sino algún tiempo todavía algo lejano, cuando muchas de las variables que hoy son negativas, eventualmente mejoren.