El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, prepara una presentación judicial que irá en contra de los municipios y las tasas que cobran sobre la venta de combustible. Según confirmaron fuentes oficiales, utilizarán la figura de “doble imposición” y reforzará denuncias ya realizadas por cámaras de estaciones de servicio.

Una de las obsesiones del Gobierno es hacer que se noten los resultados de la estabilización. Esta semana, Caputo dijo que “tenemos que empezar a crecer para devolverle esa plata a la gente en baja de impuestos”. Si bien este capítulo no contempla la reducción puntual de un tributo, sí busca evitar el cobro de recargos que los municipios aplican en un consumo transversal a personas y empresas.

“Ya tienen todo preparado para presentar la denuncia”, describió una fuente del sector privado de diálogo frecuente con Economía y al tanto del traslado de costos que realizan las estaciones de servicio a los consumidores finales.

El argumento judicial que evalúa utilizar el equipo legal del Ministerio de Economía es el de la doble imposición. Este concepto hace alusión a la situación en la que una renta o un bien están sujetos al menos dos veces al mismo impuesto. En el caso del combustible, esta yuxtaposición tributaria se ocasiona con el impuesto a los combustibles y la tasa vial, cuyo nombre puede variar según el municipio, pero suelen acompañar al ticket de la nafta o del gasoil que imprimen las estaciones de servicio.

De acuerdo con datos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), los municipios recaudaron $1300 millones entre enero y julio a través de estas tasas, que encarecen un 2% el ticket final por la carga de combustible, en promedio.

El presidente de la Cecha, Isabelino Rodríguez, sostuvo que “los municipios por una avidez recaudatoria generan pseudotasas en las que involucran el consumo de combustibles en cuestiones que son ‘engaña pichanga’”. Explicó que las comunas aplican tasas por uso de caminos y el mantenimiento de rutas a través de algo que ya tiene un gravamen que les genera ingresos.

¿Por qué el consumo de nafta, sin tasas municipales, ya les genera ingresos a las administraciones de los intendentes? Porque, tal cual establece la Ley 23.699 de combustibles líquidos y dióxido de carbono, el impuesto que se aplica a la nafta, por ejemplo, es coparticipable entre Nación, provincias y municipios.

“Hay tasas sobre impuestos”, resumió el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Además, el jefe comunal agregó que la tasa que se cobra carece de una contraprestación clara. “En la mayoría de los casos no lo tiene y termina financiando gastos corrientes”, concluyó.

Según un relevamiento de la página “MenosImpuestos”, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, Tigre, Merlo, José C. Paz, Moreno, Ezeiza, Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown, Escobar, Pilar e Ituzaingó aplican una carga tributaria al combustible mayor al 2%.

En tanto, en los casos de La Matanza, Avellaneda, Esteban Echeverría, San Miguel, San Isidro, General San Martín, San Fernando y Malvinas Argentinas ronda entre 1% y 2%. Y por debajo de estos municipios del AMBA se encuentran Vicente López, Tres de Febrero y Morón, con una presión en este rubro menor al 1%.

Según un relevamiento que realizó LA NACION Data, en promedio, el precio del combustible puede llegar a ser 4% más caro entre distintos municipios del AMBA, dependiendo de la tasa vial que se aplique. Los puntos rojos en el mapa de la Secretaría de Energía, que refieren a las estaciones de servicio con los precios más altos, se concentran en los municipios con las mayores tasas viales.

La presentación judicial en la que trabaja el Ministerio de Economía se transformaría en la segunda medida directa en contra de los municipios que aplican tasas sobre el combustible. El 17 de septiembre pasado, el Gobierno de Javier Milei ya había dispuesto que las estaciones de servicio que cobren tasas municipales lo informen mediante un cartel en el surtidor. En ese entonces, Caputo celebró la medida y dijo: “Seguimos dando la batalla por la transparencia”.

En cada uno de los surtidores se deberá colocar en un lugar visible una calcomanía cuyos colores serán definidos por cada empresa petrolera, mientras que las bocas de expendio que no representan a marca o bandera determinada tendrán un sticker de color amarillo. Los establecimientos que no cumplan con esta medida -tienen tiempo hasta mediados de febrero para adaptar sus instalaciones- recibirán sanciones económicas o apercibimientos para las estaciones de servicio, según dispone el artículo 3 de la norma publicada otrora en Boletín Oficial.