En medio de una lluvia de versiones y nombres sobre el futuro del Poder Judicial, el Gobierno buscará esta semana dar un golpe de efecto y comenzar con el envío al Congreso, en tres tandas, de unos 140 nombres de jueces y camaristas.

Los candidatos apuntan a integrar lugares clave del fuero comercial, civil, criminal ordinario y penal económico. De todas formas, todavía no están cerradas las negociaciones con senadores y gobernadores para lograr su aprobación.

Se trata de un poco menos de la mitad de las vacantes que tiene actualmente el Poder Judicial nacional y federal. Con esta decisión, el Gobierno busca adelantarse a la críticas por las demoras en completar los casilleros, ya que estos pliegos están en manos del Poder Ejecutivo desde comienzos de año.

No son los cargos más sensibles de Comodoro Py 2002 los que están en juego, como el concurso para ocupar dos cargos en la Cámara Federal, que todavía no concluyó, o para integrar la Cámara Federal de Casación, donde hay cuatro vacantes. Tampoco para cubrir las cuatro vacantes que aparecen entre los 12 jueces federales de primera instancia. Esos no están terminados.

Los candidatos con los cuales avanzará el Gobierno provienen de los concursos de 161 ternas para cubrir cargos. El Poder Ejecutivo, es decir el presidente y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona deben enviar un postulante de esos tres al Senado para cada cargo. Allí, el candidato se aprueba por mayoría simple. Sin embargo, como el oficialismo cuenta con solo 7 senadores, el Ejecutivo tiene que negociar con opositores y gobernadores para garantizarse colocar aquellos candidatos que desee y ceder a los intereses de las provincias.

Son clave los cargos de la Cámara Federal de La Plata, de la Cámara Federal de Mendoza, de la Justicia comercial de la Capital donde está el tribunal de defensa de la competencia, y es fundamental la Cámara en lo penal Económico, que decide en los casos de contrabando y evasión. Hay allí cuatro vacantes y solo dos jueces en funciones.

También se deben elegir candidatos para juzgados civiles, criminales ordinarios y en la Cámara Nacional de Casación Penal. En esta última, a diferencia de su homóloga federal que trata asuntos de delitos como corrupción, trata de personas o narcotráfico, se deciden los delitos comunes, como homicidios, fraudes o robos. Son asuntos sensibles que hacen a la respuesta de la justicia para la seguridad ciudadana. Hoy la Cámara Nacional de Casación tiene el 50 % de sus cargos vacante.

Algunos de estos cargos ya fueron negociados en el Senado por el propio Mariano Cúneo Libarona y el viceministro Sebastián Amerio, el álter ego del asesor presidencial Santiago Caputo, que supervisa el diseño del Poder Judicial que pretende Milei.

Fuentes judiciales señalaron que se enviarán los pliegos en tandas, problemente de unos 50 por semana para que ingresen antes del final de las sesiones ordinarias en el Senado.

Este fin de semana se reunieron Amerio con Santiago Caputo para hacer el último punteo de los primeros nombres que irán al Senado. Las “sugerencias” sobre los funcionarios del Ejecutivo para la elección de un candidato vienen de la política, de los gobernadores afines, pero también de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la entidad que reúne a los jueces federales y nacionales. Allí hay tres listas; la Bordó, mayoritaria, con dos consejeros en el Consejo, la Celeste, mas cerca del peronismo y, por último, Compromiso Judicial. Estas dos últimas tienen un consejero de la magistratura cada una. En las negociaciones de los votos de los jueces en el Consejo muchas veces están en juego la posibilidad de que sus candidatos de sus listas sean los elegidos de la terna al final del proceso.

A fin de la semana pasada estalló una lluvia de versiones en torno a los pliegos que se enviarían al Senado. Circuló la posibilidad de declarar una suerte de emergencia judicial para enviar pliegos de jueces de la Corte Suprema por decreto, sin acuerdo del Senado. Y también, hasta colocar a dedo jueces federales de primera instancia en Comodoro Py.

Es conocida la audacia del Gobierno para pensar en soluciones creativas y alternativas al camino de la negociación política. Pero estas versiones, que surgieron en algunos despachos de la Casa Rosada, se dan de bruces con la propia Constitución y fueron rechazadas por fuentes oficiales del Ministerio de Justicia.

En cuanto a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como candidatos a jueces de la Corte Suprema, el gobierno dice que gozan de buena salud, pero aún no logra los 9 votos para que se firme un dictamen que se trate en el Senado y mucho menos consigue los dos tercios de los votos de los senadores.

Dicen en el Gobierno que no van a negociar esos votos para la Corte con los pliegos de los 140 jueces que envió ahora el Poder Ejecutivo al Senado. “No es proporcional una cámara con un juez de la Corte”, describen en el Poder Ejecutivo.

La estrategia es seguir conversando con el kirchnerismo. Avanzar en Diputados con un proyecto para ampliar la Corte, aprobarlo, y que la oposición firme el dictamen de los candidatos del Gobierno. Y luego si el año que viene en marzo o abril avanzar en el Senado aprobando la ampliación de la Corte y los nombres de Lijo y García Mansilla. Esta idea esa en algunos funcionarios y en los tribunales.

La velocidad de circulación de las versiones hizo que en pocas horas, el jueves pasado, trascendiera que además de los pliegos de jueces se iba a enviar a un candidato para elegir al Procurador General de la Nación. EL asunto llegó a oídos de quienes suenan como candidatos. Se entusiasmaron. Pero al atardecer del jueves ya se había descartado el asunto. “No vamos a enviar ahora el pliego del Procurador, ni siquiera creo que lleguemos a hacerlo antes de fin de año; estamos analizando los tiempos y el candidato” dijo a LA NACION un alto funcionario del Gobierno que negocia las vacantes con la oposición.

Cubierta interinamente desde 2017 por Eduardo Casal, que tomó el lugar tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, la jefatura de fiscales, es uno de los cargos centrales que aún tiene por cubrir el oficialismo. Pasaron dos gobiernos desde que Gils Carbó dimitió y por distintos motivos ninguno pudo cubrirlo. La administración libertaria está decidida a cambiar esa suerte, pero aún debe contemplar varios escenarios: nombres y apoyos, son centrales en la decisión que viene, más aún cuando a siete meses de enviados los pliegos de Lijo y García Mansilla, para la Corte Suprema, aún no pudieron siquiera pasar al recinto por no tener las firmas para el dictamen en Comisión.

Llegó a sonar como candidato a Procurador el nombre del propio Amerio, pero en Casa Rosada lo descartan de plano. No porque no les guste, todo lo contrario. Si no porque, explican, de promoverlo hacia allí les quedaría al descubierto el Ministerio de Justicia que, en la práctica, Amerio supervisa como delegado de la Casa Rosada con el titular del área, Mariano Cúneo Libarona.

“Tenemos un modelo de justicia en la cabeza para el cual el Procurador es sumamente importante”, apuntan en las altas esferas de la sede de Gobierno en referencia a lo que viene con la implementación del sistema acusatorio. “No es una figurita que estemos dispuestos a entregar si no es alguien de determinadas características”, completan en relación con las futuras negociaciones con la oposición para conseguir los votos que necesitan para la mayoría especial que demanda la aprobación de la figura del jefe de los fiscales.

“Tiene que ser alguien alineado ideológicamente”, agregan sobre la figura. En esa línea admiten que Amerio “claramente podía ser”, pero juran e insisten en que “no está en evaluación” pese a otras voces que indican lo contrario.

El otro nombre de los que circulan y en Casa Rosada admiten que les gusta su figura es el de Juan Bautista Mahiques. Tras lo que rápidamente admiten que en una eventual negociación con el kirchnerismo “un Mahiques sería una declaración de guerra”, en referencia a que su padre, Carlos, camarista de Casación Federal e Ignacio, uno de los hermanos del hoy Procurador porteño, tuvieron sendos roles claves en causas judiciales que comprometen a la expresidenta, Cristina Kirchner y su familia. Lo que obturaría los votos para la mayoría especial que se necesita.

De todos modos, y más allá de este nombre en particular, confían en poder tener “mayoría con o sin el cristinismo adentro”, por las internas en el peronismo aunque el escenario no es fácil. Eso también corre para Mariano Borinsky, otro de los que suena fuerte, pero resistido por el kirchnerismo por el inminente fallo en la causa Vialidad, en el que todo indica que se confirmará la condena a seis años contra Cristina Kirchner y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La realidad indica que los senadores con los que el oficialismo deberá negociar el pliego del jefe de los fiscales son los mismos con los que en los últimos siete meses trataron para avanzar con Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema. Quien lo hizo por parte del Gobierno y trabó buena sintonía con ellos fue Amerio, que en distintos sectores coinciden en definirlo como alguien que “entiende la realidad del Gobierno y la del Poder Judicial”, una combinación clave para lo que viene. “En estos meses los senadores fueron conociéndolo, eso suma. No es García Mansilla que se sentó y a los treinta segundos nombró a Caputo”, ironizó un hombre al tanto de lo que sucede en el Senado como en la Justicia.

“Es obvio que tiene que ser él porque es propio, pero tiene diálogo”, arriesgó una alta fuente judicial consultada. “Tiene que ser uno propio y si no lo es, basta con que sea como decía (el extécnico de la selección, Carlos) Bilardo: lo importante es no pasársela a los otros”.

Sin fecha por el momento para el envío, el Gobierno arrastra la carga de no haber podido conseguir aún el dictamen para Lijo y Mansilla. “Se preocupaban por los dos tercios y todavía no llegaron a las firmas del dictamen”, advierte un peronista escéptico con lo que vendrá pero dispuesto a dialogar por los pliego para jueces que llegarán al Senado.

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