Empleo público es una de las áreas a las que apunta la lapicera del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La novedad en esta historia es el “trampolín” que propone: ayudar a las empresas privadas que tomen a las personas afectadas por los recortes con el pago de parte o la totalidad de su salario durante un período de hasta 12 meses.

Fuentes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado confirmaron que el Ejecutivo se encuentra próximo a reglamentar el cuarto capítulo de la Ley Bases sobre empleo público. El texto de la normativa refiere a “medidas de reestructuración” devenidas por la supresión de organismos o la reducción de la planta “por encontrarse excedida”.

De esta manera, el personal afectado por esas medidas, tal cual sostiene la Ley Bases, “quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad”. Dicha instancia puede prolongarse hasta 12 meses. Durante ese tiempo, el Estado continúa como el responsable del pago del salario del empleado que tendrá un año para ser reubicado dentro de la administración pública o entablar un nuevo vínculo laboral en el sector privado.

En caso de no concretarse ninguna de esas dos posibilidades, el Estado debería indemnizar al empleado que finaliza su período de “disponibilidad”. En ese sentido, Sturzenegger aclaró: “Cuando se fusionan o se reestructuran organismos, a la gente que está bajo el régimen de disponibilidad se le protege el salario durante ese período y después se le da una indemnización”.

En paralelo, desde el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado dieron cuenta de una iniciativa que busca conectar al empleado público “en disponibilidad” con el sector privado. De hecho, informaron que “se piensa implementar” un esquema en el que el trabajador pueda derivar a una empresa privada los recursos que reciba del Estado en concepto del pago de su sueldo.

En palabras más sencillas, esto significa que el Gobierno, dado que durante el período de disponibilidad pagaría los salarios, evalúa abonarlos aún en los casos en los que el empleado haya comenzado un nuevo trabajo en una empresa privada durante un tiempo máximo de 12 meses.

Si bien esto implicaría una ayuda económica para el sector privado, en el Gobierno rechazan que dicha transferencia sea catalogada como un subsidio. A su vez, fuentes empresariales consultadas por LA NACION respondieron que esto puede ser una buena iniciativa, pero que “falta la letra chica”.

A su vez, otro eje del capítulo sobre empleo público de la Ley Bases que será reglamentado se vincula a la reubicación de trabajadores en otras áreas del Estado. Según explicaron desde el ministerio que conduce Sturzenegger hasta ahora, el Gobierno le seguía pagando el salario a un empleado que pasaba a trabajar para una provincia, un municipio o a otro poder del Estado nacional, pero “a partir de esta modificación, quienes pasen a desempeñarse en otra jurisdicción, el salario quedará a cargo de ese gobierno provincial o municipal.”

Según la última publicación del Ministerio de Economía sobre el capital humano en el Sector Público Nacional, en mayo el Poder Ejecutivo contaba con 356.534 trabajadores. En noviembre, antes de la llegada al poder de Javier Milei, esa cifra ascendía a 367.806. Es decir, se registran 11.272 bajas que representa a un 3% de la planta del Estado con la que terminó la gestión presidencial de Alberto Fernández.

De esos 11.272 empleados menos, el 90% (10.146) era personal contratado y el 10% restante (1.126) formaban parte de la planta.