El escándalo por el delito de tráfico de influencias que la Justicia le imputa a Alberto Fernández, quien habría digitado seguros en favor de dependencias oficiales a través de su histórica secretaria, María Cantero, y de la pareja de esta, el broker Héctor Martínez Sosa, inscribe nuevos y descarados párrafos en la ya larga enciclopedia de abusos de poder ejercidos por un sector de la política que se creía impune.

El viernes último, el juez que entiende en la causa, Julián Ercolini, envió órdenes de presentación a compañías de seguros que tenían las pólizas investigadas para seguir reuniendo pruebas antes de citar a Fernández a declaración indagatoria como sospechoso del delito de fraude y negociaciones incompatibles con la función pública. También está previsto que cite a Cantero y a Martínez Sosa. En total, hay una treintena de imputados en una causa de la que se conocieron muchísimos datos a partir del momento en que la Justicia ordenó secuestrar el teléfono celular de la exsecretaria presidencial.

Como en catarata, fueron apareciendo allí centenares de chats que involucran en la maniobra al expresidente y a numerosos funcionarios de su gestión al frente del Gobierno. La Justicia deberá determinar si hubo participación directa de cada uno y, en ese caso, qué grado de responsabilidad les cabe. De momento, una cosa resulta segura: la secretaria del entonces presidente y su pareja manejaban los contactos oficiales con un nivel de insolencia, oportunismo e impunidad que causa repulsión.

Sin embargo, atender solamente el contenido de los chats es mirar con un solo ojo esta sórdida historia. La Justicia investiga si esas presuntas maniobras beneficiosas para los amigos del poder fueron pergeñadas desde la génesis misma de la redacción del texto del decreto presidencial. Se analiza el hecho de que mientras un borrador de Fernández obligaba a los entes estatales a contratar pólizas con Nación Seguros sin tener que acudir a un broker, esa limitación desapareció en el decreto finalmente oficializado.

Amigo del entonces presidente, Martínez Sosa mantiene en los citados chats largas charlas con su pareja conminándola a ejercer presión sobre determinados funcionarios. La mujer conocía como nadie la agenda del jefe del Estado y tenía acceso directo no solo a los contactos dentro del Gobierno, sino que hasta le facilitaba a su pareja el acceso a la rampa de la Casa Rosada cuando, eventualmente, debía cruzarse a otra dependencia oficial para hacer alguna gestión. Tomaron la Casa Rosada como su centro de operaciones, que es como tomar el Estado en sus manos para hacer negocios personales con el dinero de los contribuyentes. Si Martínez Sosa era un gestor todoterreno, su mujer no le iba en zaga: usaba la antesala del despacho presidencial para digitar los negociados, según pruebas que constan en el expediente judicial.

Entre muchos de los nombres que salieron a la luz de esos chats figuran los del exministro y excandidato presidencial kirchnerista Sergio Massa; del exministro de Obra Pública Gabriel Katopodis; del exvicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos; del exjefe de Gabinete y excanciller Santiago Cafiero; de los exministros de Defensa, Agustín Rossi y Jorge Taiana; de los ex ministros de Desarrollo Productivo y de Seguridad, Matías Kulfas y Aníbal Fernández, respectivamente, y de Julio Vitobello, exsecretario general de la Presidencia.

En una reciente investigación publicada por LA NACION, allegados a Massa dijeron que las pólizas fueron contratadas antes de que él fuera funcionario nacional. Sin embargo, Massa aparece mencionado en los chats como presunto nexo y referencia habitual en las negociaciones de la secretaria de Alberto Fernández y de su pareja. Olmos dijo que todos sus contactos con Cantero fueron circunstanciales “de un funcionario que se quiere comunicar con el Presidente”, mientras que fuentes allegadas a Rossi intentaron justificar su inocencia al asegurar que el decreto de Fernández fue posterior a su salida de Defensa.

El entramado es tan grande y tan sospechoso que la Justicia tendrá una ardua tarea de entrecruzamiento de datos y de fechas, entre otras diligencias tendientes a dilucidar el grado de lo que ya se presume una enorme estafa y un vil aprovechamiento del poder para sacar ventajas privadas.

De ese mismo celular surgieron las fotos que probarían la denuncia de la ex primera dama, Fabiola Yañez, contra Alberto Fernández. Yañez declaró ayer por primera vez ante la Justicia sobre los graves hechos de violencia a los que la habría sometido el expresidente. Pero esa es otra historia que corre por cuerda separada, aunque el vehículo que destapó todo haya sido el celular de una secretaria sin ética ni escrúpulos.