Quien a pocos kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cultiva hortalizas recibe por la venta de sus productos menos del 20% de lo que paga quien las compra en una verdulería o un supermercado. Algo parecido ocurre con la leche: el tambero recibe por el producto una “ínfima” parte de lo que abona el consumidor final. A la luz de estos números, es fácil indignarse y, más importante todavía, calificar de “abuso” a la cuña que existe entre el productor y el consumidor final. ¿Será así?

Al respecto conversé con el norteamericano Ralph Williams Pfouts (1920-2014), quien estudió en las universidades de Kansas y de Carolina del Norte. Junto a Kenneth Joseph Arrow, fue uno de los alumnos más famosos que tuvo Harold Hotelling, a quien le editó un volumen en ensayos en su honor. Presidió la Southern Economic Association y la Atlantic Economic Association. Era amante del jazz y de los blues.

–¿Cómo caracterizaría su aporte a la profesión?

–Mis trabajos reflejan mi convencimiento de que el análisis económico tiene que fundarse sobre bases realistas. Lo cual implica que los supuestos tienen que relacionarse con la realidad, deben ser todo lo completos que sea posible y no deben estar abiertamente en contra de los hechos. La lógica que se aplique debe ser rigurosa y clara. Sobre la base de lo cual reformulé el análisis del consumo, incluyendo en la función de utilidad los salarios las horas trabajadas, el ahorro y el ingreso no pecuniario. También analicé el caso de la empresa que produce varios productos. Tuve la fortuna de trabajar con varios colaboradores creativos, entre ellos Charles Elmo Ferguson.

–En la Argentina de 2024 volvió a tener interés periodístico la comparación de los precios que tienen algunas mercaderías en otros países y en el nuestro. ¿Qué nos puede decir al respecto?

–Antes de ocuparnos de casos como el que usted menciona, me gustará hacer un comentario sobre el del precio de las hortalizas, citado al comienzo de estas líneas.

–Adelante.

–Primero los hechos; siempre primero los hechos. Como usted bien dice, existe una diferencia “descomunal” entre el precio que recibe quien cultiva tomates o lechugas y el que paga el consumidor final. La cuestión es cómo se explica la diferencia.

–Por los abusos que cometen los intermediarios.

–Puede ser, pero si esto fuera cierto, algunos seres humanos en vez de estar denunciando el caso que estamos analizando podrían beneficiarse actuando y, a través de su conducta, mejorar simultáneamente la situación, tanto de los productores como la de los consumidores.

–¿Qué tendrían que hacer?

–Comprar o alquilar una camioneta, ir hasta las quintas, comprar hortalizas y vendérselas a algún minorista o directamente al público. Si realmente la diferencia de precio se debe a los abusos de los intermediarios, no sólo se llenaría de plata, sino que, si varios intentaran hacer lo mismo, aumentaría el precio que recibirían los productores y disminuiría el que pagan los consumidores.

–Buenísimo.

–Calma. Antes de cantar victoria, acompañemos al potencial nuevo oferente en su camioneta. Por empezar, ¿le pidió factura al productor de hortalizas u opera en la economía informal? A su vez, cuando venda en la calle, ¿emitirá factura, y pagará los impuestos, o también operará en la economía informal? Dada la presión impositiva, esto no es menor; pero no es todo. Porque de repente los costos de transporte y comercialización serán en la práctica mayores a los pensados, y habrá otros gastos. El abuso está relacionado con una tasa de ganancia exorbitante y, peor aún, un comportamiento mafioso. Como ocurriría si “accidentalmente” la camioneta aparece con las cuatro cubiertas tajeadas.

–Lo mismo podría ocurrir con la comparación de precios que diferentes mercaderías tienen en algunos países.

–Exacto. ¿Encuentra una diferencia descomunal entre el precio que el producto X tiene en la Argentina y en, digamos, Nueva York? Impórtelo. Si la diferencia se debe a abusos, usted se hará rico y los consumidores locales se lo agradecerán; si deriva de costos de transporte, derechos de importación, otros impuestos, autorizaciones y trámites, apreciará en carne propia que los abusos no son los que se creían.

–Pero, entonces, ¿nada puede hacerse?

–Claro que algo puede hacerse. Revisar las trabas, los trámites, etcétera. Y también la carga impositiva, sabiendo que –dada la necesidad de generar y mantener el equilibrio fiscal– no cabe esperar milagros, al menos en el corto plazo.

–Al respecto vengo insistiendo en las últimas semanas en atacar las distorsiones internas, para que la producción local no quede indebidamente descolocada frente a la extranjera.

–Importante y de la más absoluta ortodoxia. En una monografía publicada en 1957, Kelvin John Lancaster y Richard George Lipsey modelaron el denominado “principio del segundo mejor”, según el cual una empresa se puede fundir si el tipo de cambio real se desploma, porque un país se vuelve medianamente creíble y comienzan a entrar capitales, pero no se eliminan las tasas municipales, los juicios laborales sin fundamento genuino, etcétera. Sería bueno que los partidarios de abrir la economía lo leyeran, para no transformar una buena idea en una catástrofe.

–En la lista de distorsiones internas no mencionó a los impuestos nacionales.

–Porque, como me preocupa la indebida descolocación de la producción local frente a la importada, busco elementos de diferenciación. Podemos exigirle a un productor local que elabore productos de calidad, que cumpla la palabra empeñada, etcétera, pero, ¿qué puede hacer cuando una indemnización laboral se multiplica, en pesos, por 82, durante un período en el cual los precios aumentaron, aproximadamente, 30 veces? Pues bien, en el caso de los productos importados, también pagan los impuestos nacionales.

–Queda la cuestión de la subfacturación de las importaciones.

–Efectivamente. Si los derechos de importación y otros impuestos se pagan sobre la base de lo que declara el importador que pagó, y resulta que abonó el doble de lo que está declarando, las barreras al comercio se reducen a la mitad. Por eso, en algún momento, la Aduana había establecido precios de referencia, más fáciles de determinar en el caso de algunos productos que de otros. Ignoro si esto todavía se sigue aplicando.

–Ahora que lo pienso, la cuestión también se aplica a la diferencia que existe entre el costo de la medicina prepaga y lo que declaran los médicos que cobran.

–De acuerdo, sólo que –por razones de tamaño de las empresas– no se me ocurriría sugerirle a quien muestra indignación por este caso que instale una de dichas empresas y se llene de dinero. Una cosa es comprar una camioneta y otra instalar oficinas, consultorios y quirófanos.

–Don Ralph, muchas gracias.