El reciente cruce entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) pone en el centro de la escena una disputa que, más allá del fútbol, está marcada por la ley. La IGJ suspendió las elecciones en AFA, pero la entidad, desoyendo esa orden, realizó igual una asamblea en la que reeligieron a Claudio “Chiqui” Tapia como presidente hasta 2028. Este acto fue inmediatamente declarado ineficaz por la IGJ, dejando abierta una incógnita: ¿quién tiene la última palabra, la justicia o el poder de los dirigentes?

Lo primero que debemos hacer es alejarnos de cualquier sesgo político. Aunque es difícil ignorar la tensión que existe entre las actuales autoridades de la AFA y el gobierno de Javier Milei, este conflicto debe resolverse desde lo jurídico, no desde lo ideológico.

La AFA, tras realizar las elecciones, apeló la resolución de la IGJ. Esta impugnación deberá ser resuelta por la Justicia Civil, que será la encargada de determinar si la decisión de la IGJ es válida o se revoca. Lo que dice la ley en materia recursiva es claro: una vez que se apela una resolución de este tipo, sus efectos se sostienen hasta que la Justicia diga lo contrario.

Quienes hemos estudiado interpretación de la ley, alejados de los transitorios intereses involucrados, sabemos que no debe presumirse la inconsecuencia del legislador. Solo en casos específicos, como multas o sanciones, la apelación tiene “efecto suspensivo”, es decir, la medida se “congela en sus efectos” hasta que los jueces dicten sentencia. Pero esto no se aplica automáticamente para todas las resoluciones.

Algunos intentan estirar esta interpretación, apoyándose en precedentes como el caso “Boca Juniors” en 2004, donde se discutió -también con IGJ como protagonista- la regularidad de la elección de Mauricio Macri y Pedro Pompilio.

Sin embargo, la ley no puede ser reinterpretada al antojo de los jueces o de las partes interesadas. La IGJ, como órgano administrativo, tiene la facultad de tomar decisiones que, mientras no sean revocadas judicialmente, siguen vigentes.

Esto nos lleva a la situación actual: la reelección de Tapia y el cambio de domicilio de la AFA con el objeto de migrar a la Provincia de Buenos Aires no podrán inscribirse en los registros oficiales hasta que la justicia se pronuncie. En castellano, lo que la IGJ declaró “ineficaz” se mantiene en suspenso, dejando a la AFA en una especie de limbo legal.

Es probable que, como en otras oportunidades, este conflicto pase a un segundo plano rápidamente, consumido por la vorágine mediática y los lentos tiempos de la justicia. Pero lo cierto es que este tipo de enfrentamientos no constituyen novedad. El fútbol argentino, como tantas otras instituciones, está acostumbrado a desafiar las reglas y estirar los límites de que impone la ley. Sin embargo, por más poder que exhiban sus dirigentes, solo la ley es el camino válido para resolver estas cuestiones.

No debemos olvidar en este punto y por imperio, también de la ley, que las entidades civiles tienen control estatal permanente. Por más poder que ostenten sus dirigentes, en el fútbol y en cualquier otra institución, la ley es el único árbitro que puede definir este tipo de disputas.

Abogado y Profesor Adjunto de la carrera de Abogacía de UADE