En medio de la causa que investiga a grupos piqueteros por un supuesto sistema extorsivo que tenía una estructura jerárquica de cinco niveles, el Gobierno alineó todos sus dardos contra los dirigentes implicados. Uno de los que cargó contra el comando de las agrupaciones sociales ahora eje del expediente que llevan adelante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita fue el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Te acusaban de ser la ‘derecha hambreadora’ mientras se quedaban con la comida de los pobres. Fin”, sentenció este martes el portavoz de Javier Milei, con ironía.

Te acusaban de ser la “derecha hambreadora” mientras se quedaban con la comida de los pobres. Fin.

La gestión libertaria tiene un rol activo en esta investigación. Es que los allanamientos sobre los acusados, que cobraban hasta cinco veces más que los beneficiarios rasos, y a los que se secuestró dinero y documentos supuestamente provenientes de planes sociales que recibían del Estado, surgieron a través del teléfono que el Gobierno habilitó en diciembre del año pasado para hacer denuncias.

Esa línea 134 fue la que recibió los primeros testimonios de extorsiones para participar de las marchas y que se basaban en malos manejos del plan Potenciar Trabajo. De 13.310 llamados se atendieron 2720 y 924 se transformaron en denuncias. La causa que tienen Casanello y Pollicita se centra sobre 45 testimonios que entraron en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

En pie de guerra contra los piqueteros, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue otra de las representantes de la Casa Rosada que se expresó una vez conocido el trámite judicial. “Cuando hay decisión política para terminar con los extorsionadores y liberar a la gente, las cosas se pueden hacer. Hoy es un día en el que miles y miles de ciudadanos saben que van a vivir en libertad, y no bajo el yugo de estas organizaciones, que no son organizaciones sociales; son organizaciones para que el dinero vaya a sus propios bolsillos”, aseguró la funcionaria, quien detalló que las medidas apuntaron contra dirigentes del Polo Obrero, el Movimientos Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

Ayer la Policía Federal Argentina (PFA) a cargo de Bullrich fue la encargada de los 27 allanamientos. Entre los acusados figuran: Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero; Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, que administraban comedores populares.

De acuerdo a la pesquisa, los acusados “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’”.

El Tribunal ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos de los imputados, ya que la mayoría de coacciones y extorsiones se realizaban por esos medios, así como también planillas o cuadernos de asistencia o de registro de pagos, documentación vinculada, tarjetas bancarias y comprobantes de extracción de dinero en efectivo.