MAR DEL PLATA.- Salió el sol después de las intensas lluvias del fin de semana y los tendales están cargados de ropa al costado de las casas, todas sin terminar. Algunas incluso no tienen puertas, que son las pocas vacías. Otras están cerradas, pero con bloques de ladrillo en las paredes, como una precaria e inicial terminación. Y unas pocas aparecen encaminadas: son quienes con mano de obra y recursos propios se animaron a completar la cas y entraron al barrio para quedarse.

Las casas están repartidas en cuatro manzanas que nacieron como un plan de desarrollo de servicios urbanos. Las obras se paralizaron por recursos públicos que nunca llegaron. Hoy son pura precariedad.

El cartel colocado al frente del complejo da cuenta del objetivo y de los responsables originales. No menciona casas sino un total de “64 lotes con servicios” y, además, la construcción en ese predio de un polideportivo cubierto y un playón, también para práctica deportiva, a cielo abierto. Nada de eso existe. Resalta al pie que el proyecto se encara desde el Fondo de Integración Urbana (FISU) que dependía del entonces Ministerio de Desarrollo Social y con participación de organizaciones sociales. El FISU es la herramienta fiduciaria que quedó envuelta en polémica tras descubrirse que los fondos eran administrados por dirigentes ligados a Juan Grabois y derivó en denuncias judiciales por su falta de control.

El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani denunció que por este caso se investigue por administración fraudulenta y defraudación a Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), a quien señala como gestor ante el gobierno nacional de los millonarios fondos que no se ven cristalizados en las obras comprometidas. “Sin él no puede entenderse, ni habría podido concretarse”, asegura.

“La malversación queda expuesta cuando los propios organismos alimentan lo que se pretendía modificar con los cuantiosos recursos asignados al FISU y al plan Casa Propia: barrios indignos con casas indignas”, describió el funcionario y remarca: “lo único que hace es enterrarlas (a las personas) aún más en la pobreza y en la indignidad”.

La presentación del fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal en Mar del Plata, derivó en principio, por jurisdicción y sorteo, en el juzgado a cargo de Julián Ercolini. El magistrado se consideró incompetente y envió el expediente a su colega marplatense Santiago Inchausti, que acaba de tomar idéntica posición al entender que el caso no era de su competencia. Transcurridos tres meses, la causa sigue por ahora sin juez. Ahora está otra vez en el despacho de Ercolini, a espera de destino que deberá definir la Cámara de Casación.

La recorrida por esas cuatro manzanas delimitadas por la Avenida Fortunato de la Plaza, Arana y Goiri, Camusso y Namuncurá, en las cuales se reparten estas unidades, permite confirmar que aún no cuentan con conexiones habilitadas de ninguno de los servicios. Según aseguran algunos de los habitantes del lugar contactados por LA NACION, de todas maneras han logrado montar de manera precaria una red para disponer de energía eléctrica y agua potable. “Gas por ahora no”, coinciden en aclarar, mientras se ven las terminales de conexión a la vista, en el frente de las construcciones más avanzadas.

El predio está alambrado en casi todo su perímetro. Esas calles internas están mejoradas con piedra y difíciles de transitar por las lluvias del fin de semana. Hay cuatro accesos de uso público para ingresar con vehículos. En uno de ellos está apostado un móvil policial. “Había dos, quedó uno solo”, confió un vecino y explicó que esa guardia intenta evitar nuevas tomas u ocupaciones de esas construcciones que, aún sin ventanas ni puertas, se llenaron de habitantes en muy poco tiempo.

“No había ningún registro establecido o a la vista que detallara quiénes eran los beneficiarios de esas casas”, coincidieron una pareja que ya vive allí y un vecino de la zona que se había involucrado en averiguar cómo se accedía a esas unidades.

El complejo, como ya informó LA NACION, eligió como destino estas tierras que son donación de Patricio Peralta Ramos, fundador de Mar del Plata, que un 11 de enero de 1894, hace 130 años, reservó allí una parcela de 200 por 300 metros con destino a edificios públicos. “Para escuela rural”, aclara el escrito presentado ante escribano de gobierno. En dos manzanas linderas, parte de ese aporte voluntario, ya funcionan la Escuela Primaria 50, la Secundaria 19 y el Jardín de Infantes 922.

Pettigiani marca en el camino una irregular cesión de esas tierras, que estaban administradas por la Dirección General de Culturas y Escuelas bonaerense, a la Secretaría de Integración Socio Urbana que conducía otra dirigente cercana a Grabois, Fernanda Miño. Incluso menciona episodios rayanos con la violencia vividas por una consejera escolar de General Pueyrredón, que habría sido presionada por representantes locales del MTE para que firme la entrega de esas parcelas.

La denuncia describe que se inició el desarrollo con fondos del FISU, un fondo fiduciario que tenía como objetivo central el financiamiento urbanizaciones de barrios existentes para proveerles redes de infraestructura de servicios. “El propio convenio no refiere la construcción de viviendas sino de terrenos aptos para la construcción de viviendas”, apunta el fiscal.

Considera que “fraudulentamente” se implementó allí el programa Lote. AR. Si bien siempre habló de servicios a lotes (38 de 226 m2 y 18 de 231), obra que se entiende incumplida, incorpora las construcciones de viviendas que “tampoco se finalizaron y presentan estado de abandono”.

Según surge de la denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal, se detalla que la unidad ejecutora del programa Lote. AR es el MTE Mar del Plata-Batán, a lo que suma el programa Casa Propia, con partida de casi 370 millones de pesos con ejecución “del propio SISU”, que solo debería encargarse de las obras de servicios.

“Sin él (por Grabois) no puede entenderse, ni habría podido concretarse, toda la arquitectura política que permitió el fraude expuesto, empezando por la designación de Miño al frente de la SISU”, dice el Pettigiani que le atribuye lo que el Derecho Penal entiende como “dominio del hecho”. Y puntualiza que “el otorgamiento de cuantiosos fondos públicos, la cesión ilegal de tierras y el descontrol en la ejecución de los mismos solo podrían haberse logrado por la presión generada por la organización de Grabois, usufructuando el peso político logrado en el gobierno anterior”.

No es la primera vez que la organización social que conduce Grabois protagoniza aquí esta instancia de indefinición del curso judicial de una denuncia en su contra. El año pasado ocurrió algo similar cuando el MTE tomó posesión de tierras públicas en la zona de El Marquesado, al sur del complejo turístico de Chapadmalal. La denuncia por supuesta toma de terrenos la hizo en aquella oportunidad el intendente Guillermo Montenegro. Fue radicada inicialmente en tribunales de Capital Federal, en un juzgado que por entonces subrogaba el juez Ariel Lijo. Se declaró incompetente y despachó la causa a tribunales federales marplatenses. También en aquella oportunidad el receptor, como en esta del desarrollo urbano en el barrio Fortunato de la Plaza, fue Inchausti. También entonces consideró que no había argumentos suficientes para que la causa sea de su competencia y la devolvió a Comodoro Py.