LA PLATA.- A siete años del asesinato de Johana Luján Ramallo, la Justicia se encamina a un juicio oral en el que se intentará echar luz sobre una serie de delitos conexos que habrían facilitado la comisión del crimen. Aún sin fecha definida para las audiencias y con una investigación que no ha podido hasta el momento reunir elemento alguno para determinar la autoría ni el móvil del hecho, los instructores aspiran a que en esta instancia puedan surgir nuevos datos que conduzcan a un esclarecimiento.

Ramallo tenía 23 años y ejercía la prostitución en la “zona roja” platense donde fue vista por última vez con vida en el atardecer del 26 de julio de 2017. Según los investigadores la chica vivía en un estado de gran vulnerabilidad que la había llevado a prostituirse a cambio de conseguir drogas para saciar su adicción. Para los detectives del caso, ese círculo de sometimiento determinó su destino fatal.

Partes mutiladas del cadáver de Johana fueron encontradas en las costas de Berisso a mediados de 2018. Sin embargo, el hallazgo solo se confirmó casi un año más tarde debido a una injustificada demora en realizar los cotejos de ADN. Los peritajes indicaron que los restos de la joven habían sido arrojados allí por alguien que seccionó el cuerpo ya sin vida poco tiempo después de su desaparición.

Pese a que en el caso no hay -ni hubo- ningún imputado por el hecho que terminó con la vida de Ramallo, los encargados de instruir el caso están convencidos de que “estamos ante un femicidio vinculado con la trata y explotación de personas” por lo que se ha adoptado un “abordaje con perspectiva de género” que es compartido por ongs y organismos estatales dedicados a la temática.

Así se lo plantea en los diferentes oficios judiciales que se acumulan en miles de fojas y en el pedido de elevación a juicio presentado el 11 de octubre último con la firma de Laura Roteta, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata; Mariela Labozzetta, responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM); María Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y Patricia Cisnero, fiscal federal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Para las funcionarias del Ministerio Público Fiscal en el momento de ocurrida la desaparición de Ramallo operaba en la zona roja platense “una organización criminal destinada a llevar adelante múltiples planes delictivos consistentes, principalmente, en explotar sexualmente a mujeres -previa captación y recepción como así también distribuirles, suministrarles y comercializar estupefacientes a través de ellas, como parte de los servicios sexuales que ofrecían y también para su consumo personal, generando, de este último modo y en función de su situación de vulnerabilidad, deudas que les permitían quedarse con parte de las ganancias de la explotación de las mujeres”, se indicó en el pedido de elevación a juicio.

“El aprovechamiento de las múltiples vulnerabilidades que presentaban, derivadas de la dependencia a las sustancias que les proveían, la corta edad y la precariedad de las condiciones sociales, económicas y familiares. En algunos casos, además, el accionar implicó que los imputados entablaran una relación sentimental con ellas, generando un falso vínculo de confianza para conseguir su disposición y explotarlas sexualmente”, agregaron.

Por esos delitos las fiscales imputaron a Carlos “Cabezon” Rodriguez ; Carlos Alberto Espinoza Linares, alias “Carlitos” o “El Peruano”; Mirko Alejandro Galarza Senio; Hernán D’ Uva Razzari, Hernán Rubén García; Celia Andreza Benítez, “La Misionera”; Paola Erika Garraza, “Tormenta”; y Celia Noemí Giménez, “La Negra”. Originalmente también estaba procesado Jimmy Oswaldo Alvarado Montes quien, sin embargo, falleció tiempo atrás. Según el planteo de las representantes del Ministerio Publico todos ellos integraban una asociación ilícita “dedicada a la venta de drogas y a la trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de mujeres que se encontraban en situación de prostitución callejera, entre ellas, Johana Ramallo”.

Hoy el expediente se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata, integrado por los jueces Germán Castelli, Nélson Javier Jarazo y José Antonio Michilin que ahora deben definir la fecha para llevar adelante las audiencias del juicio oral para el tramo en el que se escrutará el contexto en el que se produjo la muerte de Johana.

La investigación del caso arrancó en la justicia provincial el 27 de julio de 2017 -al día siguiente de la desaparición- cuando, Marta Ramallo, madre de Johana, radicó la denuncia en la comisaría N° 16 de Villa Ponsati. Inicialmente, la causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N° 2, conducida por la fiscal Betina Lacki con intervención de la titular del Juzgado de Garantías N° 5 Marcela Garmendia. En esa instancia el expediente fue encuadrado bajó la carátula de “averiguación de paradero”, como aquellos en lo que se persigue dar con una persona extraviada.

A casi dos meses de la desaparición de la joven los abogados que asistian a la familia pidieron la intervencion de la justicia federal y el encuadramiento del caso como un hecho de trata de personas con fines de explotacion sexual. Así, en los primeros días de octubre de 2017, tras la inhibición de la justicia provincial, el expediente llegó al juzgado Juzgado Federal N° 1 de La Plata, por entonces subrogado por el juez Ernesto Kreplak. El expediente N° 76789/2017 fue caratulado “N.N. S/ Infracción ley 26.364″. Kreplak armó un equipo especial y convocó a la Protex, además de separar del caso a la policía bonaerense. Desde el gobierno provincial tomaron intervención, entre otras áreas, el por entonces Consejo Provincial de las Mujeres, la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia.

Siguió un período en el que el caso quedó en manos del juez Adolfo Ziulu sin que se conociera avance alguno. En 2021, la designación de Alejo Ramos Padilla al frente del juzgado federal N°1 pareció imprimirle a la investigación nuevos bríos. Tras ordenar una auditoria sobre la causa el magistrado dijo haber detectado deficiencias en la pesquisa que, apuntó, no tenía imputados y ni siquiera una hipótesis firme.

Desde un primer momento Marta Ramallo dijo estar convencida de que en la desaparición de su hija intervinieron proxenetas que operan u operaban en la zona roja con la complicidad entre miembros de la policía bonaerense. Casi con una vinculación temporalmente directa y obscena, apenas enfocó sus denuncias hacia los uniformados, Marta recibió amenazas y su casa fue tiroteada. Fuentes judiciales aseguraron a LA NACION que nunca existieron en el expediente imputaciones directas hacia ningún uniformado.

El caso de Johana Ramallo fue convertido en un emblema de lucha por diversos colectivos en defensa de los derechos humanos, grupos feministas y colectivos que trabajan con la problemática de la trata. Cientos de activistas participaron cada mes, durante estos años, en la exigencia por esclarecimiento y condena a los responsables.

“Nosotros seguimos luchando por la memoria, la verdad y la justicia y por un Estado que tiene que acompañarnos antes de que ocurran las cosas”, señaló Marta Ramallo días atrás durante una actividad en solidaridad con la familia del joven desaparecido Tehuel de la Torre, cuyo juicio se está llevando a cabo en esta ciudad.

A la espera de la fecha para llevar adelante las audiencias públicas, familiares y allegados se reunirán este viernes frente al edificio en que funcionan los tribunales federales en esta capital para realizar una jornada en reclamo de “Justicia para Johana”.