El siguiente editorial fue publicado por el diario The New York Times tras la decisión de la Corte Suprema que le da inmunidad parcial a los presidente de Estados Unidos frente a la Justicia.

NUEVA YORK.- Ayer a la mañana, un impactante gran final antes de la feria judicial, la Corte Suprema le hizo un regalo de valor inestimable a Donald Trump y a todos los futuros presidente que quieran violar la ley y su juramento a la Constitución. Con un fallo dividido 6 a 3, la mayoría conservadora del máximo tribunal dijo que los actos oficiales que son centrales al cargo de presidente tienen “inmunidad absoluta” de procesamiento. La Corte también dijo que otros actos, incluso los que están en los márgenes exteriores de los deberes presidenciales, gozan de “inmunidad presuntiva”, lo que dificulta mucho más llegar a un procesamiento.

El efecto inmediato de la decisión -una de las más trascendentes jamás emanadas de la Corte sobre el tema de las potestades presidenciales y el sistema de gobierno- es una demora indefinida del procesamiento de Trump por su intento de dar vuelta el resultado de las elecciones de 2020. Ahora, casi con certeza las elecciones de noviembre se celebrarán sin que nadie haya respondido legalmente por aquellos hechos. Pero el peligro que implica a largo plazo para la Constitución y el Estado norteamericanos es todavía más grave, especialmente dada la posibilidad concreta de que Trump, cuya reciente condena penal en Nueva York es apenas la muestra más reciente de su desprecio por los límites legales, dentro de un par de meses vuelva a ocupar la presidencia.

En cuanto al fallo del lunes, puede decirse que el principio basal de que nadie está por encima de la ley fue puesto a un costado. La misma semana en que la nación celebra su nacimiento, la Corte socava la razón de ser de la Revolución de las Trece Colonias, al otorgarle a los presidentes lo que en disidencia uno de los jueces llamó “una zona liberada” para actuar, dando así un paso hacia la restauración de la monarquía que la Declaración de Independencia abolió. Los presidentes todavía podrán ser sometidos a juicio político por sus delitos en el cargo, pero a partir de ahora cuesta imaginar que la Justicia pueda procesarlos. Pueden hacer cualquier cosa antes inimaginable, como alentar una insurrección en el Capitolio norteamericano, sin temor a poder ir presos o a ser encontrados legalmente responsables.

Como dice el virulento dictamen en disidencia redactado por la jueza Sonia Sotomayor junto a los otros dos jueces liberales del máximo tribunal, el fallo de la Corte crea una serie de “escenario pesadillescos” en cuanto a lo que un presidente puede hacer a partir de ahora. “¿Le ordena al comando Seal 6 de la Marina que asesine a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para mantenerse en el poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune.”

Y agregó: “La relación entre el presidente y la gente a la que sirve se ha revertido irremediablemente. En cada uso del poder de su cargo, el presidente ahora es un rey que está por encima de la ley.”

El fallo, redactado por el presidente del máximo tribunal, John Roberts, agrava significativamente lo que está en juego en las próximas elecciones. No sólo deja en claro la importancia del nombramiento de los jueces para la Corte Suprema -los tres nominados de Trump votaron a favor de darle la inmunidad que buscaba-, sino que también le da carta blanca a Trump para actuar en un eventual segundo mandato con aún más contundencia que en el primero. El presidente de la Corte dijo explícitamente que el discurso y los tuits de Trump del 6 de enero de 2021, donde instaba a sus partidarios a ir al Capitolio e interrumpir la certificación de la elección, bien podrían considerarse un uso estándar del “púlpito presidencial”. La Corte le reenvió la causa al tribunal de distrito para tomar decisiones fácticas y procesales, algo que incluidas las apelaciones, tardará meses, si no más.

Y sin embargo, sabemos que el discurso y los tuits de Trump condujeron a una violenta insurrección. Ahora que Trump sabe que puede salirse con la suya, ¿cuánto peor serían las cosas en un segundo mandato? El peligro más acuciante es su posible abuso del sistema legal, porque como sugiere el dictamen en disidencia, si cada conversación entre el presidente y el Departamento de Justicia se considera un acto oficial inmune, la cantidad de actividades ilegales que podrían planearse no tiene límites, incluida la fabricación de pruebas.

¿Qué no cuenta como “acto oficial”? Los magistrados por la mayoría no lo dijeron, pero cuesta pensar en algún principio rector claro, tal vez porque no encontraron ninguno…

Antes de esta decisión, los presidentes no tenían inmunidad penal: aunque los redactores de la Constitución le concedieron una forma de ese privilegio a los miembros del Congreso, se negaron a dárselo al jefe del Ejecutivo. Para esa mayoría conservadora de la Corte que se pretende defensora de los precedentes históricos, la norma recién creada es notable por su falta de sustento constitucional, legal o de cualquier precedente de la propia Corte. Salió de la nada.

Ese producto de la invención de la mayoría va en contra de toda noción de un gobierno basado en el Estado de derecho. También va en contra de la histórica modo de entender la exposición de un presidente a un proceso penal, independientemente de si sus actos eran considerados “oficiales”. Como señaló la jueza Sotomayor, ¿por qué habría aceptado Richard Nixon un indulto por su papel en el escándalo de Watergate si no fuera porque todos entendían que de lo contrario podía ser procesado por sus acciones?

Esa misma noción es la que primó en 2021 durante el segundo juicio político a Trump, cuando sus abogados insistieron ante los senadores en que absolver a Trump por sus acciones relacionadas con los hechos del 6 de enero no lo dejaría “de ninguna manera por encima de la ley”. Y ahí mismo reconocieron que un expresidente “es como cualquier otro ciudadano y puede ser juzgado en un tribunal de justicia”.

Ya no. En palabras del juez Ketanji Brown Jackson, “esto es un incendio de cinco alarmas que amenaza con consumir el autogobierno democrático y el normal funcionamiento del Estado.”

Roberts, presidente del Tribunal Supremo, intentó desestimar la preocupación por las implicaciones del fallo diciendo que “el presidente no disfruta de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace es oficial. El presidente no está por encima de la ley.”

Pero el tema en discusión nunca fueron los actos no oficiales, como los discursos de campaña. Hasta los abogados de Trump admitieron que él no era inmune al procesamiento por sus acciones no oficiales. El problema es que el alcance de lo “oficial”, según este tribunal, es indefinible. Los jueces por la mayoría se negaron a tipificar cualquiera de las acciones de Trump como claramente no oficiales, incluso las acciones que los propios abogados de Trump reconocieron como no oficiales, como conspirar para organizar listas fraudulentas de electores.

“Los tribunales han hablado”, dijo Trump tras conocerse el fallo. Como siempre, los únicos resultados emanados del Estado norteamericano cuya legalidad Trump reconoce son los que lo favorecen personalmente. Y esa es la postura que ha prometido mantener con los resultados de las elecciones de 2024. Si pierde, ya dijo que acusará al sistema de fraude. Si gana, recogerá el regalo que le hizo la Corte el lunes y actuará en consecuencia. Y sin duda alguna el país terminará peor.

Traducción de Jaime Arrambide