Las expectativas fueron en vano. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, arribó esta tarde a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados con las manos vacías y ningún anuncio de aumento presupuestario inminente para las universidades. Torrendell se limitó a ratificar que este mes se aplicará una nueva suba del 70% sobre los gastos de funcionamiento, la segunda en tres meses. Una oferta con gusto a poco para los legisladores y rectores allí reunidos.

“Señores diputados, dependemos que ustedes sancionen una ley que nos dé previsión presupuestaria de aquí a fin de año. Estamos en una situación de emergencia”, clamaron los rectores presentes en la comisión una vez que Torrendell se retiró. El funcionario había sido categórico al admitir que su cartera no está en condiciones de trazar un horizonte de previsibilidad presupuestaria para lo que queda del año –como reclaman las universidades- y que el Gobierno solo otorgará aumentos a cuentagotas.

“Estamos progresivamente aumentando el presupuesto, no de la forma deseada, pero sí de la forma posible y responsable”, aseguró Torrendell frente a los legisladores. “Entiendan que llevamos cinco meses de un Gobierno que está enfrentando de forma novedosa toda esta situación”, agregó.

Los argumentos del funcionario no convencieron al arco opositor, decidido a avanzar en un dictamen que establezca una ampliación presupuestaria para lo que resta del año si el Poder Ejecutivo sigue sin reaccionar. El ala opositora más dura buscará apurar el dictamen la semana próxima; la bancada de Pro, con el presidente de la Comisión de Educación Alejandro Finnochiaro a la cabeza, quiere postergar una definición para después de la firma del Pacto de Mayo entre el presidente Javier Milei y los gobernadores.

Los rectores universitarios advirtieron que la situación de emergencia que padecen las casas de altos estudios no puede esperar tanto. En los primeros cinco meses las universidades ya agotaron sus respectivos presupuestos anuales para cubrir los gastos corrientes. El impacto de la inflación –que el mes pasado trepó al 290% interanual- licuó las partidas y dejó a la educación superior al borde de la parálisis.

“Esta situación no da para más. Tenemos que dictaminar de inmediato –planteó el diputado Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria-. Quienes pretenden demorar incurren en una maniobra de dilación inaceptable. Si el Gobierno no reacciona, los responsables de otorgar la previsibilidad presupuestaria que reclaman los rectores somos nosotros con nuestras facultades constitucionales.”

La réplica no tardó en llegar desde el bloque libertario. “Entiendo la urgencia, pero cuando hablamos de previsibilidad debemos ser honestos a la hora de reclamarla ya que en años anteriores nadie hizo ese planteo –contestó el diputado Nicolás Mayoraz-. La autonomía universitaria no debe ser un coto sagrado sobre el cual no se rinden cuentas. Es legítimo que se estudie el financiamiento, pero también es legítimo el reclamo de la ciudadanía sobre cómo se gastan esos gastos públicos”.

El secretario Torrendell intentó convencer con cifras de que el Gobierno no tiene intención de desfinanciar a las universidades. “El presupuesto reconducido del 2023 a 2024 es de 1,4 billones para este año. Con lo que se ha aumentado hasta ahora, si se congelara todo, el gasto con las universidades llega a 2,5 billones. Nosotros vamos a seguir ampliando los salarios y los gastos de funcionamiento”, insistió el funcionario, quien aventuró que a partir del segundo semestre se buscará avanzar en las obras de infraestructura ya iniciadas.

Escépticos, los rectores insistieron en advertir sobre la situación de emergencia que atraviesa la comunidad universitaria. Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas, advirtió que el nosocomio “está funcionando al 30%” ya que solo se atienden prácticas oncológicas, infecciones y fracturas.

“Atendemos a 400.000 pacientes por año, la mayoría sin cobertura –señaló- Tenemos que hacer frente a una inflación del 300% que, en los productos médicos, es del 1000%. El hospital no puede entrar en un modo de no usar los ascensores o la calefacción porque hay 400 pacientes internados”.

Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), no disimuló su fastidio ante la falta de reacción del Gobierno. “En lugar de dialogar recurre a discursos distractivos, como el del adoctrinamiento y la falta de auditorías en las universidades. Durante cinco meses debimos demostrar que no podíamos siquiera pagar la luz” reprochó, e instó a los legisladores a que tomen cartas en el asunto.