A más de un mes de la controvertida visita de seis diputados libertarios al penal de Ezeiza, donde se entrevistaron con represores condenados por delitos de lesa humanidad, oficialistas y opositores coincidieron en que el episodio debe ser investigado, aunque todavía no logran resolver en qué ámbito debería realizarse y si, en definitiva, a los diputados involucrados les debe caber alguna sanción.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato, recibió esta tarde a media decena de organismos de Derechos Humanos que, de manera unánime, reclamaron la urgente creación de una comisión investigadora ad hoc y que los seis libertarios reciban la máxima sanción. Los legisladores aceptaron que el hecho se investigue, aunque todavía no tienen claro si esa tarea debería recaer en una comisión especial por crearse o en un plenario de las comisiones de Peticiones y Asuntos Constitucionales, esta última con amplias atribuciones reglamentarias para dictaminar si corresponde impartir una sanción ante una eventual inconducta de un miembro de la Cámara.

Oficialistas y opositores esperan resolver esta cuestión la semana próxima, por lo que la investigación propiamente dicha del episodio todavía no tiene fecha de arranque. De todas maneras, los diputados de Unión por la Patria, que desde el principio reclamaron que los seis libertarios sean investigados y juzgados por sus pares, sostienen que se avanzó un paso importante.

“Cuando se conoció el episodio sobre la visita a los represores a Ezeiza no todos los bloques estaban convencidos en la necesidad de investigar. Nosotros lo planteamos al principio y no tuvimos eco. Después fueron apareciendo hechos que empeoraron el cuadro: ahora nadie quiere bancarse el costo político de no investigar”, confían en el bloque que conduce Germán Martínez.

Los “hechos que empeoraron el cuadro” al que hacen alusión en el bloque kirchnerista se relacionan con las últimas y explosivas declaraciones de la diputada Lourdes Arrieta, una de las participantes de la excursión a Ezeiza. La mendocina, que ayer pegó un portazo del bloque de La Libertad Avanza –previo a que la expulsen de su seno-, denunció que un grupo de diputados libertarios pretendían impulsar un proyecto para beneficiar a los represores detenidos, sea con la prisión domiciliaria o un indulto. Asimismo, responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por haber facilitado los medios para realizar la visita al penal y enfatizó que todos en el bloque estaban al tanto.

Ante la escalada del escándalo, oficialistas y oposición acordaron investigar el hecho. El diputado Juan Brugge (Encuentro Federal) propuso circunscribirlo a dos cuestiones concretas: primero, la visita a Ezeiza en sí misma y las sospechas de que desde el Ministerio de Seguridad se habría facilitado el acceso irregular de los diputados al penal. Segundo, si esto configura una inconducta y qué sanción eventualmente cabría. Propuso que sea el plenario de las comisiones de Peticiones y Asuntos Constitucionales las que se aboquen a esta tarea, moción que fue aceptada por el resto de las bancadas.

La diputada Lospennato adelantó que en la próxima reunión –que llevarán adelante las comisiones de Peticiones y de Asuntos Constitucionales- no se discutirá sobre el episodio propiamente dicho, qué inconducta es la que debería juzgarse y, eventualmente, qué tipo de sanción impartir.

“Va a ser una discusión enriquecedora porque vamos a sentar precedentes importantes: en esta cámara se han usado facultades disciplinarias para expulsar a un legislador por manifestaciones políticas contra un presidente (aludió a Ricardo Balbín). Esto en una democracia madura no puede suceder. No podemos darle a las mayorías circunstanciales herramientas para expulsar a quienes tienen representación popular”, sostuvo Lospennato.

Todo indica que, a la postre, no se conformará una comisión especial investigadora del hecho como pretendían los organismos de Derechos Humanos, que reclamaron la expulsión de los legisladores involucrados.

“Son una lacra, traicionan al pueblo argentino”, fustigó Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. En representación de Estela de Carlotto, presidenta de, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el abogado y nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit, también reclamó que se sancione a los legisladores libertarios.

“Resulta doloroso que haya legisladores nieguen la verdad histórica y que conspiren a espaldas de la sociedad para otorgar impunidad a quienes tienen tanta información sobre el destino de nuestros desaparecidos, de nuestros nietos y nietas –sostuvo-. La visita de estos seis diputados oficialistas a los represores no puede quedar en el olvido, deben ser sancionados por sus pares para que el negacionismo no avance en la Argentina”