El ministro de Defensa, Luis Petri, dijo que mantiene “una relación muy buena” con la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero marcó diferencias en las funciones de cada uno. “Ella tiene una agenda vinculada a los temas de defensa y de seguridad. Pero el ministro de Defensa soy yo y la ministra de Seguridad es Patricia Bullrich”, dijo Petri, en el cierre de su exposición en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.

La referencia a la vicepresidenta fue en respuesta a la pregunta final que le transmitió en un cuestionario abierto la periodista Clara Mariño, luego de su exposición, en el encuentro que se desarrolló 0primer piso del hotel Libertador.

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No es la primera vez que surgen diferencias entre ambos dirigentes de La Libertad Avanza. Al margen de los desencuentros de la vicepresidenta con la Casa Rosada, Villarruel expuso posiciones contrapuestas con el ministro de Defensa respecto de la participación de los militares en la lucha contra el narcotráfico, por temor a repetir un escenario como el de la violencia de los años 70.

La nueva señal de enfriamiento se produce luego de la reivindicación que la vicepresidenta hizo de su antecesora y expresidenta María Estela Martínez de Perón, a quien visitó en su reciente viaje a España y le tributó un homenaje en el Senado. El propio Javier Milei tomó distancia de ese reconocimiento, al declarar públicamente: “Yo no lo hubiera hecho”.

Petri confrontó, además, con la política para las Fuerzas Armadas que imperó durante los gobiernos kirchneristas. Y aludió al exjefe militar César Milani, al referirse a “ese Ejército nacional y popular que supo describir algún general trasnochado del Ejército Argentino”.

Al exponer sobre el estado actual de las Fuerzas Armadas en el encuentro del Rotary Club, que preside Jorge González Zuelgaray, el ministro de Defensa ratificó la decisión de ampliar la presencia en la frontera norte, mediante el envío de efectivos. “Es imprescindible que las Fuerzas Armadas ejerzan tareas de control y vigilancia en zonas de seguridad de frontera”, insistió Petri. Rescató, en ese sentido, el proyecto enviado al Congreso para favorecer la participación de efectivos en operaciones de seguridad interior, con mayores atribuciones que las tareas de apoyo logístico que hoy realizan en Rosario, junto a las fuerzas de seguridad.

En cuanto a los reclamos por la situación de los militares presos por delitos de lesa humanidad, en procesos judiciales que se extienden desde hace varios años -un asunto sensible en la agenda de Villarruel-, Petri sostuvo que es un tema que debe resolver la Justicia. “Hay precedentes judiciales que establecen la necesidad de que estos casos se resuelvan en plazos razonables”, expresó, al sostener que eso lo tienen que determinar los jueces y no el Ministerio de justicia.

“El mundo sufre constantemente atentados o amenazas terroristas y la Argentina tiene que estar preparada para repeler o eventualmente disuadir a aquellos Estados que utilizan como proxys a organizaciones terroristas para que actúen como brazos armados atemorizando a la población”, sentenció Petri en su exposición.

Esa premisa lo lleva a sostener la reforma del decreto 727/2006, que durante la presidencia de Néstor Kirchner vulneró el espíritu de la ley de defensa nacional, al condicionar la participación de las Fuerzas Armadas en casos de agresiones externas a que el ataque sea organizado por fuerzas de un Estado. La semana pasada, Petri anticipó que se trabaja para modificar esa norma y retornar a la concepción original de la ley de defensa.

“La Argentina necesita reforzar el control y la vigilancia de nuestras fronteras con las Fuerzas Armadas. En primer lugar, por requerimiento de las fuerzas de seguridad. Segundo, en las zonas donde hoy la Gendarmería no está presente, en una tarea complementaria. Y, en tercer lugar, en colaboración con los gobiernos de los países limítrofes, como Paraguay”, explicó el responsable de la política militar, que la semana pasada encabezó en Mendoza la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.

Recurrió, además, a la experiencia de los países vecinos. “Todos los gobiernos de la región, desde Gabriel Boric en Chile, y Lula en Brasil, hasta Luis Lacalle Pou en Uruguay, desplazan a sus fuerzas armadas hacia zonas de frontera. El único país que no lo hace es la Argentna”, sentenció.

Petri apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández, al señalar que al concluir su gestión, en diciembre de 2023, hacía tres meses que los soldados del Ejército no recibían alimentos. “Tuvieron que reducir las guardias, para que comieran en sus casas, o se llevaran tuppers. Hoy los 20.000 soldados del Ejécito comen todos los días en los regimientos y guarniciones del país”, reivindicó. En u sentido similar, prometió que se afianzará la revalorización de los liceos militares, que fueron “degradados en la gestión anterior”.

A la hora de las preguntas, Clara Mariño le trasladó al ministro inquietudes de los presentes, entre ellas la fuerte preocupación por la situación de muchas familias de militares que se encuentran bajo la línea de pobreza. Petri rescató una reciente recomposición salarial del 5%, que consideró “histórica”. Una reparación que en sectores castrenses consideran insuficiente y que no contribuye a reducir en forma efectiva las diferencias salariales con los agentes de las fuerzas de seguridad.