El derrumbe catastrófico del edificio de diez pisos de Villa Gesell se suma a una profusa estadística de casos de diversa gravedad ocurridos en nuestro país. Deben lamentarse muchas pérdidas humanas además de las pecuniarias. La reiteración de estos accidentes interpela al arte del buen construir, que no parece encontrar una forma de evitarlos o al menos prevenirlos.

No estamos haciendo referencia a las catástrofes debidas a eventos extremos, sean naturales o producidos por el hombre como sismos, tifones, incendios, atentados, guerras o inundaciones. No es ese el caso de Villa Gesell y de tantos otros que nos preocupan.

Los peritajes sobre derrumbes ocurridos demuestran fallas claramente identificables que hubieran podido evitarse o corregirse. Las hay atribuibles a errores o negligencias profesionales como los errores de diseño o calculo estructural, la utilización de materiales inapropiados o defectuosos, las fallas constructivas, la insuficiencia o ausencia de estudios geotécnicos, la modificación de elementos estructurales sin análisis previos, el deterioro químico o por fatiga de materiales o la insuficiencia de apuntalamiento. Hay también causas provenientes de un mal uso, como son las sobrecargas adicionales cuando un edificio cambia de destino. Sin embargo, tanto en este caso como en los ocasionados por fenómenos naturales, la ingeniería puede prevenirlos cuando su ocurrencia histórica permite estimar la probabilidad y magnitud de su repetición y así considerarla en los proyectos.

Las asociaciones profesionales, los centros de investigación y las academias de ingeniería y arquitectura del mundo se han preocupado por encontrar la forma de evitar las fallas en las construcciones. En Alemania está instituida la figura del ingeniero revisor, cuya tarea es verificar los diseños y cálculos estructurales. Su aprobación es necesaria para autorizar la construcción de obras civiles, sean edificios, puentes, túneles o excavaciones. En otros países como Estados Unidos, los ingenieros profesionales solo son habilitados para proyectar o dirigir ese tipo de obras si rinden periódicamente un examen para confirmar su excelencia y su actualización. En la Argentina se exige la matriculación para poder firmar planos. El Consejo Profesional de Ingeniería Civil y sus símiles provinciales administran la matrícula que se otorga con la sola condición del título expedido por una universidad reconocida. Disponen de tribunales de ética que actúan en reacción a denuncias de mal comportamiento o mala praxis, pero poco pueden hacer si no son judicialmente convalidadas. Pueden suspender o retirar la matrícula, pero la realidad demuestra que ello ha ocurrido muy excepcionalmente y en todo caso la medida se aplica ex post facto. Al no examinar a los profesionales y revisar técnicamente los proyectos, no están en condiciones de prevenir.

El Instituto de Construcciones y Estructuras de la Academia Nacional de Ingeniería ha sumado a otras instituciones de la ingeniería y arquitectura en pos de la instauración del ingeniero revisor de proyectos. La propuesta incluye la categorización de los revisores basada en las calificaciones y la experiencia del seleccionado. Se ha recomendado enfáticamente que se realicen evaluaciones periódicas y se registre la experiencia en trabajos similares a los que deben revisar. Estas regulaciones deben entenderse como justificables por tratarse de profesionales que ponen en juego vidas humanas. En otros campos en los que la seguridad de las personas está en juego, como en el transporte ferroviario o aéreo, se exigen exámenes periódicos a maquinistas y pilotos. La sociedad no admitiría que en un vuelo comercial de pasajeros no hubiera copiloto y que ambos no tuvieran actualizada su licencia.

El derrumbe de Villa Gesell vuelve a llamar cruelmente la atención sobre el problema y exige actuar sobre una mejor prevención de errores profesionales que ocasionan tanto daño y dolor.