El 7 de marzo de 2024, la Cámara de Representantes dio luz verde a la denominada Ley Laken Riley. Esta legislación establece medidas más estrictas en torno a la detención y deportación de los inmigrantes implicados en delitos relacionados con el robo y el hurto, entre otras irregularidades. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tendrá la obligación de actuar de manera inmediata frente a casos que involucren ciudadanos no estadounidenses bajo estas circunstancias.

Obligaciones del DHS según la nueva ley

De acuerdo a la legislación, con esta normativa, el DHS deberá detener a cualquier persona que cumpla con las siguientes condiciones:

Estar de manera irregular en territorio estadounidense o carecer de los documentos requeridos al momento de su ingreso.Haber sido arrestada, acusada, condenada o admitir haber participado en hechos que incluyan elementos esenciales de delitos como robo, hurto o hurto en tiendas.Nuevas facultades para los estados

La Ley Laken Riley también otorga a los gobiernos estatales la posibilidad de presentar demandas contra el gobierno federal si así lo desean. Estas acciones pueden ser efectuadas en los siguientes casos:

Liberación de un migrante bajo custodia federal.Falta de cumplimiento en las inspecciones a personas que solicitan admisión, incluyendo las entrevistas para asilo.Omisiones relacionadas con la suspensión de visas a ciudadanos de países que retrasan o niegan la aceptación de sus nacionales deportados.Violaciones a los límites establecidos para la libertad condicional de inmigrantes, particularmente si esta no se realiza caso por caso.Negligencia al no detener a individuos con órdenes de expulsión.Impacto financiero y medidas legales

El texto especifica que los estados podrán exigir medidas cautelares si consideran que decisiones o fallos del gobierno federal causaron daños significativos a sus habitantes, como pueden ser pérdidas económicas superiores a US$100. Con este apartado se busca responsabilizar al gobierno federal por fallas en la aplicación de las leyes migratorias.

La aprobación de esta ley generó opiniones divididas. Mientras algunos sectores la consideran un avance para fortalecer la seguridad, otros la ven como una medida que podría exacerbar las tensiones en las comunidades migrantes. Además, se plantea cómo las nuevas obligaciones podrán ser implementadas sin colapsar los recursos del DHS.

A medida que esta ley entre en vigor, será clave observar sus efectos en la política migratoria, el sistema judicial y las relaciones entre el gobierno federal y los estados. La Ley Laken Riley promete ser un punto de inflexión en el tratamiento legal de los migrantes en Estados Unidos.