Con la presencia de representantes de entidades ruralistas bonaerenses, se presentó un proyecto de ley de creación de Unidades Fiscales de Investigación y Juicio, especializadas en delitos rurales y delitos conexos en el ámbito del Ministerio Público.

Se trata de una iniciativa que promovió la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, pero que cuenta con el respaldo de diputados de distintos espacios legislativos, quienes acompañaron el proyecto con su firma.

“Ante el incremento de los delitos rurales, urge brindar soluciones institucionales que ayuden a hacer más eficiente la sanción y prevención. La especificidad de este delito requiere de un abordaje especializado”, expresó Vaccarezza en la presentación, a la que asistieron Horacio Salaverri, de Carbap; Enzo Santilli, de Coninagro y; Claudio Angeleri, de Federación Agraria Argentina (FAA), entre otros referentes y productores.

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En ese sentido, la legisladora manifestó que, “mediante este proyecto de ley se busca dotar a la Justicia de las herramientas necesarias para abordar este delito con la complejidad que amerita”.

La iniciativa busca que un Agente Fiscal se especialice en estos delitos y pueda ser la persona que reciba las denuncias y esté a cargo de la investigación penal preparatoria. Asimismo, se fija que la implementación de las Unidades Fiscales se efectuará en forma gradual en los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, en orden a los índices de conflictividad y litigiosidad de cada departamento judicial.

Por último, se determina que el Ministerio Público podrá transformar una Fiscalía ordinaria de las ya existentes en el departamento judicial que lo amerite, abocándola a las tareas específicas de la presente ley.

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Entre los fundamentos de la iniciativa figura la creciente cantidad de acontecimientos que se vienen sucediendo en distintos puntos de la provincia de los denominados “delitos rurales”.

“Esto nos pone de manifiesto la necesidad de generar una respuesta institucional y adaptar el entramado organizacional y judicial provincial para lograr una mayor eficacia en la función pública de prevenir y sancionar la realización de estos tipos de acciones”, dice el proyecto.

“En este sentido es que debemos resaltar que crear una Unidad Fiscal de Investigación y Juicio, especializada en delitos rurales y delitos conexos, tiene origen en el reconocimiento que no es similar el delito cometido y desarrollado en de ámbito urbano que el cometido en el ámbito rural. Este presenta otras características que lo hacen específico, con particularidades y elementos propios. Por ello se debe atender en forma diferencial a través de una Unidad Fiscal Especializada en Delitos Rurales, como existen con otro tipo de conductas típicas, que lleve adelante las investigaciones o pesquisas en ese ámbito”, explica la iniciativa.

Según se describe en el proyecto, los actos cometidos en las zonas rurales van desde el abigeato, las destrucciones de maquinaria e instalaciones agropecuarias, el desmantelamiento o “robo hormiga” de establecimientos sin actividad cotidiana, los asaltos, usurpaciones, hurtos y robos sobre las propiedades de las familias rurales.

“Esta problemática viene acrecentándose desde hace años y cada vez con mayor frecuencia, agravándose las situaciones de inseguridad que sufren los productores agropecuarios a lo largo y ancho de nuestra provincia. Según datos del Departamento de Estadísticas de la Procuración General, la cantidad de investigaciones penales preparatorias iniciadas en el 2022, con fecha de corte a enero 2023 registran un total de 924.492 IPP (estas incluyen IPP con imputado, IPP con autor sindicado e IPP con autor ignorado). Mientras que en el 2023, con fecha de corte enero 2024 se iniciaron 1.036.696 IPP, es decir 112.204 IPP más, lo que representa un aumento del 12,1%. La información estadística mencionada contiene la cantidad total de IPP iniciadas y desplegadas por el bien jurídico protegido (delitos contra las personas, delitos contra el honor, delitos contra la propiedad, etc.)”, se detalla en los considerandos.

Por último, se destaca que “los delitos que se cometen en el ámbito rural varían según la zona y para ello se deben tener en cuenta las estadísticas, zonificando la provincia de acuerdo al tipo de delito y la cantidad de habitantes”.

“La creciente inseguridad lleva al desarraigo de las poblaciones rurales y genera cuantiosos daños y perjuicios económicos a la provincia. La especificidad y el incremento del delito rural merece que se activen políticas públicas para su control y erradicación”, remarca.