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Definición: el gobierno nacional está en contra de la reglamentación de una ley resistida por los productores de La Pampa

El gobierno nacional está en contra de la decisión de las autoridades de La Pampa de pretender reglamentar una ...

El gobierno nacional está en contra de la decisión de las autoridades de La Pampa de pretender reglamentar una ley de gestión integral de plaguicidas, aprobada en 2020, que dejaría, según los productores, más de 200.000 hectáreas sin producir debido a fuertes condicionantes para la aplicación de agroquímicos, con distancias exigidas y el cumplimiento de numerosos requisitos. Según pudo saber LA NACION, con el fin de buscar una solución al tema se involucró la vicepresidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), María Beatriz “Pilu” Giraudo, que formará parte de una reunión para intentar mediar entre el gobierno provincial y los productores.

Esta novedad se conoció mientras, luego de la tensión que se generó por este tema, los productores esperan que haya un cambio en la reglamentación de la ley o su derogación.

Desde el Ministerio de Producción de La Pampa, a cargo de Fernanda González, dijeron a LA NACION que estarían dispuestos a continuar con un diálogo con los productores “para armonizar los intereses”. En el medio, la oposición presentó documentos en la Legislatura sobre el incumplimiento del Poder Ejecutivo de no haber reglamentado la ley en los 120 días siguientes en 2020, que eran los plazos estipulados.

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En el gobierno nacional tienen en claro que no pueden involucrarse en una ley provincial. Sin embargo, desde la Secretaría de Agricultura remarcaron que no están de acuerdo con el avance de la reglamentación de la ley, ya que deja afuera miles de hectáreas productivas. Y en ese marco se inscribe la irrupción de Giraudo.

Según un informe de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Carbap, Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios (Cepia), Federación Agraria Argentina (FAA), Asociación Profesionales Agropecuarios La Pampa (Apalp), Aapresid, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y Cámara de Propietarios de Máquinas Agrícolas de La Pampa (Caproma), si se avanza con la reglamentación se dejará de facturar $276.301.535.500. Las estimaciones apuntan a que habría 209.000 hectáreas que quedarían fuera de producción, si se toman en cuenta los 3000 metros donde se tendrían que pedir autorización y del ejido urbano. Para aplicaciones terrestres la restricción es de 500 metros.

La Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave), una mesa de instituciones públicas y privadas creada en 2017, había elaborado un trabajo para entregar un proyecto de ley al gobierno de Sergio Ziliotto, pero no fueron considerados. Dicen que ley desconoce los avances tecnológicos disponibles que permiten trabajar con Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs).

La semana pasada, el Consejo Consultor se reunió con la ministra de Producción, en un primer contacto que hicieron entre las autoridades provinciales y el sector agrícola. Allí, los productores manifestaron que no están de acuerdo con la ley ni su reglamentación.

Carlos Portu, un productor agropecuario e ingeniero agrónomo de General Pico, señaló que ven como positivo la apertura al diálogo con la oficina de Producción. “Están apelando al diálogo al que nunca estuvieron dispuestos y sugieren posibles cambios en la reglamentación de la Ley. Han apelado a grupos pseudo ambientalistas como La Pampa libre de Agrotóxicos, que son sellos de goma seguramente bancados por el gobierno. Pareciera que no han tenido gran impacto, se limitan a las mismas frases hechas de siempre”, precisó.

Portu afirmó que la oposición en la Legislatura ha presentado documentos referidos al incumplimiento del Ejecutivo en no reglamentar la ley en los plazos estipulados y pretenden que vuelva a la Legislatura. Actualmente la Legislatura es 50% oficialista y otro 50% opositora, por tanto, cualquier intento de avanzar sobre la ley podría ser desempatada por la vicegobernadora, Alicia Mayoral.

“Los intercambios informales están. La respuesta que se ha dado desde la mesa y las entidades es que queremos reunirnos con el gobernador. Hace más de 20 días tenemos pedido una audiencia. La decisión política de llevar adelante la ley es del Poder Ejecutivo”, puntualizó Andrés González, productor agropecuario y dirigente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

“Se está hablando de que esta ley es impracticable y criminaliza la producción, porque queremos traducir esta frase de criminalizar la producción. Como es una ley tan burocrática al extremo, y de tantas trabas, es muy fácil no cumplirlas o se vuelve imposible. Al ser imposible, mañana estaremos todos fuera de la ley”, advirtió.

“No hay forma de acomodarla. Tenemos que ir por una nueva ley, se tiene que derogar y trabajar en una nueva ley, quedó desactualizada. Nosotros intentamos hacer aportes que incorporen toda la tecnología disponible y se hizo caso omiso a eso. Todos los aportes que quisimos hacer hace cuatro años no fueron escuchados. Hoy, la reglamentación lo único que hace es agravarla. Hay distintas varas para medir un mismo producto”, observó.

Los productores aclaran que “no están en desacuerdo de que no haya una ley o control”, sino que no fueron tenidos en cuenta a la hora de llevar adelante el proyecto de ley y su reglamentación. “Estamos listos para hacer aportes, hacer una nueva ley o trabajar a favor de la provincia. En eso nos vamos a trabajar, avocar e insistir con todos los intendentes, porque esta ley tiene mucha discrecionalidad y le da mucha responsabilidad a los intendentes y comisiones de fomento: los carga de estructura y le da discrecionalidad”, dijo González.

Desde la oficina de Ziliotto respondieron a LA NACION que “la ley 3288 es una ley sancionada como corresponde al sistema republicano por la Legislatura provincial. Si existiera alguna posibilidad de modificarla, cosa que dudo, es en ese mismo ámbito donde debiera realizarse. Hoy se pretende realizar una discusión fuera del lugar que corresponde con cifras insólitas tiradas al voleo”.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/definicion-el-gobierno-nacional-esta-en-contra-de-la-reglamentacion-de-una-ley-resistida-por-los-nid11112024/

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