Destacados constitucionalistas concluyen que nuestra carta magna no contempla una diferenciación entre las cuestiones de seguridad interior y la defensa nacional ni presenta limitaciones, reparos ni divisiones con respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay opiniones encontradas.

En marzo pasado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dudaba en denunciar el agravamiento de la ola de crímenes y violentos ataques narco en Rosario como “actos de terrorismo”. Las muertes de dos taxistas y un playero de estación de servicio habían conmocionado y paralizado la ciudad. El ministro de Defensa, Luis Petri, anunciaba entonces su intención de modificar la ley de seguridad interior, de 1991, para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en favor de acciones de seguridad ciudadana, contra lo que son, por ejemplo, los actos de terrorismo, despertando las críticas. Para el Código Penal, son terroristas las acciones y delitos destinadas a aterrorizar a la población.

Desde 1991, los militares solo apoyaban logísticamente a la policía en el combate al narco, tal como ocurrió en los operativos Fortín I y Fortín II, Escudo Norte y Bandera, en zonas fronterizas, entre otros. Distinto es lo que ahora se propone respecto de que intervengan en zonas urbanas, una tarea que realizan las llamadas fuerzas intermedias, como la Gendarmería Nacional, reduciendo peligrosamente su presencia en zonas limítrofes.

La reforma apuntaría también a legitimar la actuación militar ante una agresión de organizaciones terroristas extranjeras. De plantearse aquí una situación similar a la del ataque de Hamas a Israel en la Franja de Gaza, las Fuerzas Armadas no podrían actuar. Se trata, por tanto, de ampliar la capacidad de respuesta por parte del Estado frente a amenazas a su población.

La fuerte carga ideológica y propagandística del kirchnerismo instaló una revanchista demonización de las FF.AA.

Prevé también el funcionario anular la reforma a la reglamentación de la ley de defensa de 2006, gestionada por la exministra Nilda Garré, que prohíbe la actuación militar contra cualquier otra fuerza que no fuera un Estado.

Recientemente, el gobierno de Javier Milei acercó a diputados de La Libertad Avanza, la UCR y Pro un borrador mejorado de proyecto que modifica la ley de seguridad interior, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem, con el fin de someterlo a debate parlamentario. Propone la designación de un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior de la Nación que coordinará, con un comité de crisis, el apoyo a las operaciones de seguridad interior. Ese comité, por crearse en una provincia en riesgo, sería el encargado de evaluar si las acciones terroristas tienen por fin atemorizar a la población y ponen en peligro la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad o la autodeterminación.

El comité de crisis podrá ordenar a las Fuerzas Armadas “patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de puestos de control en puntos fijos o móviles” por tiempo limitado, además de proporcionar seguridad a instalaciones en zonas especialmente determinadas, todo esto con la autorización del gobernador o los gobernadores involucrados. Ante una agresión del terrorismo, se propicia que “las Fuerzas Armadas podrán actuar en flagrancias y comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal competente”, tal como ocurre con la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina o la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El equipamiento se ajustará a las necesidades operativas. Si bien quedarían expresamente habilitados para la realización de operaciones de seguridad interior, en cuanto al uso de la fuerza, aplicarán los mismos términos y condiciones vigentes para el resto de las fuerzas de seguridad nacionales.

Es intención del Gobierno anticiparse a eventos que potencialmente ameriten la participación militar, por fuera del estado de sitio que establece la ley, fijando para ello un marco legal y de condiciones adecuado y previsible ante una potencial emergencia. Cierto es también que muchos militares han expresado su escepticismo, pues no quieren intervenir en temas de seguridad interna, entendiéndolo como un relegamiento velado del valor de su misión principal: combatir oponentes en un conflicto bajo leyes de la guerra y no reprimir delitos. No está claro, afirman, quién determinará qué es o no terrorismo. Sus prevenciones se remontan a los decretos de 1975 que les ordenaron aniquilar el accionar subversivo, pero que legalmente no sirvieron para evitarles las condenas por delitos de lesa humanidad. Lamentan no haber sido consultados a la hora de redactar la iniciativa. Algunos argumentan también que su participación solo tendería a reforzar una escalada armamentista en las bandas y a aumentar la violencia. Por otra parte, las dificultades estructurales y los exiguos presupuestos asignados a las Fuerzas Armadas obligarían también a reforzar los recursos asignados para nuevas tareas.

Hay que asumir el grado de fragilidad en el que el crimen organizado sume a la sociedad para abordar una agenda de seguridad pública acorde con los tiempos

Con distinto grado de involucramiento, las fuerzas militares de Brasil, México, Uruguay y Colombia participan en la lucha contra el narcotráfico. En nuestro país, se estima que sobre un total de 86.000 efectivos, la capacitación legal y técnica para las nuevas tareas que desempeñarían –estimada en seis meses– solo involucraría a unos 2000 efectivos. Su ventaja estratégica se asocia a la mayor facilidad para desplegar personal en cantidad suficiente. Las mismas funciones para las que serían convocados de aprobarse el proyecto son las que actualmente cumplen en las misiones de paz de las Naciones Unidas; tal el caso de los Cascos Azules en Haití durante una década.

La fuerte carga ideológica y propagandística de las gestiones kirchneristas se encargó de instalar durante años una revanchista demonización de nuestras Fuerzas Armadas. En la vereda de enfrente, la actual gestión demuestra su compromiso con una ciudadanía que mayormente ha superado recelos y restablecido su vínculo con estos valiosos actores de tanta relevancia en democracia. Los concurridos desfiles y cambios de guardia militares son una expresión visible de una costumbre recuperada que gran parte de la población celebra jubilosa.

Lejos de aquella tan perversa como falsa imagen de enemigos de la patria proyectada precisamente sobre quienes tomaron las armas para enfrentar la imposición de una matriz revolucionaria foránea, hoy las fuerzas castrenses serían convocadas también a defender la paz y la seguridad interior. Si bien hasta no hace mucho podíamos sostener que no había razones para que las Fuerzas Armadas fueran puestas en juego para combatir al narcocrimen, más allá del apoyo logístico que podrían brindar, el crecimiento exponencial de ese flagelo habilita un replanteo. Sin diferendos fronterizos relevantes, aferrarse a un debate atado a preconceptos añejados en el tiempo es desconocer que hoy la apremiante amenaza del crimen transnacional toma nuevas formas, compromete a más actores e impone renovadas miradas. Se trata de un cuadro complejo con multiplicidad de aristas que obligan al Congreso de la Nación a un serio debate sobre un rediseño del sistema de defensa en su conjunto. Habrá que comenzar por asumir el grado de fragilidad extrema en el que el crimen organizado sume a la sociedad para abordar con pragmatismo e inteligencia una agenda de seguridad pública acorde con los tiempos.