Luego de la presentación oficial de su implementación en un distrito del norte de Buenos Aires, municipios en al menos otras tres provincias mostraron algún grado de interés o analizan la viabilidad local del sistema de vouchers de salud que figuraba entre las promesas de campaña de Javier Milei, según pudo conocer este medio.

Con unas 5000 consultas cubiertas en un centro privado a usuarios del sistema público, sin obra social ni prepaga, el sistema funciona desde enero en San Nicolás de los Arroyos. Pero, por el momento, en cinco intendencias de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba que habrían conocido o iniciaron contacto para saber cómo efectivamente se traduce en la práctica hablan de implementación. De hecho, uno pidió ni siquiera ser mencionado ante la consulta de este medio.

La noticia de que San Nicolás era el primer municipio en comenzar a instrumentar un seguro médico para que, mediante un convenio con la intendencia de prestaciones básicas por fuera del sistema público, la población sin cobertura pudiera optar por atenderse en un centro privado la dio el martes pasado el Ministerio de Salud de la Nación. Ante la consulta, en ese momento, se indicó que se trataba de una iniciativa municipal, que se puede replicar en otros partidos y que “se va a incentivar desde la Nación”, mientras “se evalúan los próximos pasos”. Aún no se pudo obtener más precisiones de parte de la cartera a cargo de Mario Russo.

Varias son las diferencias de las realidades locales que señalaron desde los municipios como para definir su viabilidad a futuro: desde las características del sistema de salud, entre público y privado, en cada intendencia hasta el tamaño de la población.

En San Miguel, provincia de Buenos Aires, explicaron que estuvo entre los temas de intercambio entre ambas municipalidades, pero que ni se descarta ni se piensa aplicar en lo inmediato. “Son realidades distintas. En San Nicolás, hay muchos factores que se combinan para que pueda funcionar y en San Miguel, quizá no. En principio, no se está evaluando su aplicación”, ampliaron desde ese distrito del noroeste del Gran Buenos Aires.

Entre las diferencias, citaron que no cuentan con un hospital provincial, la población es cinco veces mayor y hay municipios vecinos también con alta densidad poblacional. “Sí –concedieron–, la idea de San Miguel es ir buscando estrategias que puedan generar sinergia público-privado; incentivar la oferta de salud privada para descomprimir el sistema público, que está muy golpeado”.

Al día siguiente de que se difundiera el sistema de vouchers nicoleño o seguro médico municipal, el intendente de Jesús María, Córdoba, solicitó un contacto con su par del norte bonaerense. “Estoy interesado en profundizar de qué se trata para analizar si es factible replicarlo en Jesús María a futuro”, dijo Federico Zárate en diálogo con LA NACIÓN. “Me pareció muy interesante”, resumió.

En Jesús María funciona un hospital regional, al que también concurre la población de Colonia Caroya y otras localidades del norte provincial, además de cuatro sanatorios para un conglomerado de casi 100.000 habitantes con cobertura de Jesús María, Sinsacate y Colonia Caroya. Cinco dispensarios o centros comunitarios distribuidos geográficamente completan las posibilidades de atención local.

“El 70% de la población se atiende en el sector privado, el 25% se atiende en los centros de atención primaria y el resto, en el hospital regional, además de consultorios de distintas especialidades”, describió Zárate. “Pero lo que estamos viendo es un aumento de la cantidad de gente que dejó de tener cobertura en Jesús María –agregó–. Era el 30% en 2021 y ahora es el 37%, por lo que esa demanda está empezando a correrse hacia el sistema público. Si bien aún no se ha notado, con estos números, en meses o los próximos años, va a repercutir en el sector público. Hay que analizar opciones para evitar que se saturen los servicios”.

Otros municipios con los que hubo contacto son, según se indicó, Puerto General San Martín, en Santa Fe, y Gualeguaychú, en Entre Ríos. LA NACIÓN se comunicó con ambas intendencias, pero finalmente no lo confirmaron ni descartaron hasta el cierre de esta nota. En tanto, un municipio de la zona norte del conurbano bonaerense aclaró que el contacto con las autoridades de San Nicolás había existido, pero “por temas de gestión en general”, no específicamente de salud, y previo a la puesta en marcha de los vouchers en enero pasado.

Hasta el momento, de acuerdo con los detalles provistos por las autoridades de San Nicolás, el cambio para “financiar la demanda en lugar de la oferta” en salud, como prometía La Libertad Avanza durante la campaña electoral, consiste en que la población sin cobertura y que hasta el momento se atendía solo en el sector público opte, si quiere, atenderse en un centro privado que firmó un convenio con la municipalidad para cobrar por prestaciones. Para eso, los usuarios acceden por DNI –que pasa a ser el número de afiliado al Seguro Médico Municipal– a una credencial digital con un token, como tienen las obras sociales o las prepagas, que se utiliza en la clínica gestionada por un grupo privado para acceder al servicio igual que otras coberturas.

Por el momento, en San Nicolás hay un solo prestador privado que participa de este sistema, GO Sanatorio San Nicolás. Para definir los valores de cada prestación, la Secretaría de Salud del municipio no eligió el listado de aranceles que utiliza la provincia de Buenos Aires, sino el que aplica el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) de la vecina Santa Fe.

En consultas con centros privados de alta complejidad, considerados referentes en el país, sobre la viabilidad de este sistema en medio de la crisis estructural que continúa atravesando el sistema de salud argentino hubo coincidencia en que aún falta información sobre, por ejemplo, en qué consiste el convenio con el Estado municipal o provincial –según sea el nivel de implementación– y cómo, o a través de qué mecanismo, se financia.

El principal problema del Estado como financiador de prestaciones señalado fue la continuidad en los pagos y los contratos, además de a quién termina trasladando el sector público los riesgos, incluidos los de inversión. La fragmentación del sistema de salud en el país es otro inconveniente mencionado. El tamaño de la población o las necesidades a atender, de acuerdo con el nivel de complejidad, fueron otras variables a considerar antes de poder opinar. “Puede funcionar, el tema es saber cómo”, planteó una especialista en administración hospitalaria que solicitó preservar su nombre porque aún no cuenta con suficiente información sobre los vouchers en salud.

LA NACIÓN intentó obtener más precisiones con la cartera sanitaria nacional, que había confirmado que incentivará la adopción del sistema en municipios y provincias. No fue posible hasta el cierre de esta nota.

“Los municipios pueden llevarlo adelante y financiar la demanda de los pacientes que no tienen recursos ni cobertura”, dijo Eduardo Filgueira Lima, redactor de la reforma del sistema de salud que había adoptado LLA para su plataforma electoral el año pasado. “Sería un proceso, con instituciones que se sumen a lista de prestadores que adhieran al sistema y municipios que sean administradores de la caja de recursos”, continuó. Los detalles de la implementación deberían quedar en manos de cada jurisdicción.

Varios son, según respondió, los riesgos de ese proceso. “En primer lugar, la gente no debe quedar cautiva de un solo prestador o administrador de los recursos. Tiene que poder cambiar de uno u otro si así lo requiere. Ese debería ser el primer principio a seguir. La única excepción sería las localidades con un solo prestador, en lugares pequeños –indicó en diálogo con este medio–. El diseño que habíamos trazado planteaba que la población reciba el voucher (un crédito que puede o no estar en una cuenta, que el beneficiario lleva al administrador que quiera o funcione como un pagaré), pero que esos recursos sean gestionados por diferentes administradores, sean obras sociales nacionales, provinciales o las municipalidades, si utilizan bien los recursos, para cubrir los servicios en los prestadores que se vayan incorporando al sistema. El secreto es que la gente tenga libertad”.

Planteó, además, que esta reforma implica que el Gobierno abra una negociación con las provincias por la coparticipación para ajustar los recursos. “Si la Nación no la afronta, el cambio no se va a dar nunca. Los programas nacionales son un subsidio a la oferta, desarrollan una burocracia enorme. Son transferencias a hospitales, municipios o provincias para que hagan algo que les está implícito hacer”, planteó Filgueira Lima. Todo ese dinero, proponía como referente de salud de LLA durante la campaña, “debería direccionarse para financiar la demanda” y de manera condicionada a indicadores.