En los próximos diez años, Nueva Jersey afrontará uno de los desafíos más importantes en materia de vivienda: la construcción de 150.108 viviendas asequibles. Este objetivo surgió de la necesidad de brindar una solución a la demanda de viviendas para personas con ingresos bajos y moderados, y lo impulsó el gobernador Phil Murphy a través de una ley firmada en marzo.

Los cálculos realizados por el Departamento de Asuntos Comunitarios (DCA) del estado revelaron que, en concreto, se requieren 65.410 viviendas para cubrir la demanda actual de personas con ingresos bajos y moderados, mientras que en los próximos años será necesario sumar otras 84.698 unidades. El plan busca atender tanto las necesidades actuales como las futuras de los municipios.

Como informó NJ, la comisionada del DCA, Jacquelyn A. Suárez, explicó que “los cálculos ayudan a abordar la escasez de viviendas en Nueva Jersey al brindar a los municipios números claros para que puedan planificar mejor cómo brindar opciones de vivienda asequible en sus comunidades”.

Las proyecciones establecen que la mayor parte de estas viviendas deberá construirse antes de 2035, dentro de lo que será la cuarta ronda de implementación de la Doctrina Mount Laurel, que ya ha impuesto metas similares en el pasado.

¿Quiénes podrán acceder a estas viviendas asequibles?

Los beneficiarios directos de este proyecto serán las familias con ingresos bajos y moderados que, de otra manera, no tendrían acceso a una vivienda digna dentro del competitivo mercado inmobiliario de Nueva Jersey. Las nuevas viviendas incluirán opciones que van desde casas adosadas hasta dúplex y unidades multifamiliares, con el objetivo de ofrecer diversidad en la oferta. Según explicó el gobernador Murphy, la intención es “ampliar el acceso a viviendas asequibles” y beneficiar a las familias de todo el estado.

Además de los nuevos desarrollos, las ciudades también podrán optar por remodelar propiedades existentes o convertir viviendas unifamiliares en apartamentos, una medida que busca maximizar los recursos disponibles y cumplir con los plazos establecidos por la ley.

Los plazos y desafíos legales

El plan no está exento de controversias. Si bien los municipios tienen hasta junio de 2025 para adoptar planes específicos que detallen cómo alcanzarán los objetivos de vivienda asequible, al menos 23 ciudades presentaron una demanda contra la ley estatal. Alegan que los números asignados no consideran la capacidad real de desarrollo de sus localidades.

Mike Ghassali, alcalde de Montvale y líder de esta coalición de ciudades opositoras, aseguró que a pesar de la demanda, trabajarán para cumplir con los plazos estipulados. “Nuestras cifras tendrán más fundamento científico… obtendremos una cifra válida en lugar de un número aleatorio,” sostuvo Ghassali tras argumentar que la ciudad está buscando un equilibrio entre lo que exige la ley y lo que realmente pueden construir.

Las disputas deberán resolverse antes de abril de 2025, fecha límite para que las ciudades y el estado lleguen a un acuerdo sobre la cantidad final de viviendas a edificar. Esta situación plantea un reto para muchas comunidades, que deben encontrar soluciones viables sin comprometer su capacidad para sostener los nuevos desarrollos.

Flexibilidad para cumplir los objetivos

A pesar de la resistencia de algunos municipios, los defensores de la ley aseguran que hay suficiente flexibilidad dentro de la normativa como para que todas las ciudades puedan cumplir con sus obligaciones. Matthew Hersh, director de políticas y defensa de la Red de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Nueva Jersey, destacó que los municipios tienen la opción de recurrir a la renovación de propiedades o adaptar viviendas existentes, en lugar de depender exclusivamente de la construcción de nuevas unidades.

Esto permitiría a las ciudades afrontar la demanda de vivienda asequible de manera más pragmática, adaptando sus planes a las realidades económicas y demográficas de cada comunidad.

Con estos cálculos como guía, Nueva Jersey se encamina a cumplir un ambicioso plan de desarrollo que no solo promete aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario, sino también mejorar la calidad de vida de miles de familias que hoy se ven excluidas del acceso a una vivienda digna. El desafío ahora recae en los municipios, que deberán diseñar y ejecutar estrategias que permitan alcanzar estos objetivos en los plazos establecidos.