El fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo encargado de investigar los casos de lavado de dinero, analizan por estas horas recurrir el fallo de la Cámara de Casación que le permitió al empresario de la construcción Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, ir a juicio oral y público en el caso de “los cuadernos de las coimas” al considerar que los pagos que realizó a exfuncionarios del kirchnerismo eran aportes de campaña y no sobornos.

La idea es que sus recursos permitan que la Corte Suprema de Justicia revise la decisión de los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone de considerar que en el caso de Calcaterra sus pagos deben ser analizados por la jueza federal con competencia electoral María Servini, y no por el tribunal oral federal que juzgará a otros empresarios, a Cristina Kirchner y a sus exfuncionarios como parte de una organización que recibía y cobrara sobornos a cambio de mantener los contratos con el Estado.

Pleé y la UIF tienen un plazo de diez días hábiles para plantear la apelación de esta decisión, que vencen el 12 de julio próximo, en plena feria judicial, por lo que el plazo se extiende al lunes 29 de julio.

Calcaterra era el dueño de la empresa Iecsa dedicada a la realización de obras públicas durante el krichnerismo. En otra causa paralela se investiga a la firma por el pago de sobornos para mantener el contrato por la obra de sorterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En 2017, Calcaterra vendió a Marcelo Mindilin de Pampa Energía la empresa, pero las investigaciones en contra de Calcaterra siguen abiertas.

Unas 24 horas antes de beneficiar a Calcaterra, los jueces decidieron además abrir el recurso de queja de los empresarios Hugo Dragonetti, Armando Loson y Joreg Balan, que plantearon el mismo argumento: que los pagos que efectuaron a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal fueron una solicitud de fondos para financiar la campaña electoral.

De prosperar estos recursos, que deben ser tramitados en la Cámara con audiencias publicas donde las partes exhiban sus argumentos, estos ejecutivos también evitarían el juicio oral, en una seguidilla que puede alcanzar a otros empresarios que hayan sostenido la misma línea de defensa.

Recurrir el fallo de la Casación requiere de decisión política, pero también de una afinada técnica jurídica. Únicamente prosperan los recursos que planteen una cuestión federal. En principio la Corte dificlmente abre un recurso extraordinario en temas de competencia. Y en este caso no se priva a la acusación del fuero federal, porque la Casación dispuso que la competencia es de la justicia electoral, que es federal.

En la UIF están analizando la resolución y no están conformes con el fallo, pero estudian si hay alguna posibilidad real de que prospere el recurso extraordinario. Seguramente la Casación va a responder que no es admisible, que no hay cuestión federal ni gravamen irreparable. Queda como camino la queja ante la Corte, que difícilmente el tribunal de casación abra al entender que no hay un caso federal. “Es un tema de cierta complejidad procesal para tener éxito en el planteo”, dijo una fuente judicial.

No es un secreto la postura del fiscal Pleé acerca de si el caso debe pasar a la justicia electoral. Ya argumentó que los 16 pagos que realizó Calcaterra en el garage del Hotel Hilton y en su empresa no deben considerarse aportes de campaña, más allá de lo que diga el acusado. Cuando se tramitó el incidente de competencia entre los jueces Barroetaveña, Petrone y Mahiques, Pleé presentó un escrito en el que se opuso a que la causa pase a manos de la jueza electoral María Servini.

“El recurso es un intento de la defensa para eludir el juicio y convalidar su hipótesis fáctica bajo la forma de una cuestión de competencia” dijo Pleé y con una mirada premonitoria sobre lo que sobrevendría señaló el 18 de abril pasado que un fallo de Casación dándole la razón a Calcaterra sería una sentencia “gravemente arbitraria y de una inusitada gravedad institucional”.

Sostuvo el fiscal que era inadmisible el recursos de queja ante Casación para intentar sacarle el caso al tribunal oral. En esa oportunidad Pleé recordó que “es criterio de todas las Salas de esta Cámara que las resoluciones que deciden acerca de cuestiones de competencia no resultan, en principio, revisables en la instancia”. Y señaló que el planteo no se efectúa contra una sentencia definitiva.

Pleé recordó otro argumento que hace que llame la atención el fallo de Casación que le evitó el juicio a Calcaterra. El caso ya pasó por la etapa de instrucción, los procesamientos de los acusados fueron confirmados por la Cámara Federal, la causa fue elevada a juicio, con una acusación fiscal y se encuentra en etapa de preparación el debate oral.

Además para Pleé está claro que la acusación fiscal “se basa en que Calcaterra y Sánchez Caballero realizaron dieciséis presuntos pagos en representación de la empresa IECSA y ODS S.A. a funcionarios nacionales, con el fin de obtener beneficios acordados en el marco de un pacto venal concertado entre los mencionados empresarios y los integrantes de la asociación criminal”.

“Puntualmente, la imputación señala que, según las pruebas reunidas en el proceso, los pagos fueron efectuados en sintonía con acuerdos contractuales que las compañías de su grupo tenían con el Estado Nacional”, escribió el fiscal.

Pleé describió así la maniobra de plantear la incompetencia, como una manera de enviar la causa a la justicia electoral de modo de conseguir por esta vía lo que debe definirse en el juicio oral, es decir si los pagos fueron coimas o aportes de campaña. Concretamente escribió:” Es un solapado intento de hacer valer la hipótesis fáctica de la defensa por fuera del juicio oral y público”.

La defensa de Calcaterra mencionó que ya el juez Julián Ercolini había enviado a la justicia electoral los casos de los empresarios Hugo Eurnekián, Alejandro Ivanisecich y Manuel Santos Uribelarrea que alegaron haber efectuado aportes de campaña.

Pero Pleé dijo que esos casos son diferentes al de Calcaterra, al punto que hasta el fiscal Carlos Stornelli estuvo de acuerdo. Se trata de casos donde los pagos de Hugo Eurnekián, Alejandro Ivanisecich y Manuel Santos Uribelarrea no se relacionaron con contratos de obras públicas.

“Si bien la hipótesis fáctica de la defensa es que los pagos efectuados por Calcaterra y Sánchez Caballero tampoco tuvieron vínculo alguno con contrataciones públicas, lo cierto es que, insistimos, el requerimiento de elevación a juicio sostiene lo contrario, y ello será objeto del juicio a realizarse” dijo Pleé. En síntesis, es en el juicio oral donde debería establecerse el objetivo de esos 16 pagos, si fueron sobornos o aportes de campaña ilegales y no registrados.

El caso de los cuadernos de las coimas se inició por una investigación del diario LA NACION que reveló la anotaciones de Oscar Centeno, exchofer del Ministerio del Planificación Federal, sobre su paso por despachos oficiales y empresas para llevar y traer sobornos. En algunos casos, sus viajes terminaban en el departamento de Cristina Kirchner, en Recoleta, donde de acuerdo con los testimonios, los bolsos eran recibidos por su secretario, el fallecido Daniel Muñoz. En su momento, la Justicia le detectó al exsecretario de los Kirchner más de 110 propiedades en la Argentina y unos US$70 millones en inmuebles en los Estados Unidos. Si el dinero surgió de esos bolsos, no fue destinado a ninguna campaña.

Cristina Kirchner está acusada de 27 hechos de coimas y como jefa de una asociación ilícita. Junto a ella, los principales acusados son los exfuncionarios De Vido, Baratta, José López y el chofer Centeno, el financista Ernesto Clarens y los empresarios Calcaterra, Carlos Wagner (extitular de la Cámara Argentina de la Construcción) y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros mas de 161 imputados.