El Gobierno anunció la finalización del Programa de Becas de Salud Comunitaria, que comenzó en 2002, por considerar que no cumplía con los objetivos para los que había sido creado. La decisión, oficializada en la conferencia del vocero Manuel Adorni, se da en el marco del denominado “reordenamiento” que implementa el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo y tras el hallazgo de una serie de irregularidades, según describen fuentes del área. En 2023, el monto transferido al programa fue de 1432 millones de pesos.

Se decidió eliminar el programa tras detectar irregularidades y determinar que “se desvirtuó en la medida que los recursos fueron asignados a un mismo grupo durante períodos prolongados”.

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Originalmente, el programa se creó para financiar el trabajo de equipos de salud dedicados a la atención de baja complejidad. Los recursos se transferían desde la Nación a las provincias. Pero al analizar el grupo de becarios, según las autoridades, se encontraron diferentes irregularidades. Por ejemplo, había becas reasignadas hasta cinco veces consecutivas a los mismos destinatarios. Incluso se detectó que, en muchos casos, “los becarios no trabajan en centros de salud, sino en oficinas de gobierno”.

Según pudo saber LA NACION, el relevamiento descubrió que en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires figuraban como becarios del área tres contadores, un profesor de historia y un abogado.

En el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a su vez, aparecían técnicos en informática, dos comunicadores sociales, un profesor de educación física y un arquitecto. Y en la misma cartera, en Formosa, figuraban como becarios un técnico en informática, un contador, un licenciado en administración de empresas, un comunicador social y un diseñador gráfico.

Las becas también fueron otorgadas, de acuerdo a registros oficiales, a 13 contadores, siete técnicos informáticos o programadores, cuatro comunicadores sociales, cuatro profesores de educación física, tres licenciados en administración pública, dos técnicos, dos politólogos, un diseñador gráfico, un profesor de historia, un abogado, un licenciado en Economía, un profesor de filosofía y un arquitecto, en otros puntos del país.

Las autoridades de Salud desestimaron denunciar en la Justicia las irregularidades detectadas. La reacción inmediata será la interrupción del giro de los fondos.

La extitular de Salud, Carla Vizzotti, no respondió a las consultas de LA NACION sobre la situación del programa.

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Los antecedentes del programa, que destinaba becas para la asistencia comunitaria, se remontan al año 2002. El plan dependía de la Secretaria de Acceso a la Salud, cuyos titulares fueron cambiando a lo largo de los años.

Según explicaron fuentes del ministerio, a partir de esa fecha, se fueron renovando los programas de becas y unas 2400 personas las continuaron recibiendo.

Entre los datos relevados que fundamentaron la discontinuidad se registraron: becarios con más de 10 años de antigüedad; 298 becarios activos desde el 2013; 345 becarios activos desde el 2020 y 2368 becas que fueron destinadas para agentes de salud en 70 municipios, de las cuales 55 fueron destinadas a la provincia de Buenos Aires.