El origen de la decisión tomada por la Cámara de Casación, que evitó que el empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, sea juzgado por el caso de los cuadernos de las coimas hay que buscarlo dos años atrás, cuando el fiscal federal electoral Ramiro González y la jueza federal María Servini le creyeron que no había pagado coimas al kirchnerismo sino realizado aportes electorales ilegales.

La postura del fiscal y la jueza motivaron un feroz enfrentamiento con la fiscal de juicio Fabiana León, quien descalificó sus planteos al punto de considerar “curioso” el alineamiento de la jueza y del fiscal con los intereses del empresario de la construcción, al abrir esa causa paralela. Fue más allá y León puso el asunto en conocimiento del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, en caso de que corresponda tomar medidas.

“Me resulta muy curiosa la convergencia de aquel representante de la acusación con los intereses de dos empresarios de renombre nacional. Pues con inusitada rapidez tomó por sí una hipótesis de la defensa y clamó competencia”, escribió la fiscal León, quien dijo que la posición del fiscal choca con la posición que venían teniendo todos los fiscales que intervinieron desde 2018 en ese caso.

Es una práctica habitual de los defensores con experiencia buscar abrir una causa lateral en un tribunal más receptivo, y desde allí atraer el expediente principal, aunque sea en parte, o atacarlo y buscar su nulidad.

La defensa de Calcaterra, a cargo del abogado Ricardo Rosental, planteó el 14 de septiembre de 2022 en la secretaría electoral del juzgado de Servini (la jueza que controla las elecciones presidenciales), que el empresario no había pagado sobornos, sino realizado aportes a la campaña electoral para la campaña de las PASO en 2013, las elecciones de legisladores del 27 de octubre de ese año, las primarias y las presidenciales de 2015.

Le corrieron vista al fiscal Gonzalez que dictaminó que el caso Calcaterra debía ir a la justicia electoral por su especialidad. Destacó la necesidad de fortalecer tanto la excepcionalidad como la especialización” de la jurisdicción electoral en temas de financiamiento de los partidos y que esos hechos deben analizarse “en la especialidad electoral”, pues “… los imputados hicieron manifestaciones claras cuando se ratificó la entrega, el destinatario y la finalidad del dinero”. Les creyó.

Este planteo de la defensa de Calcaterra llegó en momentos en que la causa de los cuadernos ya estaba elevada a juicio, se habían confirmado en Cámara y en Casación su procesamiento por 16 casos de cohecho activo y los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 estaban seleccionando la prueba y los testigos del juicio.

La jueza Servini, el 28 de diciembre de 2022, último día hábil en los tribunales, le planteó al Tribunal oral Federal N° 7 que se inhiban de seguir investigando a Calcaterra y que le manden todo lo relacionado con los pagos que dijo haber realizado. Los jueces del tribunal oral Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero rechazaron el pedido de Servini en un fallo que no deja dudas acerca de que el asunto debía dirimirse en un juicio oral y no desmembrando la causa para favorecer a Calcaterra.

Los jueces de tribunal oral, antes de resolver, le pidieron opinión a la fiscal de juicio Fabiana León. La funcionaria fue durísima con Servini y Ramiro Gonzalez, a quien señaló ante el procurador Casal. Lo grave, dijo León, no es la estrategia de los abogados defensores, sino “que una jueza y un fiscal de la Nación, a sabiendas de que existe otro proceso en trámite donde se discute la significancia de esa secuencia fáctica -los “aportes”-, hayan tomado posición y clamen para sí”, parte de la causa.

“Que exista una jueza y un fiscal que se ponga a disposición de esa -o algunas- parte/s para que estas desarrollen elípticamente sus prácticas, obviando las reglas procesales que indican que esos debates deben darse ante un mismo Tribunal es algo que ya hemos visto y de lo que corresponde -de una vez- atender”, se indignó la fiscal León.

Y dijo que de este modo “no sólo se sesga la pieza de acusación al comprar barato una posición -la de los empresarios- sino que además se soslaya una ingente investigación -con su prueba”, como el caso cuadernos con más de 100 cuerpos y 160 acusados. Sin tener en cuenta, que más allá de estos 16 pagos que dice Calcaterra que fueron aportes de campaña, hay otros 4 pagos realizados en otra causa, para obtener contratos de obra pública. León dijo que mirar de manera aislada los 16 pagos, y “adoptar una tesis a precio de saldo” prescinde de la mirada en conjunto de toda la prueba.

Por eso León reclamó que debe hacerse el juicio oral. “La imputación señala que entre los años 2003 a 2015 se canalizaron sobornos y pagos para la satisfacción de intereses espurios, que básicamente eran la asignación preferencial, beneficiosa y/o sin competencia de contratos de obra pública a cambio del pago de sobornos. En tales escenarios es necesario apelar a niveles de transparencia en la búsqueda de arribar a la verdad. Esa exigencia se ha traducido en la necesidad de realizar el correspondiente juicio oral y público, contradictorio y continuo, en hechos cuya discusión involucre casos de corrupción y actuación de funcionarios públicos”.

Los jueces del tribunal oral tomaron en cuenta las expresiones de León en su fallo, y rechazaron la pretensión de Servini y el fiscal Ramiro Gonzalez para que les envíen la parte de la causa referida a Calcaterra.

La defensa del empresario recurrió a la Cámara de Casación con una queja. Los jueces de la Casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone abrieron la queja a fin del año pasado. Este año hicieron audiencias públicas donde escucharon al fiscal Raúl Pleé, que se opuso a que le manden a Servini los pagos de Calcaterra.

Hasta que finalmente los tres camaristas resolvieron ayer, en víspera de un feriado extralargo, que suelen ponerle una sordina a los fallos más incómodos, separar a Calcaterra del juicio del caso cuadernos y enviar a la jueza Servini y al fiscal Ramiro Gonzalez, los 16 pagos que dicen que fueron para el financiamiento electoral del kirchnerismo.