El escándalo que protagonizaron seis diputados de La Libertad Avanza con su visita al penal de Ezeiza para entrevistarse con represores de la última dictadura militar –entre los que se contaban Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielmineti– comenzará a ventilarse este jueves en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, donde oficialismo y oposición definirán si les cabe algún tipo de sanción disciplinaria.

La decisión de analizar en esa comisión –que preside la diputada Silvia Lospennato (Pro)– se adoptó durante la reunión que compartieron los jefes de los distintos bloques en la Comisión de Labor Parlamentaria, el miércoles pasado. Fue un acuerdo salomónico entre el oficialismo y la oposición, que amenazaba con llevar el escándalo al recinto. Finalmente, la sesión se frustró, pero la convocatoria a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento quedó en pie.

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Los diputados kirchneristas concurrirán a la convocatoria con el cuchillo entre los dientes. Están convencidos de que aquella visita a Ezeiza, el 11 de julio pasado, no fue la única y que hubo, al menos, otras dos previas, una de ellas a Campo de Mayo. También aseveran que esas reuniones no fueron ingenuas y que tenían como propósito pergeñar algún tipo de iniciativa –sea en el formato de decreto o de proyecto de ley– para beneficiar a los militares detenidos, sea con un indulto de sus penas o con la prisión domiciliaria.

Sus sospechas encontrarían asidero en las declaraciones que formularon dos de las concurrentes al penal de Ezeiza, las diputadas Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci. Una vez que estalló el escándalo, ambas aseveraron que fueron al lugar “engañadas” por quien organizó el encuentro, su colega Beltrán Benedit, de Entre Ríos. Arrieta fue más allá y, para desesperación de las autoridades de su bloque que procuraban acallar la polémica como sea, presentó la semana pasada una denuncia penal en el juzgado N°2 de Lomas de Zamora, que subroga el juez federal Ernesto Kreplak.

La presentación judicial de Arrieta apunta contra al titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez; el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge Olivera –actualmente con prisión domiciliaria– y a tres de sus compañeros de bloque, los diputados Benedit, Alida Ferreyra y Guillermo Montenegro. También mencionó a Sharif Menem, la mano derecha del presidente de la Cámara baja, Martín Menem: la mendocina, al igual que Bonacci, sugirieron que las máximas autoridades oficialistas de la Cámara –incluido el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni– estaban al tanto de la visita a los represores y facilitaron el vehículo para el traslado.

La denuncia es por presunta coacción agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, conspiración y malversación de los caudales públicos.

La investigación fue delegada en la fiscalía que está a cargo de Sergio Mola quien, como primera medida, dirigió una orden de presentación al penal de Ezeiza para averiguar si rige allí algún tipo de protocolo para las visitas que realicen los legisladores, en particular al pabellón donde se alojan los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Pidió, además, que se le informe si hubo registro de ingresos y egresos aquel 11 de julio, cuando se concretó la visita de los diputados libertarios.

En su denuncia, la diputada Arrieta mencionó que hubo personal jerárquico del Servicio Penitenciario Federal durante la visita. En uno de los chats que aportó en su escrito puede leerse que Olivera Ravasi comunica que Benedit había hablado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que ella les facilitara el ingreso a los penales donde hay represores alojados.