El oficialismo en Diputados evitó hoy un nuevo revés parlamentario y consensuó con la oposición ampliar el temario de la sesión para abordar, a pedido de la UCR, el financiamiento universitario. Además, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se comprometió a conformar a lo largo del día la Comisión Bicameral de Inteligencia con el fin de desarticular un posible rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/2024, que incrementa los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), una exigencia del bloque de Miguel Ángel Pichetto.

Con estas dos definiciones, los libertarios se aseguraron los números para abrir el recinto, que se logró con 129 voluntades a las 11.42. Se esperan alrededor de 40 horas de debate y un temario extenso que se ordenó con precisión de relojería. La discusión iniciará con el proyecto que busca ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos, seguido por los tratados internacionales -a través de una votación en bloque-, la aprobación de la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de las fuerzas nacionales, el proyecto que apunta a definir a la educación obligatoria como servicio estratégico esencial, el financiamiento de universidades nacionales, el plan de regularización de armas de fuego, la resolución que repudia el fraude electoral en Venezuela y, por último, se abordarán las cuestiones de privilegio, los apartamientos de reglamento y homenajes.

Al comienzo de la sesión se aceptó la renuncia diputado Alfredo Vallejos, quien asume como secretario de Seguridad en la provincia de Corrientes, reemplazado por Federico Tournier (UCR). Además, se avaló la salida de Tomas Figueroa como secretario Parlamentario, quien se prepara para hacer campaña por La Libertad Avanza en la provincia de Santiago del Estero. Segín precisaron fuentes del oficialismo, podría pelear una banca en el Senado y, eventualmente, también la gobernación. En su lugar estará Adrián Pagán, quien hasta hoy se desempeñó como director general de Parlamentaria.

Los legisladores hicieron un minuto de silencio por los fallecimientos de Analía Elena Lopez Murphy, Ana Castagneto, Francisco Giustinian y Blanca Nelly Nuno.

El oficialismo y Pro cuentan con una tropa propia de alrededor de 80 diputados. Es decir, no logran reunir la mitad más uno del cuerpo y deberán conciliar los objetivos parlamentarios para evitar una parálisis. Por eso, el radicalismo condicionó su presencia a la incorporación al temario de los proyectos que buscan garantizar el financiamiento universitario. El Gobierno se rehusaba a discutir estas iniciativas porque repite que, de aprobarse, el Poder Ejecutivo deberá asumir un costo aproximado de $1,4 billones que afectará el equilibrio fiscal.

La Coalición Cívica, Innovación Federal y Encuentro Federal (antes llamado Hacemos Coalición Federal) –que reúnen a 31 legisladores–, determinantes para lograr la mayoría, bajaron al recinto. La semana pasada, los 16 integrantes del bloque de Pichetto le marcaron la cancha al Gobierno y mostraron su poder de fuego con un faltazo, por el que terminó naufragando la sesión.

Este compendio de diputados tiene el foco puesto en rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/2024, por el que se incrementaron $100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La convocatoria de esta sesión, prevista para el jueves a las 10, se formalizó en las últimas horas aunque se acordó postergarla para las 13. Martín Menem trabaja para evitar su impugnación a través de la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia, donde le negaron un lugar al bloque de Pichetto. Es probable que sea acompañada por Unión por la Patria (UP) aunque no así por el radicalismo, que accedió a discutir el decreto en la comisión.

Según pudo saber LA NACION, la Casa Rosada presiona a los gobernadores dialoguistas para que sus alfiles en el Congreso no se sumen al rechazo del DNU 656/2024. El radicalismo y los nueve integrantes del bloque Innovación Federal, que responden a los oficialismos de Misiones, Neuquén, Río Negro y Salta, podrían ausentarse de la sesión prevista para mañana al mediodía y echar por tierra las intenciones de Encuentro Federal.

Por su parte, UP lidia con sus propias complejidades. Los 99 integrantes de la bancada que lidera el santafesino Germán Martínez no están particularmente interesados en discutir el temario propuesto por el oficialismo y Pro. Se le suma el hecho de que la sesión está convocada a la misma hora en que declarará Cristina Kirchner en el juicio que investiga su intento de asesinato y una gran porción de diputados se trasladará a las puertas de los tribunales de Comodoro Py para apoyar a la exvicepresidenta.

El propósito de la UCR es que se dictamine sobre un proyecto de ley que garantice el presupuesto a las altas casas de estudio, más allá de los aumentos esporádicos que ofrezca el Poder Ejecutivo. No es un tema menor para el radicalismo, sobre todo en medio de un paro de actividades en protesta por el aumento ofrecido desde el gobierno nacional a los docentes.

La administración libertaria ofreció un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre a todos los trabajadores, que rechazaron. La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) resolvió no iniciar el segundo cuatrimestre, así como un plan de lucha que continuará con otro paro de 48 horas para los días 20 y 21 de agosto.

Tanto el dictamen de mayoría, impulsado por el kirchnerismo, como el que elaboraron, en conjunto, los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, tienen un denominador común: ambos proponen actualizar al 1 de enero de 2024 los gastos de funcionamiento y de los hospitales universitarios. Es decir, proponen una recomposición retroactiva por la no actualización presupuestaria del año pasado.

Además, ambos dictámenes proponen que este año se actualicen de manera bimestral las partidas para el funcionamiento de las casas de altos estudios con el índice de inflación.

La diferencia entre ambos proyectos es que el del kirchnerismo es más ambicioso, al menos en lo presupuestario. En efecto, propone que, además de las partidas de funcionamiento, también sean actualizados por inflación los programas “Fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades”, “Desarrollo de proyectos especiales”, “Desarrollo de institutos tecnológicos” y “Fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria”.

Asimismo, el proyecto kirchnerista instruye al Poder Ejecutivo a que retome el financiamiento de todas las obras de infraestructura universitaria, actualmente suspendido, como así también lo conmina a que actualice las partidas salariales tanto de docentes como de no docentes del sector.

El proyecto de UP pretende que no haya discriminación en el financiamiento a las más de 60 universidades emplazadas en todo el país. El kirchnerismo, durante su gobierno, se encargó de autorizar la creación de casas de altos estudios en casi todas las provincias, sobre todo en Buenos Aires, una política que un sector de la oposición supo criticar por electoralista y prebendaria, en favor de gobernadores e intendentes peronistas.

Es por ello que la iniciativa que promueven la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal establece criterios objetivos para la distribución de los fondos, entre ellos, el número de ingresantes, alumnos y egresados en cada institución y el tipo de carrera ofrecida, entre otros.

Más allá de los matices en los proyectos, el oficialismo ya adelantó que no está dispuesto a discutir ninguna de estas iniciativas. El Presidente indicó que vetará cualquier proyecto que rompa el equilibrio fiscal y su tropa en Diputados no quiere dar el brazo a torcer. No obstante, si las ideas reformistas del Gobierno persisten, deberá conciliar posiciones con la oposición, que se descama día a día de sus propiedades dialoguistas.