Según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), en 2023 los cultivos de coca en Colombia crecieron un 10%, alcanzando las 253.000 hectáreas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reportó recientemente que esa producción ha sido allí la mayor en 20 años. La de cocaína pura aumentó un 53% el año último: pasó de 1738 toneladas en 2022 a 2664 toneladas en 2023, lo que representa una grave amenaza reflejada en el crecimiento del microtráfico y de las mafias.

Las plantaciones de coca crecieron en 16 de los 19 departamentos donde hay registros de su cultivo. Hay más coca sembrada que papa (192.000 hectáreas) o aguacate (135.000 hectáreas). La economía de las regiones productoras de cocaína se ha visto afectada por la dependencia de este cultivo, lo que dificulta el desarrollo de actividades económicas legales y sostenibles. El Departamento del Cauca es uno de los más perjudicados por la siembra ilegal, pues el área cultivada se mantiene en crecimiento desde hace diez años y la situación no parece cambiar.

Estos incrementos no deberían sorprender, ya que son el resultado lógico de una política de erradicación que se relajó desde la llegada al gobierno del presidente Gustavo Petro, asociada también a la ineficiencia estatal a la hora de combatir el siniestro negocio que tanto daño le causa al país. El fracaso es tan evidente que se está explorando la posibilidad de retomar las fumigaciones terrestres.

Las consecuencias son conocidas: allí donde hay sembradíos ilegales de hoja de coca se crean comunidades dependientes de los grupos de narcotraficantes, aumentan la violencia y las disputas por el territorio, se consolida el poder económico y de influencia de las organizaciones criminales como, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las políticas del gobierno colombiano, especialmente las que promueven la de Paz Total fijada por ley, han limitado el margen de maniobra de las autoridades frente a grupos ilegales que, en consecuencia, han facilitado que reflorezca el narcotráfico en todas sus facetas, comenzando por el cultivo de la hoja de coca o de la marihuana.

El gobierno de Petro se ha concentrado en incrementar las incautaciones, al tiempo que los esfuerzos por la erradicación de los cultivos han sido frenados.

El año pasado la policía informó haber erradicado cerca de 20.000 hectáreas cuando durante el gobierno anterior, de Iván Duque, se alcanzaba cinco veces esa superficie. Se trata de una herramienta sumamente eficaz en la lucha contra el narcotráfico que hoy se desaprovecha dejando a merced de grupos ilegales de narcotraficantes extensiones más grandes para mayor producción de cocaína.

Estamos ante un problema sumamente complejo frente al que la actual estrategia presenta serias fisuras.

Es de desear que se reformule sin demoras el plan, pues, al ritmo con que aumenta la cantidad de hectáreas sembradas, crecen la violencia y la muerte que castigan a Colombia.