En un comunicado dado a conocer ayer, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt, creada este año) alerta sobre la desinversión y el incumplimiento de compromisos por parte del Estado en el sector científico. El documento lleva el título de “Frenemos la destrucción del sistema científico y tecnológico: el momento es ahora”. Entre los más de seis mil firmantes, aparecen los nombres de las historiadoras Hilda Sabato, Noemí Goldman, Elisa Pastoriza y Beatriz Bragoni, el doctor en Bioquímica Jorge Geffner, el biólogo molecular Alberto Kornblihtt, la doctora en Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas Juana Pasquini, el bioquímico Gabriel Rabinovich, el investigador y profesor Mario Albornoz, la astrónoma Gloria Dubner, el doctor en Filosofía e investigador Eduardo Barrio, las investigadoras y docentes Mariela Blanco, Valeria Levi y Romina Gamberale, el jurista Roberto Gargarella, el sociólogo Gabriel Kessler, el geógrafo Carlos Reboratti, el ensayista Hugo Vezzetti, los historiadores José Emilio Burucúa y Roy Hora y el profesor e investigador Lucas Luchilo.

“Asistimos a un proceso de ajuste y destrucción de nuestras capacidades científicas y tecnológicas que no tiene precedentes desde la recuperación de la vida democrática en nuestro país -se lee-. La paralización de la inversión en proyectos de investigación, la pauperización de los salarios del sector y, en muchos casos, la precariedad laboral del personal han iniciado un proceso de éxodo masivo de investigadores jóvenes y pérdida de personal de apoyo y administrativo. Esto ya está ocasionando la desarticulación de grupos de investigación que ha costado años integrar”.

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En el comunicado se advierte que la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que financia la mayor parte de los proyectos de investigación del país, “se encuentra paralizada e incumpliendo compromisos asumidos y firmados con centenares de grupos de investigación y proyectos en marcha”. Este organismo está a cargo de Alicia Caballero, que a su vez depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, de Darío Genua, que en junio reemplazó a Alejandro Cosentino.

Desde la Raicyt informaron que ese organismo obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para otorgar subsidios a proyectos ya evaluados y aprobados en años anteriores, y que, al mismo tiempo, la nueva gestión había cancelado todos los proyectos de cooperación internacional. El Gobierno estaría incumpliendo con la ley 27.614, de financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, sancionada en 2021, que establece un piso de inversión anual en esta rama.

Hasta ahora, los responsables de proyectos de biomedicina, bioquímica, geografía, inteligencia artificial, oncología, filosofía, literatura e historia argentina de 2022 no cobraron, y los de montos de los proyectos asignados antes de ese año no fueron actualizados. “Todos los proyectos están siendo tratados igual -dice Eduardo Barrio a LA NACION-. Tenemos a becarios con grados y doctorado terminado que están por debajo de la línea de pobreza”.

Desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología informaron que los programas externos que están en ejecución a través de la Agencia son 4528 y que el nivel de ejecución es del 77%. No obstante, los investigadores denuncian que el Gobierno pesifica el dinero recibido desde el exterior y lo dejan en pesos al valor del año en que se solicitó el subsidio (de 2019 a 2021), sin actualización por inflación, algo que, dicen, la gestión anterior hacía.

La Raicyt denuncia que el Gobierno ha ejecutado menos del 10% de su presupuesto anual, “lo que resulta agravado por el hecho de ser un presupuesto prorrogado de 2023, totalmente devaluado”. También, que eliminaron los programas Construir Ciencia (para infraestructura) y Equipar Ciencia (para equipamiento).

Desde la Secretaría que coordina Genua no lo desmintieron. Esta decisión, dijeron a LA NACION, se da “en un contexto presupuestario acotado”; agregaron que se estaban evaluando las posibilidades de continuar con el financiamiento de algunos proyectos de Construir Ciencia, “en función del grado de avance de la obra y de su prioridad estratégica para el sistema de ciencia y tecnología”. Sobre Equipar Ciencia, informaron que se estaba estableciendo contacto con las instituciones adjudicatarias, “con el objeto de analizar el estado de situación de cada una en relación con los compromisos asumidos y definir las posibilidades de continuidad o, en su defecto, acordar una rescisión de común acuerdo” para los proyectos vigentes. Esto se da a ocho meses de asumido el nuevo gobierno.

Por otro lado, se desconocen los resultados de la convocatoria de 2022. “Los resultados de la convocatoria Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) 2022 no fueron comunicados de forma oficial sino a través de un directorio autoproclamado, sin presencia del presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación”, señalaron. No se informó cuánto tiempo llevaría esa revisión. Hace tres meses, Caballero elevó a Jefatura de Gabinete los nombres del nuevo directorio de la Agencia que ella dirige y aún espera la aprobación. Sin el directorio, no puede aprobar ni ejecutar partida alguna.

En diálogo con LA NACION, el vocero de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología señaló que desde el organismo se daría prioridad a los PICT de “ciencias duras” y tecnología vinculada con el agro, la salud, inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos. “No es que no hay plata, sino que habrá una redeterminación de fondos”, especificó. Agregó que se revisarían los proyectos de ciencias sociales que tuvieran “orientación política”, y que las áreas de letras, filosofía e historia no estarían entre las beneficiarias de los fondos destinados a la investigación. “No es lo principal”, sostuvo.

El secretario Genua se presentará el 3 de septiembre ante los miembros de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados para informar sobre el avance de su gestión y las graves denuncias de la comunidad científica.