SANTIAGO DE CHILE.- La justicia chilena ordenó el lunes prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción en contra del alcalde Daniel Jadue, excandidato presidencial y una de las máximas figuras del Partido Comunista, partido que integra la coalición de gobierno.

Jadue, alcalde del municipio de Recoleta, en el norte de Santiago, fue acusado como autor de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la administración de las llamadas “Farmacias Populares”, que impulsó como competencia de las cadenas comerciales.

El tribunal determinó además 120 días de investigación y Jadue deberá cumplir la cautelar en la cárcel Capitán Yáber, un penal ubicado en el mismo barrio de Santiago donde está el Centro de Justicia.

Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!

— Daniel Jadue (@danieljadue) June 3, 2024

La jueza Paulina Moya dictaminó la prisión preventiva al estimar que la libertad de Jadue “resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”, en la línea con lo solicitado por la Fiscalía.

En respuesta, Jadue publicó en su cuenta de X: “Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. ¡Apelaremos a esta medida desproporcionada!”.

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— Knull (@SymbiotKnull) June 3, 2024

La defensa del alcalde, que puede recurrir la decisión ante la corte de Apelaciones, sostiene que el caso forma parte de una persecución política.

El abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, anunció que acudirá a la Corte de Apelaciones para revertir el dictamen y acusó que el tribunal determinó la medida cautelar con “falta de antecedentes”. “Estamos totalmente en desacuerdo con la resolución pronunciada por el tribunal”, dijo Sepúlveda en una conferencia de prensa. “Creemos que se dan por acreditados delitos respecto a los cuales de manera evidente y con documentación hemos desacreditado las imputaciones”.

Además, el defensor afirmó que se presentará un recurso de apelación en el tribunal de alzada para revertir la prisión preventiva. “Esta resolución es del todo injusta, desproporcionada, pero además con falta de antecedentes claros respecto a los delitos que se le han imputado al alcalde de Recoleta”, afirmó.

Respecto a cómo Jadue se tomó la determinación del tribunal, Sepúlveda sostuvo que “está tranquilo” ya que este era “uno de los escenarios que podía ocurrir” y que confía en que “se pueda cambiar esta medida cautelar y se pueda revocar en el breve plazo”. También apuntó que se determinó la medida “con muy pocos antecedentes serios y reales. Y esto se decreta efectivamente porque es el alcalde Recoleta”.

Crítico de Boric

Jadue es una de las figuras más prominentes del Partido Comunista de Chile, que integra la coalición de gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, el alcalde es un fuerte crítico del mandatario, quien lo derrotó en una elección primaria en julio de 2021.

Antes de entregar la medida cautelar, la jueza Moya afirmó que el tribunal “no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión”.

Este domingo, antes de conocer la resolución, mientras participaba en una feria del libro aseguró: “Todo esto es un show de la Fiscalía, quieren un trofeo de alguien que se atrevió a desafiar el modelo. Estoy tranquilo. Es más, si se da el escenario de la prisión preventiva, créanme que tengo toda la fuerza para enfrentar ese y muchos otros desafíos más para que sigamos construyendo un proyecto popular. No tengo ningún problema”, sentenció el alcalde, que participó del lanzamiento de su libro Disputar el pasado para construir el futuro: la Unidad Popular, un proyecto vigente en el encuentro Furia del Libro en Chile.

“Tenemos una Fiscalía llena de prejuicios, pero carente de pruebas. Eso quedó absolutamente claro. Con un PowerPoint y dos fotos no da en nuestro país para encarcelar a nadie y menos para una prisión preventiva”, dijo, mientras era animado por personas con banderas con la frase Jadue Presidente 2026 y con gritos de “Daniel, amigo, el pueblo está contigo”.

La demanda

Jadue, alcalde del municipio de Recoleta, en Santiago, enfrenta acusaciones de varios delitos cometidos durante su mandato en medio de la pandemia de Covid-19. Estas acusaciones se relacionan con su liderazgo en Achifarp (Asociación Chilena de Farmacias Populares) y en el municipio.

Achifarp, que actualmente está en proceso de liquidación judicial debido a estos hechos, fue una organización que Jadue creó en 2016. Una de sus iniciativas clave, la Farmacia Popular de Recoleta, tenía como objetivo proporcionar medicamentos asequibles a los residentes.

Sin embargo, en 2020, Achifarp compró suministros médicos por un valor de más de un millón de pesos chilenos durante la pandemia. Muchos de estos suministros quedaron sin usar y la asociación acumuló deudas significativas, lo que llevó a una inestabilidad financiera.

Jadue y cinco de sus asociados están acusados de ocultar los problemas financieros de Achifarp, realizar “operaciones abusivas” y actuar sin la debida autorización. La investigación comenzó hace tres años cuando la empresa de suministros médicos Best Quality presentó una demanda por fraude contra Achifarp y acusó a Jadue de pedirle que le entregara insumos al Partido Comunista como pago por ganar la licitación, entre otros ilícitos.

La Fiscalía argumentó que cuando el alcalde era candidato presidencial en 2021 “era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas” de las farmacias populares, ya que “su trayectoria política” podía ser desvirtuada por una mala gestión.

El Foro de San Pablo, que reúne a partidos y agrupaciones de izquierda de la región y que integra el expresidente Alberto Fernández, expresó su apoyo al alcalde Jadue y dijo que la guerra judicial “es una práctica que azota los proyectos emancipadores y que ponen en el centro la transformación del neoliberalismo que violenta a los pueblos”.

Jadue, quien ha cumplido tres períodos como alcalde y no puede postularse nuevamente debido a los límites de mandato, niega las acusaciones, calificándolas como un montaje mediático y de la fiscalía. Su formalización ha impactado al Partido Comunista de Chile, lo que ha llevado a una campaña de defensa por parte del partido. El caso continúa desarrollándose, con posibles implicaciones para la política chilena y el estado de derecho.

Agencias AFP, AP y El País