La causa por supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos estatales durante la gestión de Alberto Fernández parece estar en un suspenso tirante. Con las miradas puestas en el expresidente por la denuncia de su exmujer Fabiola Yañez, y la rapidez con la que se mueve ese caso por violencia de género, contrasta con el ritmo más lento que lleva llamar a testigos de impacto y citar a indagatorias en una de las más importantes investigaciones por corrupción del último gobierno peronista. En Comodoro Py, diversas fuentes dan cuenta de varios motivos por los que todavía esos movimientos no ocurrieron.

El primer motivo por el que la causa parece ir lento es por el análisis técnico de la materia y el rubro que toca, el asegurador. LA NACION dio cuenta de un punto fundamental para la investigación en este momento: el artículo desaparecido del decreto 823, de 2 de diciembre de 2021, que obligó a las entidades estatales a contratar con Nación Seguros. Más relevante que lo que contiene esa norma podría ser lo que no formó parte de ella. En su versión original, contenía una pauta de limitación para el involucramiento de brokers a los casos en donde sea necesario, por tamaño o por riesgo. Ese artículo fue borrado por Vilma Ibarra, exsecretaria Legal y Técnica, quien está en la mira de la Justicia por este motivo.

Este es un tema central y para la que se citó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a estudiarlo y dar su opinión. En las semanas por venir, tendrá relevancia, más allá del análisis o las explicaciones técnico jurídicas que se den para explicar el por qué se sacó el artículo, el impacto final que tuvo esa eliminación en cómo se desarrolló la intermediación de pólizas. El decreto, por sí solo, no fue el que impulsó a la existencia de los brokers, sino que fue la falta de normativa en relación con en qué casos puede haber productores de seguros, cómo deben ser seleccionados y qué comisión máxima pueden cobrar, entre otros puntos. Si bien el Gobierno anunció que derogará el decreto 823, todavía no comunicó si tomará medidas respecto de la regulación de la intermediación.

Una de las cuestiones más importantes develadas a partir de los chats es el involucramiento de otros funcionarios en las tramas de potencial direccionamiento de los contratos de intermediación. Es por esto que parecen inminentes nuevas imputaciones. Con distintos niveles de participación, aparecen una treintena de exministros, secretarios y directores. Entre los más involucrados están Sergio Massa, que habría ayudado a que el broker Héctor Martínez Sosa, junto con su esposa María Cantero, consiguieran la póliza de la Casa de la Moneda; Santiago Cafiero, por la de Cancillería, y Andrés Severino, el comandante general de la Gendarmería, entre otros.

Las indagatorias llegarán en la medida en que se solidifique prueba suficiente para el caso en general, pero también para los subnegocios y entramados en particular.

El segundo tiene que ver con un freno en la carga de nuevas conversaciones y teléfonos al expediente. Por ahora están subidos varios recortes de conversaciones de Cantero con Martínez Sosa, con su exjefe Alberto Fernández, y algunos exfuncionarios, como Cafiero. Y, por otro lado, cerca de 30 chats entre Alberto Pagliano, de Nación Seguros, y diversas personalidades del gobierno de ese entonces, como también brokers de seguros. Restan aún decenas de dispositivos que fueron secuestrados en los allanamientos al comienzo de la causa. En particular, hay expectativa por lo que arroje el celular de Daniel Rodríguez, el exintendente de la quinta
de Olivos (testigo en la causa de violencia contra Fabiola e imputado en la de los seguros) por su vieja cercanía a Fernández y los Martínez Sosa.

De “Hecky”, como lo apodaba su mujer, se recuperaron cuatro teléfonos. Uno de ellos logró ser abierto, pero la policía se encontró con que estaba borrado a cero. Los otros tres son Iphone 15, la última versión de Apple, por lo que aun no pudieron abrirlos. Es un verdadero misterio cómo se preparó Martínez Sosa para el allanamiento, al desterrar contenido de su aparato, pero su esposa parece haber dejado rastros de todos sus negocios y vínculos con la pareja presidencial, a tal punto que se encontraron en su dispositivo las fotos de Fabiola con golpes.

Además, los chats hasta ahora cargados abordaron una de las subtramas del negocio de los seguros. Martínez Sosa no fue el único que se benefició de contratos con el Estado, sino que hay otros brokers como Pablo Torres García y Oscar Castello, que tenían vínculo con otras terminales políticas, pero todavía no se conoce con qué profundidad, por la ausencia de conversaciones puestas a disposición de las partes.

En cuanto a teléfonos, resta que el juzgado determine qué va a ocurrir con los dispositivos secuestrados a Alberto Fernández, que desvelan a gran parte de la política. El fiscal Carlos Rívolo solicitó que se hagan recortes relevantes para la causa de seguros a partir de la extracción de la información de su teléfono, lo que todavía no se hizo. Finalmente, Yañez dijo que no hubo contactos por parte de él después de la orden judicial que se lo prohibió, lo que justificaría el reclamo del expresidente para que se los devuelvan. Pese al inicial ímpetu para restituírselos, diversas fuentes apuntaron a que no ocurrirá de manera inmediata.