La semana que viene el Tesoro estaría enviándole al Bank of New York (BoNY) los US$1528 millones necesarios para garantizar el pago de los intereses de la deuda que vencen en enero próximo. Cuestiones legales demoraron en algo el pago, pero la apuesta de Economía sería no extenderlo mucho más allá de los primeros días de septiembre. “Esperemos que esto traiga tranquilidad al mercado”, dicen en el equipo económico. Por momentos, en la administración Milei se palpa cierta frustración. Pese a que en los primeros ocho meses de gestión el Gobierno logró mucho más de lo que se esperaba de él –consiguió superávit fiscal todos los meses, la inflación descendió a niveles del 4% mensual antes de lo previsto, avanzó con varias de las reformas contenidas en el DNU, logró aprobar la monumental ley Bases y eliminó una cantidad de regulaciones que entorpecían el comercio exterior– todavía los inversores no terminan de confiar.

No importa qué conejo saque el ministro Luis Toto Caputo de la galera: todo indica que al gobierno de Javier Milei le llevará bastante tiempo cosechar sus esfuerzos. “Hoy temprano a la mañana me comunico con un cliente con quien habíamos quedado en tener una reunión por el tema RIGI –relata el socio de uno de los estudios de abogados más importantes del país–. Hemos tenido cantidad de reuniones explicativas al respecto con diversos interesados. Pero este cliente muy francamente me dice que todavía sigue habiendo mucha desconfianza, y me agrega, “lamentablemente”. Se trata de una inversión de unos 1500 millones de dólares”, cuenta. El relato se repite con distintos nombres en varios bufetes grandes de la City porteña.

A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, en el que los inversores extranjeros buscaban adelantarse a lo que consideraban un cambio de ciclo en la Argentina, por ahora son casi exclusivamente los inversores argentinos los que merodean en búsqueda de oportunidades.

Manuel Solanet (h), socio de Infupa, una firma de banca de inversión con años de experiencia en al país, confirma que las operaciones que se ven en el mercado de fusiones y adquisiciones son casi todas entre argentinos. “Del lado de los compradores, todavía no tenemos la lluvia de dólares. Cuando le contás a alguien sobre alguna oportunidad, al menos ya no te insulta. Pero las transacciones son de argentinos con argentinos y si hay una multinacional es porque ya tiene un pie adentro”, reconoce el banquero, quien sin embargo anticipa que hay interés por lo que vaya a suceder con las empresas que el Gobierno planea privatizar.

También existen excepciones en los sectores de gas y petróleo, minería y agro. Pero nadie se anima a aventurar cuánto tiempo durará. El empresario Federico Tomasevich y su socio el grupo chileno Fratelli -dueño de Falabella y de Sodimac- acaban de entregarle un mandato a Fénix Partners para que concentre la recepción de ofertas para su empresa Patagonia Energy. La petrolera que opera las áreas de Aguada del Chivato y de Bocarey, en Neuquén, tenía este año 20 pozos activos y acaba firmar un acuerdo con Pecom para que sea el operador de las áreas. Las 15 áreas convencionales que YPF acaba de vender, en tanto, se vendieron todas a empresarios nacionales, entre ellos, algunos viejos jugadores del sector, como Luis Perez Companc, CEO de Pecom, o Petroleros Sudamericanos, y otros nuevos como el ex ministro de Mauricio Macri, Javier Iguacel, que entró con su empresa Bentia en sociedad con la neuquina Sima.

Y no parece ser simplemente porque todavía rige un cepo cambiario, aunque las trabas al movimiento de divisas afectan, y mucho. O por las dudas que hay con respecto a cómo seguirá la política cambiaria y monetaria de Milei. La política es por estos días la principal fuente de preocupación para quienes observan a la Argentina desde afuera (y dentro). La debilidad intrínseca de la Libertad Avanza, un partido que se armó a los tumbos, entre convencidos y vacilantes conversos, empieza a evidenciarse en el Congreso. En menos de una semana, el Gobierno se dio el lujo de perder a dos legisladores: una diputada, Lourdes Arrieta, y un senador, Francisco Paoltroni. Más allá de la falta de experiencia de ambos, que se notó en sus poco inteligentes expresiones públicas, en un momento de definiciones, cada voto suma. Asimismo, el avance de la candidatura del juez Ariel Lijo para ocupar una de las sillas vacantes de la Corte, abren un interrogante sobre las alianzas del mileísmo. Ni qué decir que pone en jaque una de las banderas más fuertes de la Libertad Avanza, y es la que promueve el fin de la casta. Lijo es probablemente la mejor expresión de la casta y la garantía legal de que ésta seguirá viva mucho tiempo más. No importa cómo se lo disfrace. Ni que vaya de la mano de Manuel García Mansilla, un abogado de trayectoria y formación intachables.

Caputo volverá a anunciar que en agosto el Tesoro tuvo superávit primario, al igual que en los otros siete meses del año, pero que además logró recuperar el superávit financiero -el neto entre ingresos y gastos, después del pago de los intereses de la deuda-, después de que en julio no lograra sostenerlo. También anticipó que planea avanzar con más reformas para reducir el “costo argentino” –este jueves facilitó la importación de insumos y habrá próximamente rebaja de aranceles–, y avanzará en septiembre con el ajuste de los subsidios económicos –con los aumentos anunciados en las tarifas de gas, de electricidad y de agua, además de la quita de subsidios a los colectivos que operan exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires–, en línea con la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), y en compensación por la quita del impuesto PAIS, que bajará a partir del lunes del 17,5% al 7,5%.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, por su parte, estuvo haciendo un trabajo fino y silencioso para evitar que las provincias que tuvieran bonos siguieran el camino de La Rioja, que esta semana volvió a incumplir el pago de su bono con legislación internacional. La provincia de Ricardo Quintela entró en default en febrero y ya sus acreedores le iniciaron una demanda en el tribunal de Nueva York. Así las cosas, Finanzas acordó con Chaco un préstamo del Banco Nación por $50.000 millones, a 36 meses, con 12 de gracia y a una tasa de 600 puntos más Badlar -la que pagan bancos privados por los depósitos a 30 días de más de un millón de pesos-, de los cuales $35.000 millones se usaron para comprar los dólares necesarios para cubrir lo US$ 38 millones que tenía que pagar este mes por sus bonos internacionales. Los otros $15.000 millones se usaron para pagar parte de la deuda que provincia tiene con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y que Economía habría accedido en parte a refinanciar.

Todas las provincias están sufriendo una baja en sus recaudaciones, tanto por el parate en el nivel de actividad como por el menor goteo que les llega de la coparticipación, y están buscando pesos localmente para cumplir con sus obligaciones. Santa Fe acaba de lograr la autorización para emitir $50.000 millones para obras de infraestructura, y tanto Córdoba como Entre Ríos tienen emisiones de letras en gateras.

En pos de garantizarse precio, en tanto, algunos organismos buscan extender en el tiempo sus contratos con el sector privado. Sucedió en estos días con el PAMI, que decidió anticipar la renegociación de su convenio marco con los laboratorios nacionales, que recién vencía en noviembre. La semana pasada, logró firmar una adenda y extenderlo hasta el 25 de marzo de 2025 –misma fecha que ya regía en el convenio con los laboratorios extranjeros–, con la condición de mantener un ajuste de precios acorde al índice de precios al consumidor (IPC). Ya el ajuste es lo suficientemente fuerte como para que se abran nuevos frentes hacia fin de año.

La fortaleza de Milei, sin embargo, sigue siendo su capital social. Tanto el Indice de Confianza del Consumidor como el Indice de Confianza de Gobierno que elabora la Universidad Di Tella mostraron mejoras en agosto. Hubo un crecimiento menor en el Gran Buenos Aires versus el interior del país o de la Ciudad de Buenos Aires, lo mismo que entre los segmentos con educación secundaria y terciaria fue mejor la respuesta que entre los que solo tienen primaria, pero en promedio sigue gozando de niveles de aprobación envidiables para cualquier administración argentina.

Con todo, el Gobierno deberá seguir haciendo los deberes y sobreactuando orden mucho más que cualquier otro gobierno de la región si quiere que las inversiones lleguen todo lo que podrían llegar en un país plagado de recursos subexplotados, y que el riesgo país, que se usa para medir la tasa de riesgo de los bonos argentinos, baje de los 1500 puntos y se acerque mínimamente al de los países de la región. La Argentina todavía está muy lejos.