En el marco de los allanamientos realizados sobre dirigente piqueteros en donde se secuestró dinero y documentos supuestamente provenientes de planes sociales que recibían del Estado, el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni se defendió y desestimó las acusaciones. “Tenemos que ver si son son reales esas denuncias, porque esta cosa empezó el 20 de diciembre. No tenemos acceso a toda la causa, pero vamos a presentarnos, vamos a dar el debate. Allí hay una persona denunciada que probablemente exista y haya que echar de la organización”, expresó.

Asimismo agregó: “Tengo la conciencia limpia, vivo en Burzaco hace 50 años. A mí no me llamaron porque saben que no soy un delincuente. Los allanamientos fueron todos hechos en la ilegalidad, de noche, apagando las cámaras de seguridad de un local que había en la zona”. En diálogo con radio Mitre, sumó: “No tengo miedo de ir preso. Hace muchos años que lucho con los mismos métodos y las mismas convicciones y muchos gobiernos dijeron que me iban a meter preso”.

Al respecto de las denuncias realizadas por supuestas extorsiones en el marco de un sistema de “castigos” y “sanciones” por parte de piqueteros a aquellas personas que no asistieran a las protestas, indicó: “Está mal y por supuesto que lo rechazamos y repudiamos, pero se probará en la Justicia. Siento persecución política, fuimos salvajemente reprimidos el pasado 20 de diciembre. Volvimos a serlo cuando nos movilizamos en el Congreso, volvimos en la 9 de julio también con torturas”.

Al mismo tiempo defendió a su organización y aseguró que “van a dar la cara”. “No nos vamos a fugar porque no somos Pepín (por Fabián Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri que fue citado a una indagatoria)”, afirmó y lanzó: “Que vengan, estoy en Burzaco. No tengo ninguna denuncia después de tres gobiernos que me atacaron. Ya trataron de meterme preso en el gobierno anterior y en el de Macri”.

Mientras que aseguró que él nunca hizo algo como extorsionar a la gente para que asista a marchas y movilizaciones, consideró que esta situación tiene que ver con otro contexto “de fondo”. “Esto no es personal, hay una situación social en los barrios muy delicada después de la destrucción del programa Potenciar Trabajo y de que vaciaran los comedores, está pasando otra cosa”, acusó y detalló: “Lo que avanza en los barrios son los narcos. Conozco un caso puntual del primer comando de la capital de Brasil, unos narcos un poco pesados, que mataron a cinco personas en La Matanza, en el barrio 14 de enero”.

La Cámara Federal porteña ordenó 27 allanamientos en una causa que investiga a dirigentes sociales que fueron acusados por el Gobierno de haber extorsionado a beneficiarios de planes para que acudieran a marchas o entregaran parte de los ingresos que cobraban del Estado. Durante los operativos -en los que se secuestraron teléfonos celulares y computadoras- también se obtuvo dinero y documentos supuestamente provenientes de planes sociales que recibían del Estado.

Según las investigaciones previas a través de análisis de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp, existiría una estructura jerárquica de cinco niveles, en la que determinados referentes y delegados piqueteros cobraban hasta cinco veces más. Además, formarían parte también de un sistema extorsivo que incluía premios y castigos por marchar, vender comida o realizar otros encargos.

Tal como se puede ver en uno de los chats, un usuario pide justificar la inasistencia a una “marcha” a través de una constancia del turno médico y laboratorio que le impidió ir. En otro mensaje, una de las víctimas es informada sobre su “sanción” por no pagar el “alquiler del comedor” y que por eso no podrá retirar mercadería en todo el mes.

Asimismo, en otros chats se describe el sistema de “castigos” por no cumplir con las exigencias de los referentes, que no solo incluía la publicación de “listas de castigados” o “sancionados”, sino que también se les daba la posibilidad de “reparar” ese “castigo” a través de hacer diversas tareas.

El caso se inició en diciembre del año pasado, antes de la primera gran marcha piquetera contra el entonces flamante presidente Javier Milei, cuando el Gobierno habilitó una línea telefónica para denunciar extorsiones que realizaran piqueteros para obligar a los beneficiarios de planes sociales a acudir a las manifestaciones. Según los números brindados desde Presidencia, hubo más de 13.000 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2720 y 924 se transformaron en denuncias.

La investigación del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita se centró en unos 45 casos denunciados en la ciudad de Buenos Aires, cuyos imputados -a quienes les pidieron la indagatoria- son Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.