La solapada disputa entre la provincia de Buenos Aires y la de Río Negro por la planta de licuefacción que Petronas e YPF prevén construir para la explotación del gas en Vaca Muerta habilita en sordina un debate sistemáticamente eludido: el impacto negativo que tiene la inseguridad jurídica en el nivel de inversión extranjera. La falta de una regulación específica que obligue a los 16 puertos bonaerenses a reutilizar en ellos los recursos obtenidos por su rentabilidad es la desventaja comparativa que podría frustrar que el de Bahía Blanca sea el que canalice una inversión total estimada en 30 mil millones de dólares.

El fallo que emitió el Tribunal de Cuentas bonaerense el 12 de junio del 2024 permitiría inferir que el desafío de Axel Kicillof no es que la Legislatura resuelva con celeridad los incentivos fiscales que propondrá como alternativa al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El pleno del Tribunal hizo suyo el voto redactado por Juan Pablo Peredo, encargado de auditar a los organismos descentralizados. Entre ellos, a los puertos.

Peredo resolvió aprobar los gastos de 2022 correspondientes a la gestión de Rodrigo Aristimuño como presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales e ignorar la denuncia por numerosas irregularidades que presentó Mariano Uset ese año. Peredo aseguró que tomó conocimiento de ella un mes antes de las elecciones de 2023, en las que Aristimuño fue elegido intendente de Coronel Rosales por Unión por la Patria. El cargo que ocupaba Uset cuando lo denunció. Uset era intendente de Juntos y no compitió por su reelección.

A Peredo le pareció prudente tener más tiempo para analizar la denuncia y tratarla junto a la rendición de gastos de Aristimuño en 2023. El gobernador designa por decreto a los 16 presidentes de los Consorcios de Gestión, entes públicos no estatales con un directorio donde están representados todos los sectores vinculados a la actividad portuaria: gremios y empresas del sector y el municipio donde se sitúa la terminal. La ley 24093 obliga a los consorcios a reinvertir lo que recauden en ellos.

Ninguna legislación específica regula cómo se deben auditar sus ingresos. El Tribunal de Cuentas bonaerense solo puede evaluar la gestión del presidente y del director propuesto por el municipio. Ariel Pietronave, Horacio Diez, Daniel Chillo y Federico Thea adhirieron a la propuesta de Peredo. Pietronave y Diez fueron designados en el gobierno de María Eugenia Vidal y habrían sido propuestos por Néstor Grindetti y su exjefe de Gabinete, Federico Salvai.

Chillo representaría a Sergio Massa y Thea a Kicillof, quien propuso para presidirlo. La denuncia de Uset describe con detalle las razones sobre las que gira una sospecha sobradamente extendida. La utilización de los fondos de los puertos como cajas para financiar proyectos políticos. El de Rosales sería un trampolín fabuloso. Recaudaría no menos de 30 millones de dólares anuales por el tránsito de petróleo en su jurisdicción.

Aunque llegó al Tribunal de Cuentas por Martín Insaurralde, Peredo se ocuparía de los puertos con autonomía de ese aparente padrinazgo. A su influencia se atribuye que Carla Monrabal haya llegado con Vidal a la presidencia del Consorcio del Puerto Dock Sud y a que Kicillof la haya confirmado por segundo período en ese cargo. Peredo fue CEO de Codere, que tiene un bingo en Avellaneda, en cuya jurisdicción se encuentra Dock Sud. Monrabal gozaría allí de la protección del intendente Jorge Ferraresi, declarado competidor acérrimo de Insaurralde por el control del peronismo bonaerense. No sería la única asimetría audaz en la que Peredo oficia de nexo. En el universo portuario se le adjudica haber aprovechado la detención de Hermes Juárez para establecer otras cabezas de playas propias en los puertos rosarinos de San Martín y San Lorenzo.

Apodado “vino caliente”, Juárez fue arrestado por presunto fraude e intervenida la seccional del SUPA (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos) que conducía. La rápida liberación de Juárez y su restitución al frente del SUPA habría frustrado el plan que Peredo quería ejecutar a través de los interventores. Seguramente, una sugestión exagerada y no muy distinta de la que padece Gustavo “El turco” Elías. El titular de la Unión Industrial de Bahía Blanca suele quejarse de que se le atribuya todo lo que ocurre en el puerto de esa ciudad. Un malentendido provocado por otro. La supuesta influencia que ejercería sobre los directores que representan a los gremios portuarios en el directorio del Consorcio. Una extrapolación arbitraria del vínculo que mantendría con Hugo Moyano, también prestado a confusión. En versiones interesadas, se los presenta como socios comerciales.

Federico Susbielles se empeña en desmontar el teorema de la supremacía de Elías en el puerto. Desde 2019, Susbielles presidió el Consorcio del Puerto con ingresos anuales estimados en 70 millones de dólares bajo la tutela de Peredo en el Tribunal de Cuentas. En 2023 fue electo intendente por Unión por la Patria y le arrebató a Juntos el municipio por cuyo puerto transita el flujo exportador del complejo agrícola ganadero de la región Centro bonaerense.

Voceros del intendente reivindican como una victoria de Susbielles que alguien de su entorno, Santiago Mandolesi Burgos, lo haya sucedido al frente del Consorcio. La rueda de prensa que encabezó el 22 de julio con representantes locales de La Libertad Avanza acotaría ese optimismo. Susbielles expresó su confianza en que el régimen de incentivos que presentará Kicillof harán que la planta se instale finalmente en Bahía Blanca.

La rueda de prensa intentó ser una respuesta a Javier Milei que tildó de “comunista” a Kicillof por no adherir al RIGI. Susbielles fue acompañado por María Gonard y Oscar Liberman, protagonistas de uno de los tantos culebrones con que los libertarios escenifican sus diferencias. Liberman fue candidato a intendente por La Libertad Avanza y se opuso a que Gonard presidiera el Concejo Deliberante respaldada por el resto de la oposición: Pro, UCR y CC.

Liberman quería que alguien de Unión por la Patria ocupara ese lugar. Liberman preside el Yatch Club de Bahía Blanca, con muelle en el puerto, y también es asociado en emprendimiento comerciales a Elías, a quien el Ministerio Público Fiscal investiga por una supuesta asociación ilícita en su grupo empresario. Alberto Weretilneck sacó provecho de este aparente estado de turbación.

En la entrevista que Alejandro Fantino le efectuó el lunes pasado en Neura, aseguró que si la planta de YPF-Petronas se instala en Punta Colorada, el nuevo puerto no sería administrado por un Consorcio de Gestión. El gobernador de Río Negro garantizó que la operación quedaría por completo en manos privadas: el espíritu que animó ley 24.0983, espantado por el fantasma de la opacidad de los sobrecostos que sobrevuela a los puertos bonaerenses.

La capacidad de Weretilneck para entonar la melodía que desearían escuchar los empresarios relativiza la intención de Kicillof de ensayar una nueva. El gobernador objetaría que el RIGI habilite a los inversores a recurrir, y a elegir, en qué tribunal arbitral internacional deberían dirimir eventuales diferendos. Una objeción lógica teniendo en cuenta la experiencia del kirchnerismo en esos ámbitos. Pero por esa misma razón, una prevención atendible de quienes analizan realizar negocios con un Estado con semejante historial.

Los que asistieron el 12 de julio al almuerzo servido por el gobernador en su residencia se retiraron molestos de La Plata. A los intendentes, funcionarios y legisladores que lo respaldan, no los satisface que espere a convertirse en un indiscutible candidato presidencial solo con oponerse a la doctrina con la que gobierna Milei. Especulan que esa posición es producto de sus diálogos con Cristina y Máximo Kirchner. Esa sospecha les inspira desconfianza en Kicillof. Sobre todo de que sea él quien pueda guiarlos hacia ese futuro.

La tensión por esa atmósfera de pesimismo atravesó la sobremesa. Aunque nadie se atrevió a reprocharle lo que se masculla cuando el gobernador no está cerca. Sobran ejemplos. Pero el que más los fastidia es el reciente. Los patrulleros de los que privó a los municipios de Almirante Brown, Berazategui y Florencio Varela, para privilegiar su envío al de Quilmes. Nadie podrá reprocharle a su intendente, Mayra Mendoza, olvidar la protección que recibe de Cristina y Máximo. Ella es la encargada de reprocharle a Kicillof en público su presunto desagradecimiento.

Preservarse frente a una pelea familiar entre una madre, su hijo natural y otro naturalizado, fue la conclusión más importante a la que arribaron los intendentes del conurbano más afines a Insaurralde. La coreografía que rodeó a la cena que los reunió el 22 de julio es un indicador de la híper actividad que despliega en el peronismo bonaerense el exjefe de Gabinete de Kicillof. Su alter ego e intendente, Nicolás Mantegazza, los convocó a la parrilla “El establo” de San Vicente con la excusa de festejar, con demora, el Dia del Amigo.

Mariano Cascallares (Almirante Brown), Andrés Watson (Florencio Varela), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas.) se sentaron a la mesa a la que faltaron, sugestivamente, Federico Achával (Pilar) y Gastón “El gatito” Granados. Aunque avisaron que no asistirían por estar de vacaciones, esa justificación no los eximió de las frecuentes suspicacias que las sillas vacías promueven en el peronismo.,

Achával estrechó vínculos con Sergio Massa, a quien conoció a través de Insaurralde. La cooperación entre Lomas de Zamora y Ezeiza que llevan adelante Otermín y Gastón Granados no se caracteriza por la intensidad de la que tuvo con Insaurralde y Alejandro Granados, padre del actual intendente. Achával, Granados hijo y Massa están vinculados por la auto rotulada industria del juego. Una actividad donde Insaurralde habría perdido posiciones para representar sus intereses. Seguramente una superchería.

Los intendentes reunidos en San Vicente acordaron esperar si resulta un claro ganador de esa disputa, vinculada en lo inmediato a quién quedará facultado para resolver las candidaturas a legislador el año que viene. Cristina le habría confiado a uno de los comensales en San Vicente que no descarta encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Ni conducir el PJ nacional.

Dos instancias desde donde ordenaría las listas. Y donde, probablemente, se le reservaría al menos un par de lugares a quienes se destaquen para representar a Kicillof. Lo que equivaldría, por ahora, a representarla a ella misma, para disgusto de los seguidores del gobernador. Una situación que mantendría a Kicillof demasiado lejos de su postulación presidencial. Casi tanto como al puerto de Bahía Blanca de la planta de licuefacción de gas.