En silencio, pero firme, el Gobierno dio un paso clave para una de las privatizaciones más grandes que puede hacer. Se trata de Aysa, la quinta empresa pública cuya operación más pérdidas ocasionó durante el primer semestre de este año, según datos del Ministerio de Economía.

La compañía aprobó su plan de incorporación de capital privado. A través de él, la actual gestión planea desprenderse de la mayor porción posible del 90% de acciones que posee el Estado (el 10% restante es propiedad de los trabajadores) y ya activó el operativo para exhibir que su operación puede significar un negocio rentable.

La aprobación del plan de incorporación de capital privado es la instancia formal dentro de Aysa para iniciar el proceso de reestructuración societaria. En otras palabras, sus autoridades firmaron un acta que abrió la puerta hacia el camino de la privatización. ¿Por qué recién ahora, 10 meses después de la llegada al poder de Javier Milei? Todo el trabajo previo, explicaron fuentes oficiales, se concentró en ordenar a la empresa bajo la premisa del equilibrio fiscal. Los números que la empresa le hace llegar al Gobierno indican que podría terminar el año con un superávit operativo de entre $66.000 millones y $96.000 millones, que contrastan con el déficit de $278.000 millones del año pasado.

En línea con la metáfora sobre el camino de Aysa hacia la privatización, el GPS de sus autoridades muestra dos posibles rutas, ambas con un mismo horario de llegada: “primer semestre del año que viene”, según informaron en uno de los despachos del Gobierno. Lanzar las acciones a la Bolsa es la opción que más seduce a quienes deben tomar esa decisión. Tal cual describieron, la idea plantea impulsar una oferta local e internacional bajo las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores y normativa extranjera. Sobre este último punto hacen especial hincapié, dado los posibles interesados europeos y latinoamericanos con los que la empresa cuenta.

La estrategia de la venta de acciones incluye varias jugadas, aunque todas parten desde la idea de desprenderse de la mayor cantidad posible de ellas. Una de las alternativas es ofrecerlas, esperar la reacción del mercado y que el mayor comprador se quede con el control de la compañía. Otro escenario también contempla la venta de un “paquete de acciones especiales” (más costosas), que contemplen para su adquirente la facultad de designar directores, entre otros beneficios.

La segunda alternativa de privatización propone publicar una licitación que ponga a la venta un porcentaje de acciones aún no definido, pero que le brinde al comprador el control de Aysa. Esta posibilidad corre con desventaja dado que, según entienden en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a cargo de Diego Chaher, un proceso de ventas de acciones a través de la CNV sin la intervención del Poder Ejecutivo podría imprimirle mayor transparencia a la decisión.

Los detalles y características de cualquiera de estos dos posibles procesos de privatización dependerán del “Marco Regulatorio y Contrato de Concesión 2025″, que el presidente de Aysa, Alejo Maxit, trabaja en conjunto con la unidad ejecutora que dirige Chaher. En paralelo, ambos funcionarios comparten esfuerzos en el ordenamiento de la empresa y su exhibición como un negocio rentable.

Según los informes del Ministerio de Economía, detrás de Enarsa, que es la empresa pública energética que canaliza las importaciones de gas, después de Aerolíneas Argentinas, de Trenes Argentinos y del Correo Argentino, se ubica Aysa en el ránking de las que más pérdidas ocasionaron en el primer semestre del año, con $70.703,5 millones en rojo. Sin embargo, en la empresa aseguran que esa tendencia cambió y que hasta septiembre acumuló un superávit operativo de $31.000 millones, como consecuencia del ajuste de sus cuentas y de los mayores ingresos absorbidos por la tarifa del agua que pagan los usuarios. En lo que va del año, la boleta acumuló un aumento del 285%.

La contracara del dinero que se paga a fin de mes por el consumo de agua es el crecimiento de los ingresos de Aysa. Un gráfico en manos de funcionarios del Gobierno muestra que los fondos que absorbió se incrementaron un 78% hasta el tercer trimestre. Junio fue el mes de quiebre.

Entre enero y mayo, por el servicio de agua, Aysa perdió $59,7 mil millones. En junio la empresa comenzó tener números verdes, tendencia que se repitió en los meses subsiguientes. A partir de ahí acumuló un superávit operativo de $60,7 mil millones. Es decir, superó la pérdida de la primera mitad del año por $1000 millones. A esa cifra, las autoridades de la compañía le suman unos $30.000 millones de “cuentas incobrables” para llegar al número de superávit de $31.000 millones. ¿Quiénes son esos “incobrables”? Deudores que no pagaron.

Las previsiones de Aysa para el último trimestre del año son positivas. Proyectan ingresos por $65 mil millones entre octubre y diciembre. De este modo, si se sumaran a los $1000 millones, totalizaría un ejercicio superavitario por $66 mil millones en 2024. Y si a esta cifra se le agregaran las deudas de “cuentas incobrables”, su superávit ascendería a $96 mil millones.

Más allá del dinero, fundamental para cualquier tipo de negocio, el Gobierno también expone que cualquiera que adquiera Aysa se hará cargo de una empresa sin empleados ni obra pública que responda a intereses políticos. De hecho, la extinta Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, que funcionaba bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete a cargo de Nicolás Posse, elaboró un documento en el que escribió: “AySA fue un ejemplo en el que se crearon cargos y se tomaron empleados por cuestiones políticas o de militancia partidaria y no por una necesidad real”.

Según datos del Indec, entre diciembre y agosto la empresa desvinculó a 1316 personas. Pasó de tener una dotación de 7790 empleados a una de 6474. La gran mayoría de las bajas, unas 1200, adhirieron al plan de retiros voluntarios. Esto demandó un gasto de $44,9 mil millones, de acuerdo al informe que la Jefatura de Gabinete presentó al Congreso.

Otro dato que cualquier interesado en adquirir Aysa debe tener en cuenta son sus inversiones. Esto forma parte de “la caja negra” de cualquier empresa. Es decir, la información interna. En este punto, se destaca la obra pública. Según el Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, la compañía figura como “área sustantiva” de 1464 obras. La gran mayoría de ellas son pequeñas, pero hay cinco catalogadas como “grandes obras”. Este quinteto tiene $123.723 millones de pagos pendientes para cubrir el 100% del financiamiento de sus contratos, de acuerdo al Mapa de Inversiones citado. Las obras se ubican en Berazategui, Avellaneda, La Matanza y dos en Quilmes.

De acuerdo al plan de Aysa, la empresa se va a desprender de 83 obras de expansión, que son consideradas “grandes”. Contempla transferirlas a la Secretaría de Obras Públicas, municipios o a la provincia de Buenos Aires.