El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque inició un camino que lo acerca a terminar con un juicio político, dijeron a LA NACION altas fuentes del Consejo de la Magistratura, donde el magistrado comenzó a ser sometido a un sumario a partir de que dos fiscales rosarinos del fuero provincial denunciaron omisiones y retrasos en la causa federal contra Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narcos más poderosos de Rosario.

Ahora se supo además que el contador del narco preso atendía los asuntos económicos del magistrado y que su hijo trabajaba en el juzgado de Bailaque.

“Es el nuevo Bento”, dijo a LA NACION una alta fuente del Consejo de la Magistratura en alusión al juez federal Walter Bento, preso, destituido y sometido a juicio oral y público por supuestos sobornos recibidos de manos de los acusados a los que debía procesar y por sus bienes.

Con el lanzamiento del sistema acusatorio en Rosario, donde los fiscales son protagonistas de los casos, se inició el sumario en el Consejo de la Magistratura contra Bailaque el pasado 10 de abril. Ese trámite está en sus inicios, pero las acusaciones tienen tal contundencia que nadie se jugó para defenderlo, ni siguiera sus colegas del estamento de los jueces.

En 2022, durante el juicio contra Alvarado por el asesinato de un prestamista, los dos fiscales del caso, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, al alegar, anticiparon que pedirían al Consejo de la Magistratura que analizara la conducta de un juez federal, sin nombrarlo. También plantearon que enviarían la causa en la que Alvarado fue condenado a prisión perpetua a ese cuerpo investigativo. El juez al que no mencionaron era Bailaque que rechazó pedidos intervenciones de los teléfonos de Alvarado y de su entorno en 2013, según declaró en el juicio el exjefe de la Policía de Seguridad Emilio Lencina. El magistrado federal recién procesó al jefe narco en 2019.

La denuncia motivó la apertura del sumario en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que dirige el consejero Miguel Piedecasas. El sumario lo lleva adelante la diputada Roxana Reyes. Piedecasas puso a consideración de la Comisión de Acusación la solicitud de Reyes para que declaren en el sumario un grupo de fiscales que sumaron elementos sobre la actuación del juez. En particular los fiscales provinciales Schiappa Pietra y Edery, del área de Criminalidad Compleja del Ministerio Público de la Acusación, y también el exfiscal federal Marcelo Di Giovanni y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias.

Schiappa Pietra y Edery fueron los que pusieron en evidencia que en 2013 Bailaque había desestimado importante evidencia contra Alvarado. Según afirmaron los fiscales, del expediente federal surgió que el juez federal actuante en el caso denegó pedidos de intervenciones telefónicas de los sospechosos que cambiaban de líneas y números.

Entre los citados a declarar al Consejo de la Magistratura también está Di Giovanni que fue que en 2013 pidió tres intervenciones telefónicas que Bailaque desestimó inicialmente y autorizó recién a los once meses. En su descargo en el Consejo de la Magistratura, Bailaque argumentó que tras denegar esas intervenciones el fiscal no apeló.

También fue convocada la exfiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren, que avaló el pedido de investigación al juez federal. También pidieron que declare el fiscal federal Santiago Marquevich, que investigó a Luis Medina, un socio de Alvarado, que fue asesinado a fines de 2013.

Cuando se votó la moción para citar a los fiscales como testigos y activar la investigación en la Comisión de Acusación no hubo nadie que se opusiera. “Fue un tester de cómo va a reaccionar el Consejo de la Magistratura en este caso. Si hubiera alguien que quisiera desde lo corporativo protegerlo, hubieran tratado de evitar estas declaraciones, que van a ser cruciales para decidir si se inicia el juicio político”, dijo una fuente del Consejo. Reyes dijo a LA NACION que “la denuncia se está instruyendo y se están haciendo medidas probatorias”.

El procedimiento señala que tras las declaraciones, la consejera Reyes emitirá un dictamen que deberá ser votado en Comisión y luego, si es aprobado, debe ser llevado al plenario. Para que se pruebe el inicio de un juicio político son necesarios los votos de los dos tercios de los consejeros presentes, lo que parece probable en este caso.

Esta semana LA NACION reveló una historia que tiene al contador Gabriel Mizzau y al juez como protagonistas. Este profesional trabaja para el magistrado, a quien le lleva sus cuentas, y también lo hizo para Alvarado, el jefe narco más poderoso de Rosario. Los balances de las empresas, como Logística Santino, con las que Alvarado lavó dinero llevan la firma de Mizzau.

Además, Sebastián Mizzau, hijo del contador, ingresó en 2017 a trabajar al juzgado de Bailaque. Uno de los balances que firmó Mizzau en la empresa de transporte que manejaba el jefe narco es de 2017, año en que su hijo ingresó al juzgado como sumariante. Hace un mes y medio fue trasladado, como una especie de ascenso, al Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario. El juez admitió en diálogo con este diario las dos situaciones polémicas: que su contador es Mizzau y que el hijo de este ingresó como sumariante en el juzgado federal a su cargo.

El ascenso como solución

La dinámica de la justicia federal de Rosario muestra que alguien que está cuestionado no se lo aparta ni se lo sanciona, sino que se lo asciendo. “Sale hacia arriba”, ejemplifica una alta fuente judicial. En el caso del juez federal N°4 de Rosario Bailaque, pasó eso.

Desde el 7 de abril de 2018, Bailaque espera que se defina su ascenso a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Sacó el puntaje más alto en el concurso N°373 para ser vocal de ese cuerpo. Bailaque obtuvo 146 puntos y quedó en primer lugar en la terna en orden de mérito, detrás de Marcelo Del Teglia, y de Daniel Alonso.

Alonso es otro de los jueces cuya situación es delicada y está bajo análisis del Consejo de la Magistratura, acusado de haber dictado una medida contra un fallo de la Corte.

Desde que Bailaque ganó el concurso, su nombre estuvo dando vueltas para cubrir esa vacante, pero nunca se concretó su nombramiento. Unos días antes de que LA NACION revelara esta trama entre el juez, el contador y el jefe narco, a Bailaque lo designaron para que subrogue otro juzgado, el de Rafaela, desde el 9 de junio pasado hasta el 8 de junio de 2025. Ahora tiene dos juzgados a su cargo.

Quién es Bailaque

Bailaque se recibió de abogado en 1987 en la Universidad Nacional Rosario y su primer desembarco en la Justicia fue en la provincia de Santa Cruz, donde fue defensor oficial y luego, en 1997, juró como juez de instrucción en Caleta Olivia. De la Patagonia saltó a Rosario, donde en 2008 fue designado magistrado en el juzgado federal N°4. Bailaque rechaza la versión que circula de que llegó a ese cargo a partir de una relación que se originó en los 90 con Néstor Kirchner.

Desde el 6 de junio está en vigor el régimen acusatorio en Rosario, pero en el anterior sistema inquisitivo, la columna vertebral de la justicia federal de Rosario eran los dos juzgados federales, uno ocupado por Carlos Vera Barros; el otro, por Bailaque.

Estos jueces acordaron una manera de trabajar que es bastante común en algunas jurisdicciones. Cuando estaban de turno, cada 15 días, delegaban casi todas las causas en los fiscales federales, que eran tres hasta que empezó a regir el nuevo sistema.

En ese esquema se ampara Bailaque, según el descargo que presentó en el Consejo de la Magistratura, para defenderse sobre el caso puntual de la investigación contra Alvarado. Sin embargo, según consta en el sumario que se lleva adelante en ese cuerpo, este magistrado generó una demora en la instrucción de la causa al rechazar o demorar en autorizar las intervenciones telefónicas contra Alvarado y su entorno.

En 2013, el entonces jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Emilio Lencina presentó una serie de informes contra Alvarado y los nexos que tenía con el narcotráfico. El diputado Carlos Del Frade aseguró que Bailaque fue “cómplice” del jefe narco, porque “se negó sistemáticamente a investigarlo” y “lo protegió durante casi 10 años”.

También en 2013, el entonces diputado nacional Jorge Álvarez pidió al Consejo de la Magistratura que investigue al juez, ante la sospecha de que el magistrado beneficiaba a los criminales con “la constante fragmentación” de las causas por narcotráfico. A esa denuncia se sumaron las que realizaron el entonces senador radical Lisandro Enrico y Maximiliano Pullaro, que era diputado y hoy es gobernador, por irregularidades en la actuación de la justicia federal en el marco de causas por narcotráfico.

Las bandas narco y la Justicia

En ese momento había explotado la llamada guerra narco en Rosario y la justicia federal estaba ajena a lo que pasaba en la calle. La crisis comenzaba a generar una violencia nueva, extrema y hasta teatral, cuyos protagonistas eran distintos eslabones del narcotráfico local, como los miembros de la banda de Los Monos, Alvarado, el fallecido Luis Medina, entre otros.

Ante la urgencia de abordar la situación que había provocado un problema no solo de seguridad, sino político, la justicia provincial comenzó a iniciar causas contra los narcos por asociación ilícita y homicidios. Las organizaciones narco más importantes fueron condenadas primero en la justicia provincial y después en el fuero federal.

Un ejemplo es la causa de Los Monos, que fue cuestionada por fiscales federales por la instrucción que llevó adelante el juez Juan Carlos Vienna, actualmente jubilado, que se inició en 2012 y terminó con fuertes condenas en abril de 2018.

Esa causa fue cuestionada durante la instrucción por los fiscales federales y estuvo a punto de naufragar, cuando en la gestión del socialista Antonio Bonfatti funcionarios impulsaron un acuerdo de juicio abreviado con el líder de la banda Ariel “Guille” Cantero, que establecía una pena de nueve años de prisión al encuadrar su acusación como partícipe secundario del crimen de Diego Demarre. El camarista Daniel Acosta rechazó el acuerdo. Años después, los abogados de Los Monos señalaron que se cayó porque era demasiado beneficioso para el líder de Los Monos. En ese momento, en medio de la campaña electoral, Miguel Lifschitz fue uno de los que rechazó ese acuerdo y finalmente se cayó. Hoy, el líder de esta organización carga con condenas a más de 130 años de prisión.

Con Alvarado ocurrió lo mismo. Los fiscales provinciales Schiappa Pietra y Edery comenzaron a investigar la organización que conducía este narco a partir del crimen del prestamista Lucio Maldonado en noviembre de 2018. El 3 de febrero de 2019 este criminal fue detenido en un camping en Embalse Río Tercero, donde se escondía. Bailaque procesó a Alvarado en diciembre de ese año, después de que el narco cayera en desgracia, por una causa por tráfico de drogas, luego de que secuestraran en Río Negro un cargamento con 497 kilos de marihuana.

En los alegatos del juicio contra Alvarado en el fuero provincial, en mayo de 2022, cuando fue condenado a prisión perpetua, Schiappa Pietra y Edery advirtieron, en base a los dichos del jefe de la PSA Lencina: “La organización de Alvarado es una estructura de poder que creció gracias a los resquicios de legalidad que dejó el Estado y contó con el apoyo de funcionarios por acción u omisión”. Fue entonces cuando enviaron el expediente al Consejo de la Magistratura para que investigara la conducta del juez federal, que tardó nueve años en procesar a Alvarado y solo lo hizo luego de que fuera detenido por la investigación de los fiscales provinciales.