La decisión del Gobierno de designar a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para que audite los gastos de las universidades nacionales ha sido judicializada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que sostiene que no compete a ese organismo inmiscuirse en las cuentas universitarias porque daña su autonomía y porque ya hay otros entes que se encargan de la cuestión.

Si se confirman las numerosas sospechas sobre manejos espurios con los dineros de esas casas de altos estudios, podría afirmarse, sin temor a dudas, que de poco o nada valieron las otras auditorías aceptadas por las autoridades universitarias. Vaya como ejemplo una reciente investigación de LA NACION, que arrojó como resultado la existencia de una enorme “caja de Pandora” en esos gastos. Se trata de al menos 2566 convenios firmados por alguna agencia, dependencia o empresa pública con una o varias casas de estudios para la realización de auditorías, servicios de call center, investigación de mercado, controles de precios, pasantías, publicación de libros y, por supuesto, muchos que tienen que ver con apoyos técnicos.

Sin embargo, ese gigantesco gasto sobre el que hoy pone la lupa el gobierno nacional terminó por generar un festival de contrataciones de cuya eficacia se duda, degradando así un sistema de contratación que no se controló hasta aquí debidamente y del que apenas se ve una pequeña parte.

La presentación de las autoridades de la UBA –a la que siguió un escrito de la Sigen ante la Justicia para que la casa de altos estudios presente la documentación sobre la utilización de los fondos públicos que le otorga el Poder Ejecutivo– recayó en un juzgado en lo contencioso administrativo federal, que emplazó al Gobierno a que, en un breve plazo, argumente cuáles son las razones para la intervención de la Sigen en este asunto.

Los recursos públicos son finitos y nadie en nombre del Estado puede arrogarse la pretendida facultad de gastarlos sin rendir debida cuenta

“No nos oponemos. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Pedimos que la Justicia decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno se encuentra dentro del marco legal vigente”, sostuvo el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, quien no obstante reconoció que esa casa de estudios “se ha desfinanciado y eso es obvio” y que están “haciendo un esfuerzo enorme, como también pasa con el Conicet”, institución con la que la UBA “está íntimamente ligada”.

No es menor la admisión de Gelpi. De ella podrían surgir varias preguntas: ¿por qué está desfinanciada?, ¿desde cuándo?, ¿qué organismo estaba al tanto de ese desfinanciamiento?, ¿qué medidas se sugirieron?, ¿en qué estado de cumplimiento se encuentran –si los hay– los procesos de recuperación? Y una larga serie de etcéteras que son los que precisamente ha puesto en debate el Poder Ejecutivo.

Las autoridades de la UBA sostienen que varios organismos están al tanto de la evaluación de sus gastos, entre ellos, la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano de control externo dependiente del Congreso; la cuenta de inversión, que es la rendición del presupuesto anual; el Poder Ejecutivo, mediante informes de gastos remitidos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y balances semestrales a la Contaduría General de la Nación, en la órbita del Ministerio de Economía. Y que, además, existe para tal efecto la Auditoría General de la Universidad, independiente de la administración universitaria, cuyo titular es designado por el Consejo Superior, órgano colegiado donde están representados todos los claustros y los distintos espacios políticos.

Algunos especialistas en derecho coinciden con la posición de la UBA. Otros, sin embargo, recuerdan que esa casa de altos estudios fue auditada por la Sigen de forma regular desde 2013, y que fue en 2022, a través de un dictamen del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que se impidió dicho control, con lo que la decisión del actual gobierno vendría a recomponer las competencias del órgano nacional.

Si las universidades nacionales nada tienen que esconder, si están siendo auditadas por otros organismos, ¿cuál es el motivo entonces de tanta resistencia?, ¿qué tienen para ocultar?

“No veo una imposibilidad jurídica de que una universidad que es del Estado sea auditada por la Sigen. Está entre el capricho y la intención de ocultar datos. Todos sabemos que hay gastos en la universidad que se utilizan políticamente”, sostuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La pregunta que surge, en todo caso y mientras se espera que la Justicia emita su pronunciamiento, es la que se formulan innumerables ciudadanos de a pie: si las universidades nacionales nada tienen que esconder, si están siendo auditadas ya por otros organismos, ¿por qué semejante resistencia?

Es ya sabida la postura de Javier Milei sobre el recorte de gastos en el Estado nacional. Respecto de la reacción de las autoridades de la UBA, el Presidente azuzó: “¿Está claro que la negativa por parte de la UBA a ser auditada es un gran escándalo? En definitiva, movilizaron recursos de todo tipo para montar las marchas y usaron a los estudiantes en todo el país (con mentiras) para que no tuvieran que dar cuentas de sus gastos”.

A propósito de las marchas por la supuesta “defensa de la universidad pública”, cuya asistencia fue notablemente inferior en la segunda respecto de la primera y en las cuales se colaron desembozadamente dirigentes partidarios y sindicales totalmente alejados de la realidad docente y estudiantil, se prepara una nueva movilización, esta vez para mediados del corriente mes. Según se conoció, la medida fue votada afirmativamente durante una asamblea interfacultades, en rechazo del “desfinanciamiento” y se dispuso que sea debatida en las distintas instituciones públicas a lo largo del país. También analizan cortes de calles y movilizaciones, entre ellas a la CGT, para pedir que se convoque a un paro nacional.

Las autoridades de la Sigen han señalado con acierto que “si hay un actor de la sociedad que debe dar el ejemplo de transparencia son las universidades”.

En oportunidad de la discusión abierta por la sanción de la ley de financiamiento universitario, el veto presidencial y su ratificación por parte del Congreso, hemos dicho desde este espacio editorial que debería ser este momento una oportunidad para debatir seriamente alternativas dirigidas a blindar el presupuesto de las universidades públicas mediante fórmulas más sustentables que fortalezcan su autonomía y autarquía, tomando especialmente en cuenta que hoy la realidad muestra que muchas de esas casas de altos estudios no son sustentables, al tiempo que el elevado número de estudiantes que tienen no se condice con el de sus graduados.

Es de esperar que la búsqueda de esas alternativas se oriente a pensar no solo en cómo resolver el presente, sino el mediano y largo plazo de la enseñanza universitaria, acercando cada parte al debate algo más que meras soluciones voluntaristas basadas en la inyección de recursos de un Estado que debe dejar definitivamente atrás el crónico desequilibrio fiscal producido por tantos años de ineficiencia de gestión, abuso de poder y malversación de los dineros públicos.

No se trata de seguir poniendo remiendos, sino de tejer un nuevo entramado en el que todos tengan participación, pero con la mira puesta en que los recursos públicos son finitos y que nadie, en nombre del Estado, puede arrogarse la pretendida facultad de gastarlos sin rendir las debidas cuentas.