Luego de que el Gobierno continuara con las medidas que apuntan a controlar algunos precios y a mantener el ritmo de desaceleración, varias consultoras privadas corrigieron levemente a la baja sus primeras proyecciones de que abril terminaría con una inflación de un dígito, que rondaría entre el 8% y el 9%. Además, agregaron previsiones de una caída todavía más fuerte para mayo, pero con riesgos para el cumplimiento del equilibrio fiscal si se mantiene el atraso en las tarifas.

Esta tarde se conocerá el dato oficial del Indec, y varios analistas se basaron en la desaceleración de los precios del rubro Alimentos y bebidas, y en la postergación del ajuste de los precios regulados, especialmente luz y gas, lo que provocó que el IPC general mantenga la tendencia descendente, incluso por debajo de lo que se proyectó a lo largo del mes.

En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que lleva a cabo mensualmente el Banco Central (BCRA), por ejemplo, el último informe de abril estimó que la inflación mensual habría sido del 9%, lo que significó una baja de 1,9 puntos porcentuales respecto del mes pasado. A su vez, la estimación del Central para mayo fue de 7,5%, también por debajo de la encuesta previa, en este caso, 1,5 puntos porcentuales.

Según la medición para GBA realizada por Orlando Ferreres y Asociados (OJF), el aumento de abril sería de 9,6%, con una variación de la núcleo de 5,2%. Para esta región, Vivienda y Educación fueron los rubros que encabezaron las subas. Aunque la acumulada del año, con este agregado, daría 295%, Fausto Spotorno aclaró que para el resto del país la medición general daría por debajo del valor para el Gran Buenos Aires.

Como explicó Camilo Tiscornia en otra ocasión, partiendo de la base de que también la medición de la CyT se realiza para el GBA, y estima un 8,7%, la diferencia a nivel nacional se explicaría “por el mayor impacto de las tarifas”, por lo que la general sería más baja.

En la consultora Analytica, que hace unas semanas proyectaba la inflación de abril en 9,8%, corrigieron ese valor y ahora estiman un número más cercano al 9,2%. “Ajustamos a la baja principalmente porque los precios que relevamos mostraron un descenso marginal mayor al que preveíamos en la medición anterior”, explicó Claudio Caprarulo, economista de la firma.

En este sentido, el punto clave es la postergación en el aumento de los precios regulados (tarifas y combustibles), que determinó la tendencia de caída del IPC, incluso a niveles más bajos de los que se previa. Pero esta medida tiene sus riesgos: “Postergar tarifas quita presión sobre el índice de precios, pero, por otro lado, impacta negativamente en el resultado fiscal, el pilar de la economía del Gobierno”, agregó el especialista.

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También LCG, que había proyectado un cierre de abril en 9%, indicó en su último informe que esperan que la inflación mensual se ubique alrededor del 8%, luego de que el registro para la ciudad de Buenos Aires diera 9,8% la semana pasada, una región que, explicaron en la consultora, “tuvo incrementos en el servicio de agua que el resto del país no presentó”.

Por otro lado, Rocío Bisang, de EcoGo, mantuvo la estimación del 8,8%, con un panorama optimista para mayo. “Esperamos que la decisión de postergar tarifas tenga un impacto importante en el índice, de cerca de dos puntos porcentuales. Eso, sumado al freno en el consumo, nos deja una inflación que, de forma preliminar, se ubicaría en torno al 4%”, detalló.

Pese a esto, el atraso en la actualización de tarifas tiene un impacto también en el plano fiscal, como sostuvo Caprarulo, por lo que deberá corregirse eventualmente si se pretende mantener el déficit fiscal cero. “Esto va a repercutir de forma directa en la inflación”, aclaró Bisang.

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A su vez, Econviews mantiene la proyección del 9%, pero con un riesgo a la baja, como contó Alejandro Giacoia, lo que podría implicar que el mes haya terminado entre 8% y 9%.

Además, sobre el retraso de los incrementos de servicios públicos, enfatizó en el mismo sentido que el resto sobre el costo fiscal de mantener subsidios. “De todas maneras, creo que son ajustes que tarde o temprano hay que hacer. Entonces, en mayo puede ayudar a que dé un poco más bajo el índice, pero es inflación que en algún momento se va a dar. Si no se hace en mayo, en el mes que se haga la corrección. Va a implicar más presión por el lado de regulados”, sostuvo Giacoia.

A este escenario futuro agregó que los aumentos en luz y gas tienen efectos de segunda ronda, ya que impactan de forma directa en el IPC e indirecta en los precios de otros bienes y servicios, al representar aumentos para comercios e industrias, que generan que estos se disparen también.

La proyección de una caída todavía más fuerte para mayo es, por el momento, una constante. En la última publicación de Indicadores de Coyuntura de la revista de FIEL, Juan Luis Bour, economista jefe de la firma, escribió que para este mes estiman una inflación del 6% o menos, y explicó: “Los factores de ese descenso incluyen una notoria dureza fiscal y monetaria, el uso del ancla cambiaria, la persistencia de elementos de represión financiera (cepos) que desploman la brecha cambiaria, la decisión de postergar ajustes tarifarios desde mayo y la expectativa de prevalencia de que este escenario descendente se puede mantener unos cuantos meses”.

La sostenibilidad, como enfatizaron los especialistas, depende exclusivamente de la meta fiscal del Gobierno. Tomás Canosa, coordinador del área de Economía de Fundar, contó, en diálogo con LA NACION que la desaceleración, si bien es una buena noticia, se da por una conjunción de factores, y algunos no son tan positivos como otros: el esquema cambiario con depreciación del 2% mensual, que hace que el tipo de cambio corra por detrás de la inflación; el resultado fiscal con superávit en las cuentas públicas, la contracción de la actividad y la postergación de los aumentos de servicios públicos.

Sobre esto último remarcó: “Esto va a hacer que no se actualicen los precios que generarían un aumento directo e indirecto del IPC. Es una situación que no es sostenible y tampoco sana. El punto central es lograr una política en materia de servicios que no se atrasen y que, al mismo tiempo, no reciban ese beneficio segmentos de la población que no lo necesitan, porque en este contexto, más que nunca, es indispensable que aquellos que más lo necesiten sí cuenten con tarifas bonificadas en los servicios públicos”, concluyó.