La decisión en el Gobierno está tomada y su ejecución será “un proceso” progresivo a partir del año que viene. Según pudo conocer este medio, el único de los hospitales nacionales que retendrá el Ministerio de Salud será el Garrahan “en principio” y los restantes –ubicados en la ciudad, la provincia de Buenos Aires y Santa Cruz– seguirán perteneciendo a la jurisdicción nacional, pero con una administración privada, de acuerdo con opciones que analizan en esa cartera y conversaciones con grupos que manifestaron interés.

Como vienen expresando desde la Jefatura de Gabinete, argumentan una y otra vez en el equipo a cargo de Mario Lugones que la Nación no tiene por qué tener hospitales porque no es un prestador y la atención de la salud, como la educación, es responsabilidad de los gobiernos provinciales. “El Garrahan, que es emblemático y atiende el 60% de los trasplantes pediátricos del país, debería quedar en la órbita del ministerio”, señalan sobre lo que aseguran que está decidido.

Afirman, a la vez, que la posibilidad de un traspaso de esos centros a las jurisdicciones fracasó luego de que las autoridades de los tres distritos rechazaran la propuesta. Su funcionamiento demanda más de $308.416 millones, de acuerdo con la estimación presupuestaria para 2025.

Mientras que la Ciudad ya cuenta con tres hospitales especializados en la atención de la salud mental (Borda, Moyano y Tobar García para menores), como también es el Hospital Laura Bonaparte (ex Cenareso) que administra la Nación en ese distrito, en la provincia de Buenos Aires rechazan de lleno un traspaso sin presupuesto.

“Los hospitales nacionales no fueron pensados ni planificados para la administración de las provincias, por una cuestión presupuestaria que claramente está fuera del alcance del presupuesto provincial y por otro lado por su funcionamiento en términos de red. Son hospitales que reciben los casos más complejos de todo el país”, plantean desde el Ministerio de Salud bonaerense. “No es posible recibirlos en las condiciones como se quieren desprender. Si eso es con un presupuesto acorde, sí, pero hay que hacer una mesa de trabajo para ver cómo se insertan en la red de atención .”

En tanto, en el Ministerio de Salud porteño explican que no trataron el tema con la cartera nacional. “Desde ya que si lo quieren pasar con los recursos, lo evaluaremos seriamente”, dicen.

Además del Garrahan, que la Nación comparte en un 80% con la Ciudad, el ministerio financia el Hospital de Alta Complejidad de El Calafate (Santa Cruz), el Hospital Posadas (Morón), el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce (Florencio Varela), el Hospital Baldomero Sommer (General Rodríguez), el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner (Cañuelas), el Hospital de Alta Complejidad Del Bicentenario (Esteban Echeverría), el Hospital Nacional y de Comunidad Ramón Carrillo (antes, Colonia Montes De Oca), el Hospital René Favaloro (La Matanza) y el Hospital en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte (ciudad de Buenos Aires).

En el caso del Posadas, Sommer, Carillo y Bonaparte, el financiamiento es solo nacional. En el hospital cofinanciado con la provincia de Buenos Aires y La Matanza, el municipio tiene que aportar el 3%, pero argumentó hacerlo a través de un descuento de ABL para cortar el césped. En el caso del hospital de El Calafate, el aporte que depende del municipio tampoco es en efectivo, sino mediante el cobro del servicio por ambulancia que le provee al Parque Nacional. “Sabemos lo que la Nación transfiere, pero no hay control –agregaron en Nación–. Por eso, está designando al presidente y el director general de administración .”

En los últimos días, en Salud comenzaron las reuniones con las autoridades de algunos de esos centros para revisar los procesos de compras, las contrataciones y el recupero de prestaciones, entre otros puntos de la administración interna de los recursos. En esas conversaciones, según detallan, les estarían transmitiendo a los responsables de la gestión hospitalaria que los resultados de las mejoras que logren deberían utilizarse para mejorar los salarios. “Se les está pidiendo que los ahorros se transfieran al personal de salud de acuerdo con su productividad”, ampliaron.

En el segundo piso del edificio ubicado sobre la avenida 9 de Julio, donde se llevan adelante esas reuniones con la participación del propio Lugones y Cecilia Loccisano, secretaria de Gestión Administrativa y viceministra de Salud, anticipan que hay grupos privados interesados en ese modelo bajo estudio –del que aún no hay más definiciones–, reconocen que hubo “algunas conversaciones” e insisten en que, de darse ese cambio, no debería afectar el acceso de los pacientes a los servicios en esos hospitales.

“El ministerio puede ir disminuyendo el financiamiento en cuatro o cinco años mientras lo van reemplazando. No se les puede retirar el financiamiento a los hospitales de golpe. Es inviable”, resumen sobre lo que están analizando y consideran “viable” tras la negativa de las provincias. “La población tiene que saber que la van a seguir atendiendo”, insisten ante la consulta. “Hay conversaciones y las autoridades designadas en los hospitales saben que va a suceder. Están ordenando todo”, amplían.

Si bien desde la Casa Rosada habían mencionado el modelo español de gestión privada de centros públicos, en Salud aclaran que tendrá “particularidades” de acuerdo con cada hospital. “No va a ser igual”, prevén, sin más definiciones aún.