La fiscalía federal de Rosario amplió la imputación contra siete de los ocho efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe que el año pasado habían sido acusados de realizar un allanamiento ilegal para robar 15 kilos de cocaína, armas y más de 50.000 dólares. Ahora sumaron cargos por vender esa droga.

En una audiencia ante el juez de Garantías Carlos Alberto Vera Barros, el titular del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Javier Arzubi Calvo detalló la acusación contra los oficiales Guillermo David Toledo, Sergio Nicolás Robledo, Iván Severino Schneider, Jesús Ángel Balais, Gerardo Sebastián Pérez, Fernando Nicolás Ferreira, Renzo Maximiliano Michelud y Agustín Mario Andrés Martínez, quienes ya habían sido imputados por el episodio ocurrido el 13 de agosto pasado en el barrio Azcuénaga, de Santa Fe.

Según informó el Ministerio Público en su portal institucional fiscales.gob.ar, “en dicha oportunidad, con violencia y bajo amenazas, privaron de su libertad a cinco personas −dos de ellas menores de edad− y les sustrajeron entre 12 y 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285.000 pesos". Por eso acumulaban cargos por violación de domicilio, robo agravado, falsedad ideológica, asociación ilícita y encubrimiento.

Arzubi Calvo también imputó por comercio de estupefacientes a Miriam Alejandra Gallegos, pareja del oficial Toledo, y a sus hermanos Guillermo Jonás y Leonardo Manuel Gallegos, quienes fueron detenidos el 9 de enero de este año tras cinco allanamientos en Rosario y Santa Fe.

“Los peritajes practicados sobre los teléfonos celulares incautados a los policías cuando fueron detenidos en octubre de 2024 evidenciaron que los ahora imputados se quedaron con la droga sustraída en el procedimiento fraguado por los funcionarios policiales, que trasladaron en parte a la ciudad de Santa Fe y comercializaron allí a través de sus familiares”, se explicó en fiscales.gob.ar.

Tras esa constatación, la Unidad Fiscal Rosario también imputó a todos los policías −excepto a Martínez− como coautores del delito de “comercio de material estupefaciente doblemente agravado por su calidad de funcionarios públicos y por realizarlo tres o más personas en forma organizada”.

Asimismo, en la misma audiencia, el Ministerio Público formalizó la investigación respecto de María Alejandra Gallegos -pareja de Toledo-, quien habría colaborado en el transporte y la venta del estupefaciente sustraído, y de sus dos hermanos -Guillermo Jonás y Leonardo Manuel Gallegos- por haber “fraccionado y comercializado la droga junto a una mujer que aún no fue ubicada”. El juez Vera Barros dispuso la prisión preventiva de la mujer y de sus hermanos.