La política, como todos sabemos, está sometida a una tormenta, por la exhumación de informaciones y pormenores de la vida ya no privada, sino secreta, de Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Revelaciones que salen a la luz y van generando círculos concéntricos de crisis. El expresidente había prometido en el primer momento de este escándalo no hablar ante la prensa. Lo hizo el viernes. Este lunes por la noche se publicó una entrevista realizada por Mar Centenera y Martín Sivak en El País que, para los lectores del diario español, incluye las referencias y declaraciones que había hecho previamente Fabiola Yañez en diálogo con Infobae el sábado pasado. En la charla entre el ex titular del PJ y El País, no se aportan demasiados datos nuevos. Él dice cosas que ya presumíamos que las iba a decir por todos los trascendidos off the record que salieron de su entorno en los últimos días. Pero hay dos curiosidades. Primero, dice no recordar en qué contexto fue aquel intercambio feroz que refiere su exmujer, donde hubo golpes. Niega los golpes, pero no la conversación. Lleva a pensar que había muchas conversaciones de ese tipo como para que las confunda. Lo otro, todavía más llamativo, es que Fernández diga que no puede reconstruir esas conversaciones porque desaparecieron, como por arte de magia, los chats que tenía con su ex mujer en el celular que le secuestró la Justicia. Alega: “Los del 2021 y 2022 no están más. Desaparecieron y, por lo tanto, no puedo reconstruir lo que pasó”. Es extraño que no lo sepa, salvo que alguien, tal vez él, los haya borrado.

Acá entramos al problema político, que inquieta a muchas personas. Hay un conflicto político alrededor de Alberto Fernández, eso es una obviedad. Hay un conflicto político en el peronismo, que viene de una derrota muy importante y se ve sacudido por este vendaval de escándalo ligado a una de las banderas que el kirchnerismo agitó como principal: la bandera de género. Ahora este problema se amplía. Hubo un allanamiento en la casa del expresidente durante el cual le pidieron el teléfono. Le preguntaron si quería abrir su celular, un iPhone 15, que es muy difícil de descifrar si uno no tiene las claves necesarias. Pero Alberto Fernández lo desbloqueó y lo entregó a la Justicia facilitando que puedan entrar a dicho teléfono. Como es de imaginar, esto puso a temblar a una legión de allegados a Fernández, desde su entorno más cercano hasta exfuncionarios de su gobierno, empresarios, otros dirigentes peronistas y magistrados judiciales. Estos últimos tenían un intercambio permanente con el expresidente, inclusive algún ministro de la Corte Suprema con el que él habría tenido mucho contacto. Sobre todo en el momento en el que Fernández decidió iniciar un juicio político, que después se delegó en la bancada peronista de la Cámara de Diputados, contra tres ministros del Tribunal Supremo. Para ponerlo en términos del oficialismo: “Tiembla parte de la casta”. Hoy tienen un poder inusitado el juez Julian Ercolini, el fiscal Carlos Rívolo, quien tramita la causa, y Ramiro González, quien se sumó a la investigación.

El otro capítulo de toda esta historia son las declaraciones de Yañez en Infobae. Allí no habla de golpes, los sugiere. Se cubre al decir que no va a hacer comentarios sobre esos maltratos físicos porque están siendo investigados por la Justicia. Sabemos que Alberto Fernández niega eso. Respecto de la foto con un ojo negro, él dice que fue por una aplicación de botox y que por eso el párpado no está hinchado y, por consiguiente, no es un hematoma de los que se suelen presentar cuando hay un golpe. Él afirma, habrá que ver cómo se procesa este detalle en la causa judicial, que la vió Federico Saavedra, médico presidencial, y que manifestó lo que ahora Fernández explica. Judicialmente, todos estos argumentos tienen muy poca fortaleza. No solo porque sean inconsistentes en sí mismos sino porque hay jurisprudencia, inclusive de la Corte, respecto de que la Justicia para los casos de violencia de género debe actuar con una perspectiva que le da prácticamente de manera indiscutible la razón a la víctima. Con el testimonio de Fabiola Yañez, la condena de Fernández está bastante asegurada.

La ex primera dama se queja tanto en la entrevista, como durante el gobierno de Alberto Fernández, de lo que para ella fue una pesadilla. Malos tratos no solamente del Presidente sino de todos su entorno. Se sentía menospreciada, burlada y especialmente sensible de que se le haya cargado a ella la derrota electoral por la fiesta de Olivos durante la cuarentena. Todo esto la llevó a pensar en ir a vivir a Madrid, con el argumento de que iba a ser víctima de bullying en la Argentina durante toda su vida y no iba a poder ni retirar a su hijo Francisco del jardín de infantes. Finalmente, habría hecho un acuerdo con Fernández para radicarse en España, obtener un departamento y percibir una remuneración de 10.000 euros por mes. El departamento se lo consiguió, por un tiempo, el ex embajador Carlos Bettini, hasta que se mudó a uno más pequeño. Las condiciones pactadas aparentemente no se cumplieron y fue lo que habría desencadenado estas denuncias. ¿Acuerdos no cumplidos? ¿Amenazas? Alberto Fernández dice que está siendo extorsionado, que Yañez le pide tres millones de euros. Él le preguntó: “¿De dónde los voy a sacar?”, y ella le contestó: “De los empresarios que se enriquecieron durante tu presidencia”.

Golpes y agresiones, un plano de todo este drama.  Compromisos no cumplidos, pactos que se rompieron y extorsiones, un segundo plano en esta historia. ¿Hay también venganza? Es significativo cómo en muchas notas periodísticas de los últimos días, hay siempre una aclaración que parece venir del juzgado de Ercolini: “Acá no se trata de una venganza. No hay ningún tipo de represalia contra Fernández”. Hay que poner en contexto esa aclaración. Si nos remitimos a la historia de Alberto Fernández como profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, apreciamos que trabajaba en la cátedra de Esteban Righi, donde también era adjunto Julián Ercolini. Había en ese entonces una relación de amistad y camaradería entre ambos, vínculo que se rompe en junio de 2019, cuando el juez decide procesar a dos empresarios kirchneristas a quienes patrocinaba Alberto Fernández como abogado. Eran Cristobal López y Fabián De Sousa. El procesamiento de ambos, por haber retenido impuestos que no pagaron y, probablemente, haber derivado el producto de esa retención a un empresario muy ligado al kirchnerismo, Osvaldo José Sanfelice, habría enardecido a Fernández. Tanto que hu bo una escena muy violenta dentro del juzgado cuando se produjo ese procesamiento. En septiembre de 2019, mientras seguía la campaña electoral, se realizó un homenaje a Esteban Righi, ex Procurador General de la Nación con Cristina Kirchner, en la Facultad de Derecho. Alberto Fernández pronunció un discurso, en el que lloró, y dijo: “Había otro adjunto en la cátedra. Pero ese adjunto no merece ser mencionado por que es un juez indigno”. Después, lo menciona también a Ercolini en términos muy peyorativos, cuando Fernández enumera a los jueces que, según él, perseguían injustamente a Cristina Kirchner.

Esta historia de Fernández y Ercolini tiene un remate todavía más agresivo, y es cuando se produce aquel viaje de jueces, funcionarios de Seguridad y exfuncionarios de inteligencia a Lago Escondido, organizado por directivos del Grupo Clarín. Entre esos viajeros estaba Julián Ercolini. Y Alberto Fernández toma la cadena nacional para castigar a todos estos magistrados, al Grupo Clarín, etc. Hubo colaboradores que le dijeron que no se ensañe tanto, que se estaba comprando mucho poder en contra y, además, le insistían con que Cristina no lo iba a indultar porque dijera eso, debido a que ya lo tenía condenado. Era un momento muy avanzado de la presidencia de Fernández, donde la relación con la vicepresidenta estaba terminada. Entre ese grupo de viajeros, hay quienes consideran que Fernández fue muy ingrato con esa cadena nacional porque recuerdan muchos favores hechos al expresidente. Incluso algunos por los cuales Fernández casi le debería la presidencia al Grupo Clarín.

En este contexto, hay que poner el video que se viralizó a fines de la semana pasada de Tamara Pettinato charlando con el exmandatario en el despacho presidencial. Es uno de tres videos con ella. Los otros todavía no aparecieron. Dicen que hay uno donde ella está sentada en el Sillón de Rivadavia y dialoga con él con mucha sorna. ¿Quién es Tamara Pettinato? Todos sabemos de ella, pero hay una dimensión que es importante rescatar para entender si hay venganza o no en esta cuestión. Pettinato es la novia de José Glinski, muy ligado a Wado de Pedro, y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Glinski es el funcionario al que se atribuye haber filtrado los datos de ese viaje a Lago Escondido. Uno tiene derecho a preguntarse si la selección de esos videos de Tamara Pettinato, de la colección infinita que habría en el celular de Fernández, no es parte de esta represalia de quienes se vieron perseguidos o vilipendiados por él con aquel viaje. ¿Hay una venganza de Ercolini? Él deja trascender que no. ¿Hay una venganza de los “Huemules”, como se llamó simpáticamente al grupo que viajó al sur? Habrá que seguir viendo.

Sobre estos se monta la política. Lo primero que hay que rescatar de la cantidad de curiosidades y trampas del destino que hay en esta historia es que se vuelve a ratificar la falta de talento y enorme dificultad de Cristina Kirchner para elegir candidatos. Anibal Fernández, Amado Boudou, ahora este final trágico de Alberto Fernández. Como si no pudiera registrar al otro, propio de alguien que se registra demasiado a sí mismo. Máximo Kirchner tal vez tendría algún reproche. Habrá que ver si se anima a mirar a la madre a los ojos y decirle lo que piensa ya que, cuando se seleccionó al candidato al PJ en 2019, él estaba a favor de hacer un pacto con Massa y que se convirtiera en el candidato a presidente. Probablemente, eso actuó en favor de Massa cuando, en el 2023, fue candidato a presidente. Había dos personas que sabían donde estaba la cabeza de Cristina en aquel momento: Máximo Kirchner y Oscar Parrilli. Parrilli se inclinó a favor de Alberto Fernández. Alguien que no sabía de esto, porque Cristina no le había abierto el juego, es el diputado Eduardo Valdés. También opinó a favor de Fernández.

La referencia a Valdés es adecuada fue el único dirigente del peronismo que dijo que tal vez se esperaba que dijeran muchos dirigentes del peronismo: “Me sorprende lo que se está  publicando de Alberto Fernández, no lo creo más allá de que haya pruebas y de lo que dice Fabiola Yañez”. Es alguien que salió a acreditar la calidad humana de Fernández, el único que lo ha hecho hasta ahora.

La Cámpora, en cambio, sacó un comunicado diciendo no sólo que Fernández ejerció violencia sobre su esposa, sino que -lo que es más grave-, también la ejerció sobre Cristina  Kirchner. ¿Cuál fue la violencia que ejerció Fernández sobre Cristina Kirchner? En La Cámpora interpretan que es violencia no obedecer a Cristina porque, hasta lo que sabemos, lo único que le hizo Alberto Fernández, algo muy irritante por cierto para la personalidad de Cristina, es no haberle hecho caso en todo lo que ella pretendía que le hiciera caso. Es decir, la desobedeció. Eso podría ser interpretado como violencia, al menos por quienes están subordinados a Cristina.

Ella fue muy dura con él, dijo que había sido un mal presidente, lo mezcló en la misma calificación a Fernando de La Rúa y a Mauricio Macri. ¿Qué tendrán que ver De la Rúa y Macri en una polémica sobre violencia contra las mujeres? No sabemos. Pero convalidó los dichos de Fabiola Yañez y habló de una golpiza tremenda. Por eso, resulta tan raro que cuando a Fernández lo estaban entrevistando los periodistas de El País tuvo una conversación con un amigo que en ese momento le leyó un párrafo extenso del tuit de Cristina. Y dijo “coincido en casi todo”. Es difícil saber por qué coincide en casi todo, porque casi todo lo condena. Está pasando por un momento de confusión, pero no debe ser el único.

Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando De La Rúa, sólo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología.

Pero las imágenes que vimos…

Cuando Cristina Kirchner, a través de un tuit, ese sábado de 2019 a las 10 de la mañana lo designa candidato a presidente, con un gesto olímpico e imperial que ahora la complica para decir que no tiene nada que ver con la presidencia de Fernández, él estaba separado de Fabiola Yañez. En apariencia, la fue a buscar porque creyó que necesitaba una primera dama y la convocó para volver a unirse y llevarla a Olivos. Y en ese momento empezó esa historia que, según ella, fue trágica desde el primer día. Otra curiosidad es que hasta el viernes, en el departamento de Alberto Fernández, había una foto con su ex mujer, del día en que asumió la presidencia. Había fotos de ella en el departamento junto con una foto del expresidente uruguayo Pepe Mujica.

Este episodio de la vida secreta de Fernández y Yañez, plagado de fragilidad, de sordidez, oscuro, no termina de cubrir el problema a partir del cual se deriva, que es el negociado de los seguros. En 2004 -el segundo año de la  presidencia de Néstor Kirchner- un gran periodista económico ya fallecido del diario Página 12, Julio Nudler, publicó una nota que contaba los negocios de  Alberto Fernández con el mundo del seguro: él había sido superintendente de Seguros en el gobierno de Carlos Menem. En aquel entonces, censuraron a Nudler. Y salió Horacio Verbitsky a defender a Fernández, como lo defendió recientemente por este escándalo que tiene que ver con el negocio del seguro en el Banco Nación. Cuando LA NACION mencionó en junio del año pasado a Héctor Martínez Sosa por primera vez como  broker ligado a Fernández, Verbitsky salió a decir que se expresaban  los intereses de empresas de seguros que habían perdido sus negocios con el expresidente. Como cuando atacó a Nudler, siguió defendiendo a Fernández y sus opacas operaciones con seguros.

En 1997, hubo otro libro de Roberto Guzmán también ligado al mismo tema titulado Saqueo asegurado, y prologado por Domingo Cavallo que fue jefe de Fernández en el Ministerio de Economía. Este libro, y aquella nota de Nudler que vergonzosamente hicieron levantar de Página 12, iluminan la reposición en el gobierno de Fernández de los brokers de seguros en  el Banco Nación. Así como toda esta información que apareció ahora de los teléfonos de la exsecretaria de Fernández, María Cantero, en relación con los negocios de su esposo, Héctor Martínez Sosa, que sirviéndose de su amistad con el presidente generó este negocio de miles y miles de millones.

Repusieron a los brokers que se habían alejado con Juan Ignacio Forlón, de La Cámpora, en el Banco Nación. Lo mismo pasó con Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que heredó este sistema montado por Martínez Sosa y también por otro operador de seguros, Pablo Torres García, muy ligado al gobierno de la Ciudad. Kicillof tuvo que eliminar lo que recibió en herencia de Daniel Scioli y de María Eugenia  Vidal, también en intermediación en contratos de seguros.

Todo esto es materia de investigación judicial. A Fernández se lo acusa por un decreto donde desapareció un artículo que mencionaba los brokers de seguros en una regulación del Compre Nacional. Hay quienes dicen que, al desaparecer ese artículo, se impidió la reglamentación de la figura del broker; hay quienes dicen que no, que al desaparecer ese artículo lo salvó Vilma Ibarra, su secretaria de Legal y Técnica, que le recomendó que el tema no figure a nivel presidencial en ese decreto. Y que la intervención de brokers en la adquisición de seguros por parte del Estado fuera materia de los funcionarios de menor jerarquía. Esta recomendación de Vilma Ibarra, aparentemente, le dio a Alberto Fernández la posibilidad de decir: “Tanto no me interesaba garantizar el negocio de los brokers que lo hice desaparecer del decreto”. Habrá que ver qué opina la Justicia cuando investigue este negocio.

Esta cuestión estalló porque Osvaldo Giordano, el primer titular de la Anses de este gobierno -a quien echaron de mala manera porque su esposa no votó la primera versión  de la ley Bases en el Congreso-, denunció la existencia de todo este negociado con intermediarios del seguro, que tiene profundas raíces en la historia. Un interrogante frecuente en estos días: cuando Giordano denunció, ¿interrumpió un negocio que se estaba armando en este gobierno también ligado al Banco Nación? ¿Tiene algo que ver el empresario Horacio Miró con  la intermediación en seguros, finalmente  frustrada porque Giordano se enoja y tira del mantel? ¿Cómo es la relación de este Gobierno con el mundo del seguro? Pareciera que hay costumbres de la casta que continúan.

Hay un relato muy circunstanciado, con mucho detalle. No se sabe si hay o no registros grabados de esto que es una conversación de un empresario que llega del exterior y quiere abrir una compañía de seguros nueva en la Argentina. Habla con autoridades de este gobierno ligados a esa área y le dicen que es muy problemático, que hay muchas regulaciones. Este empresario se retira frustrado y al otro día le llega un intermediario a ofrecerle una empresa que ya existía, una cáscara, por la que habría que pagar una fortuna. Pero le garantizaban la aprobación. Esto sucede en este momento. Continúan las malas prácticas en un campo que fue históricamente de mucha corrupción, que es el de la intermediación con contratos de seguros. Son problemas viejos con funcionarios nuevos, y todo esto con un dato que no podía faltar y que publicó Hugo Alconada Mon en LA NACION, estudiando los negocios de esta especie de Bonnie y Clyde que descubrimos ahora, que son María Cantero y su esposo, Martínez Sosa. Hay que ver cómo ella defiende los negocios de su esposo a cara descubierta. De repente aparece un Lijo, Freddy, el hermano del candidato de este Gobierno a ocupar un lugar en la Corte. No podía faltar un Lijo. Freddy Lijo es accionista de la compañía Caledonia Seguros, y es citado en los chats como lobbysta de un grupo de empresarios petroleros. Cantero y el esposo le dicen que mejor que no aparezcan esos empresarios porque son impresentables.

El próximo lunes, el otro Lijo, Ariel, va a ser motivo de una reunión especial sobre calidad institucional, convocada por el senador de LLA por Formosa Federico Paoltroni, que está en las filas de Milei pero se ha transformado en el abanderado de decir que no a Lijo dentro del Senado. Ese día va a haber una reunión de especialistas en temas judiciales, sobre todo en la Corte, organizada por Paoltroni y coordinada por la doctora María Elena Talerico, que viene preocupándose por este tema desde hace mucho tiempo. Quiere decir que, en la semana en que se va a celebrar la audiencia en la comisión de acuerdos del Senado para tratar el pliego de Lijo, va a haber en el Salón Azul una reunión de figuras ligadas a instituciones relacionadas con la calidad de la Justicia para repudiar la  designación de Lijo como juez de la Corte.

En una nota de LA NACION, Gustavo Ybarra expone las dificultades de Lijo para conseguir los votos y dice que el Gobierno delegó la obtención de los dos tercios de los presentes que necesita en el juez Ricardo Lorenzetti. El juez de la Corte le había vendido al Gobierno la candidatura llave en mano, con los votos para designarlo. Ahora esos votos empiezan a ser resbaladizos. Algún día, Milei tendría que evaluar el enorme daño que Ricardo Lorenzetti le hizo políticamente postulando a un juez que llevó al Gobierno a este nivel de escándalo, que se ha convertido  en una especie de línea divisoria entre la Argentina decente y la indecente.

Hablamos de un tema de importancia como es la calidad de la Justicia en la Argentina y para dar una demostración, volvemos a un lugar donde concurrimos imaginariamente todo el tiempo, que es una especie de reducción a escala del drama argentino en materia de institucionalidad y del drama argentino en materia de justicia: Rosario, donde más golpea el narco en el país. Ahí está bajo la lupa el juez Marcelo Bailaque. Es un juez que ha mirado para otro lado en muchísimos casos de corrupción que le ha tocado tratar en su juzgado, sobre todo, en casos de narcotráfico. Bailaque está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura. La diputada santafesina Lionella Cattalini lo acaba de denunciar penalmente. Entre las cosas que se le reprochan está su relación con Lindor Alvarazo, el narco más importante de Santa Fe.

Curiosamente, el contador de Alvarado es el mismo que el del juez Bailaque: Gabriel Mizzau. No solamente el juez y el narco comparten contador, sino que Bailaque designó en su juzgado al hijo del contador por si hacía falta hacerle algún favor. Así, el juez que debería investigar al narco y el narco comparten contador. Todo eso es materia de una investigación en el Consejo de la Magistratura que iba a llevar adelante la diputada radical de Santa Cruz Roxana Reyes. El dato es importante porque el juez también viene de esa provincia, donde aparentemente forjó una estrecha relación con Carlos Zaninni. De ahí se fue como juez federal a Rosario con todo lo que implica por ser el lugar de mayor tráfico de mercaderías de la Argentina.

Otra curiosidad es que Bailaque contrató como abogado para esa investigación al hijo del secretario de la diputada Reyes, que es quien lo tenía que investigar. El secretario en cuestión es Marcelo Quintero y su hijo Juan Manuel ahora es el abogado de Bailaque, con lo cual la legisladora tuvo que excusarse.

El juez logró voltear a la diputada que lo tenía que investigar  y, con eso, logró el tiempo que implica reemplazar al investigador. Esto sucede en la justicia argentina, sucede en Rosario con la Justicia Federal, en el lugar donde el narco ha llegado al terrorismo como vivimos este año en esa ciudad. Hay una denuncia penal contra Bailaque por la diputada Lionella Cattalini con innumerables pruebas.. Rosario, ganada por el narco, gracias a la impunidad que  provee la Justicia.

Sobre este telón de fondo se recorta la figura de Lijo avanzando hacia la Corte, Nada que afecte al Gobierno, que festeja. Y tiene motivos para festejar: primero por todo lo que está apareciendo alrededor de Alberto Fernández y Fabiola Yañez, los detalles de esa degradación son los peores trabajos prácticos que puede hacer la casta para ilustrar los  teóricos que enseña Milei en sus referencia contra la política. La política trabaja para Milei, que está solo en el centro de la escena sin que aparezcan competidores. A esto se le suma algún signo muy incipiente, muy tímido, de reactivación económica, que es lo que viene esperando el Gobierno dramáticamente porque la caída de la inflación se produjo al costo de una enorme recesión.

Hubo una entrevista de Mario Blejer esta semana en LA NACION donde pregunta: “¿Se puede llegar a la inflación cero a fin de año?”. Si, pero no vale la pena pagar el costo porque para llegar a eso hay que hacer una masacre con la economía, con la producción, con el tejido empresarial del país. De eso se trata el problema  del Gobierno, por eso festeja que el mes pasado hubo una recuperación del crédito al sector privado del 14%. Todo esto para tener en alto el trofeo de la baja inflación. Por eso inquietó tanto que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que normalmente predice la inflación nacional, haya sido de 5.1%. Eso inquieta. Veremos qué pasa el miércoles cuando se conozca el número de la inflación nacional.

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, publicó un trabajo extraordinario de historia de la macroeconomía argentina para explicar el programa económico del Gobierno. En este estudio, aparece un gráfico que Werning había presentado previamente en Nueva York y que el oficialismo utiliza para ufanarse de estar ganando los pronósticos en materia de inflación. Por eso Milei verduguea a sus colegas, los castiga. Él advierte que se están equivocando y “no la ven”. Cuando la inflación pronosticada era 8,3%, la inflación real fue de 4,6% y la inflación núcleo de 3,7%. Pero el dato reside en que, para la inflación que se conocerá este miércoles, el vicepresidente del BCRA pronosticó un 3,7%. Habrá que ver si aquella cifra se asemeja más a lo que comunica el Gobierno o a la de la ciudad de Buenos Aires, que fue del 5,1%. La obsesión del Gobierno sigue siendo bajar la inflación. Y se entusiasman con indicios muy tenues, que recuerdan a los míticos “brotes verde” de Macri, como por ejemplo el 14% de incremento de crédito al sector privado, recuperación que empezó en mayo y continuó en junio y julio. El Gobierno muestra un gran interés en este fenómeno ya que daría la impresión de que habrá una recuperación de los ingresos por parte de Ganancias, IVA, Impuesto al Cheque y, ocasionalmente, con la penalidad para los que blanqueen y los que entren en la moratoria. Luis Caputo y Santiago Bausili razonan que esto representaría un nivel de ingresos para el Tesoro que va a permitir en septiembre bajar diez puntos del impuesto PAIS, que igual habría que reducir totalmente a fin de año”. Entonces, adelantarían esa eliminación en diez puntos, con la idea de que si eliminan parte en realidad estarían reduciendo el costo del dólar. Estan reevaluando la moneda, en contra de lo que pretende el sector exportador. Si bajan el precio del dólar, todo lo que está hecho de dólar debería bajar de precio”, razonan desde el Gobierno. En todas las cosas que consumimos hay un insumo que está dolarizado. Entonces, plantean: “Si logramos bajar el dólar oficial debería proyectarse en una baja de la inflación y podría en septiembre haber un gol más en materia inflacionaria”. El problema con el que se van a encontrar es que los dólares paralelos se mantienen y la brecha se amplía. Si esto sucede, ¿no es el momento de sacarle al Central todos los dólares que tiene? ¿El mercado no va a ir por ahí? Este es el dilema en el que se encuentra todo el tiempo el Gobierno. Baja la inflación, pero por la vía del dólar puede volver. Si vuelve el drama político del Gobierno será de primera magnitud.