El próximo 27 de julio vence la intervención dispuesta sobre el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la decisión del Gobierno de Javier Milei es prorrogarla con la continuidad de Martín Ozores como interventor. Entre los próximos pasos, se desregularizará aún más el sector y se modificará el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), al que aportan las empresas de telefonía para acortar la brecha digital.

En materia de desregulación, la idea es modernizar la “regulación obsoleta, de difícil aplicación o que ni siquiera llegó a aplicarse”, como el reglamento de calidad del servicio, el reglamento de operadores móviles virtuales (OMV), el régimen sancionatorio y el reglamento de clientes de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.

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“Las TIC requieren de una regulación a prueba de futuro que facilite las inversiones y la permanente actualización de los servicios. En este sentido, debemos avanzar con una fuerte desregulación del sector, como hemos hecho con la derogación del decreto 690/2020 y la apertura satelital, y consolidar una normativa simple y ordenada, que brinde un marco de seguridad jurídica para todos los actores del sector y los usuarios”, dijo Ozores en un encuentro con periodistas.

La lectura del interventor es que, si las leyes son más simples, la estructura del organismo será más simple y también los procesos. En este sentido, fue que se dispuso el cierre de las delegaciones del Enacom en el Interior, que supuso un ahorro de $6600 millones anuales.

Más allá de esto, el Ente solo consume el 66% de lo que recauda y el resto lo aporta al Tesoro. Es decir, que es superavitario y tiene aprobado financiamiento por US$40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para control de espectro. Y este año también podría recaudar dólares con una subasta de espectro 4G no utilizado, aunque la compulsa no sería con fines recaudatorios, ya que la mirada de la actual gestión sería “más de desarrollo”.

Otro de los proyectos tiene que ver con el replanteo del Fondo Fiduciario de Servicio Universal, al que aportan las empresas de telefonía un 1% de su facturación anual para cerrar la brecha digital. Según la auditoría que realizó el ente, hay ineficiencias en la utilización de recursos (se ejecutó menos del 50% de los fondos), se distribuyeron Aportes No Reembolsables (ANR) en zonas con cobertura de internet como el AMBA y se avaló un costo por hogar conectado 5 a 6 veces más caro (US$900 contra los US$170 o US$180 de costo que tiene una telco en el AMBA).

“En el caso puntual de los aportes no reembolsables financiados con fondos del Servicio Universal, el objetivo es pasar a un modelo superador, que no solo financie la oferta de servicios, sino que también contemple la demanda, dando herramientas a los usuarios para que se puedan conectar a los servicios TIC”, explicó Ozores.

Es decir, que el fondo se relanzaría bajo un esquema híbrido de subsidio a la demanda para casos concretos y fondeo para algunos proyectos de impacto bien definidos (en los que tendrían una mayor participación los grandes operadores y no las cooperativas) con ANR o créditos con tasa subsidiada.

Actualmente, el FFSU asciende a $110.000 millones y la deuda con las cooperativas, que están presentando las rendiciones de fondos, ascendería a $20.000 millones.

Por último, el roadmap del ente también incluiría una nueva subasta de espectro 5G por los 100 MHz que se habían otorgado a Arsat y están en reserva, ya que la empresa estatal no los va a utilizar.