Tras el fallido intento del gobierno de Javier Milei por sumar a la Ley Bases una reforma del régimen de pesca, que impactaba de lleno en esta industria, esta vez se analiza aplicar un canon de un 0,15% en derechos de extracción. El argumento que tienen en el Gobierno es que la pesca en la Argentina se hace “gratis” y los empresarios pagan un valor irrisorio por las capturas. La iniciativa viene del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

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Los empresarios argumentan que la actividad se maneja con cálculos complicados para soportar aún más carga. El derecho de extracción hoy se fija en unidad pesca, cuyo valor es equivalente al litro de gasoil que usan los barcos: hoy es $935. Se prevé que en octubre sea de $1000. Desde 1998 el sector paga un arancel por la cuota y un derecho por captura o extracción de las diferentes especies marinas.

El derecho de extracción que fija el Estado a través del Consejo Federal Pesquero (CFP) financia los gastos de administración del recurso del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), CFP y Escuela de Pesca. Parte de esos gastos de la administración los vuelve a pagar el sector empresario por otras vías, al financiar las campañas de investigación y abonar las tasas de inspectores y observadores, etc.

Ernesto Godelman, director Ejecutivo del Centro Desarrollo y Pesca Sustentable, CeDePesca, entidad vinculada con la industria, especificó que establecer a priori un valor de los peces, moluscos o crustáceos es muy difícil. La única manera indirecta de hacerlo es a través de una valorización del derecho ambiental. Según consideró, el argumento del Gobierno es que “la pesca en la Argentina se hace gratis” y los pescadores no pagan nada o muy poco por pescar. El especialista explicó que los industriales dicen que desconocen en qué se basan para estimar ese 0,15% que se busca aplicar. “Si es sobre el valor de las exportaciones, no es una forma justa de calcularlo, porque esto ya lleva incluidos otros trabajos con valor agregado”, dijo.

En el sector aseguran que no es posible avanzar mucho más en la desregulación de la actividad, lo único que se puede hacer es la licitación para evitar una concentración en el mercado. En este caso, habría varios factores que afectarían la sostenibilidad de los recursos. Hace 20 o 30 años, los jueces tenían que decidir si un permiso valía o no, esto llevaba a la actividad a vivir en una guerra permanente.

“El objetivo detrás de una batalla conceptual que se plantea de que la pesca no sea gratis es recaudar más”, puntualizó Godelman. En la industria calculan que serían unos 50 millones de dólares. Otro argumento que esgrime la actividad es que la Argentina ya paga diez veces más en derechos de extracción que en Estados Unidos. Este derecho de extracción se calcula entre lo que pagan las empresas pesqueras contra el valor del pescado desembarcado en muelle. “El país que más cobra derechos de extracción en el mundo, Islandia, tiene un rango de 2,56% al 8,80% del valor de la tonelada en muelle y no cobra derechos de exportación”, expresó.

Para Godelman, en el Consejo Federal Pesquero se tiene que plantear que la situación económica en este momento no es propicia para llevar adelante esta iniciativa. “Muchas de las empresas están pasando un momento complicado y no tienen capacidad contributiva extra para poder hacerlo. Eso es lo que se busca ver hasta cuándo se puede estirar la cuerda y hasta cuánto el sector puede aguantar”, dijo Godelman.

La actividad paga derechos de exportación que ronda el 5,5%; por esto ingresan a las arcas del Estado todos los años US$1800 millones en divisas. En este caso, dicen que Sturzenegger juega un papel de “intelectual” en la discusión entre los empresarios pesqueros y el Gobierno. No obstante, el que debe fijar los cánones, es el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo.

Ante una consulta de LA NACION para conocer los detalles de este canon, en la oficina de Sturzenegger señalaron que este tema es potestad de la Secretaría de Agricultura. En tanto, en esa cartera que conduce Sergio Iraeta, dijeron que no tenían conocimiento del tema. Sin embargo, este canon se viene analizando desde hace varios meses en el equipo de Caputo.

Eduardo Boiero, presidente de Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), precisó que este 0,15% a la que llaman “regalía” en el Gobierno se estima por las exportaciones del sector versus lo que se paga por la captura, es decir, el derecho de extracción que fija el Consejo Federal Pesquero que se fija por cada kilo que se extrae del mar. El error, señaló, es que no se debe calcular por sobre la exportación, dado que lo que se envía al exterior son productos terminados que han tenido un proceso y agregado de valor.

“Tendría que haber calculado un valor del pez en el agua y sobre eso analizar cuánto se paga por derecho único de extracción. Él lo hace a propósito porque lo que se busca es ridiculizar lo que se recauda por ese concepto”, agregó. El nuevo derecho de extracción va a responder económicamente mucho más de lo que se prevé a través de esta fórmula. La industria frenó el avance de la desregulación del CFP a través de la Ley de Bases, para impedir la desaparición de las pymes de la actividad.

“Actualmente, muchas pesquerías de la Argentina se explotan a pérdida, por ende si el Estado quiere modificar la forma en cómo recauda y aumentar aún más el canon o derecho de extracción, deberá analizar antes cómo reducir otros costos porque la ecuación económica actual no resiste más aumentos”, consideró Boiero.