El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, dijo que el campo tiene “muchísima incertidumbre” sobre cuáles van a ser las políticas del gobierno nacional para el sector. El funcionario se refirió al tema en el Consejo Federal Agropecuario (CFA) en Rosario, que contó con la presencia de responsables del agro de otras provincias y el secretario de Agricultura de la Nación, Fernando Vilella.

“El sector productivo tiene muchísima incertidumbre y desconocimiento acerca de cuáles son las políticas nacionales en materia agraria y agroalimentaria. Los productores necesitan certeza, conocer cuál es el marco de funcionamiento”, dijo.

El funcionario de Axel Kicillof señaló que están “frenados” todos los trámites de emergencia agropecuaria enviados en los últimos cuatro meses por la provincia al gobierno nacional para su homologación.

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“Venimos de atravesar una de las sequías más complicadas de los últimos años y hace más de 100 días que se envío el pedido de homologación desde la provincia a Nación y no tenemos respuesta. Son más de 600 certificados de productores que hoy tienen los beneficios de ARBA y del Banco Provincia, pero que no tienen los beneficios impositivos a nivel nacional”, expresó.

Rodríguez también reclamó ejecutar los montos destinados al financiamiento de proyectos de la Ley Ovina nacional. “Habitualmente en febrero teníamos la disposición sobre el presupuesto de la Ley Ovina para ejecutar en las distintas provincias. Esta Ley nacional provee financiamiento específico a un sector que viene creciendo en la provincia de Buenos Aires de manera muy marcada. Nosotros lo que hicimos a partir de diciembre de 2019 fue replicar esta iniciativa a nivel provincial, duplicando los fondos destinados al sector. Hoy no sabemos qué va a ocurrir con los fondos nacionales”, indicó.

El funcionario también se hizo eco de la la preocupación de los productores bonaerenses respecto a la decisión del gobierno de facilitar una mayor importación de carne de cerdo desde Brasil: “Los productores locales se ven en una situación perjudicial ante los competidores de Brasil. Lo que nos manifiestan es que están dispuestos a competir, pero en igualdad de condiciones”.

También exigió definiciones de políticas para los tambos. “Los números son realmente alarmantes. La producción cayó en febrero 17,8% en la relación interanual y la rentabilidad es negativa” afirmó.

Entre otros puntos, expresó su alerta porque los trabajadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) no tendrían garantizada su continuidad laboral.

“Los ministros y representantes del resto de las provincias presentaron las mismas inquietudes, enfatizando la necesidad de que se dé cumplimiento a las leyes vigentes (como la de emergencia) y se aporte claridad en cuanto a las políticas hacia los productores. También se agregaron otros temas, como la falta de ejecución del fondo algodonero y de abordaje del combate a plagas de las economías regionales”, indicó Desarrollo Agrario.

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“Sobre los planteos de la situación tambera y de la importación de carne porcina no hubo respuesta por parte de las autoridades nacionales. En cuanto al pedido de aprobación de la homologación del decreto de emergencia del año 2023 se indicó que el mismo estaba siendo revisado por la AFIP. Respecto de la ejecución 2024 de la ley ovina se señaló que la misma ya se realizó el año pasado, a lo que se respondió que los fondos correspondientes a este año forman parte del presupuesto y no se están ejecutando”, añadió.