El gobierno de Axel Kicillof reiteró su reclamo a la administración nacional de Javier Milei para que homologue de una vez por todas la emergencia agropecuaria para 700 productores de unos 51 partidos de la provincia de Buenos Aires. Además rechazó el desfinanciamiento del programa de la Ley Ovina.

“El gobierno nacional ha abandonado por completo al sector productivo y eso se ha visto reflejado en aspectos tan importantes como los casos de emergencia agropecuaria. Nosotros tenemos un pedido para que se reconozca dos decretos de declaración de emergencia agropecuaria que afectan a unos 700 productores de la provincia de Buenos Aires. Hicimos el reclamo telefónicamente, por nota formal, por whatsapp. En abril, nos respondieron con argumentos burocráticos de que todo estaba siendo revisado en diferentes áreas pero la verdad es que pasaron ya más de seis meses y nada”, dijo en conferencia de prensa Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario bonaerense.

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Explicó que en la última reunión del Consejo Federal Agropecuario, región pampeana, volvió a plantearle al secretario de Bioeconomía Fernando Vilella, “quien sintéticamente solo dijo ‘lo anoto’”.

“Pero la verdad que transcurrido seis meses, las acciones tendrían que ser algo más que ‘lo anoto’. Esto lo había hablado antes en enero personalmente por teléfono. No es un reclamo de un gobierno, de un ministro, sino que es un reclamo en función de los 700 productores que no están viendo el reconocimiento de los paliativos que prevé la Ley de Emergencia. Ellos dicen que hay que poner en debate esta ley, pero en general las discusiones son por si la ley es insuficiente pero lo que está ocurriendo ahora es que ni siquiera están cumpliendo con los paliativos previstos en esa ley”, enfatizó Rodríguez.

En detalle, de los decretos firmados por Kicillof, uno de ellos, el 2157/23 que incluye a 39 distritos, ya cumplió todos los requerimientos y pasó por la Comisión Nacional de Emergencia y Desastres Agropecuarios (Cneyda) que es quien recomienda o no al Poder Ejecutivo que lo homologue. El otro, que involucra a 12 partidos de la Cuenca del Salado (50/24), en cambio, aun falta que dicha comisión se reúna y dé su veredicto. Esta homologación implica una reducción de aquellos impuestos que graven el patrimonio, capitales o ganancias de las explotaciones afectadas. Además, la AFIP también puede establecer la exención total o parcial del pago del impuesto a los Bienes Personales.

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Otra cuestión no menor para el sector es que “el Gobierno abandonó un conjunto de programas vinculados a la promoción de distintas producciones, como lo es la Ley Ovina Nacional”.

“La Ley Ovina, que fue aprobada hace un poco más de un año, con un período de 10 años de vigencia y presupuesto asignado, pero a seis meses el Gobierno no lo está ejecutando. Queda claro que, aunque tiene presupuesto asignado, la última información es que en realidad ya le volaron el presupuesto asignado, dando de baja de hecho. Los pocos técnicos que tenían vinculados a este programa en la provincia de Buenos Aires fueron despedidos, es decir que las respuestas formales que no están las vemos por el lado de los despidos”, remarcó.

Otros de los reclamos al gobierno del presidente de Javier Milei es una obra de impermeabilización de canales de riego, a través de financiamiento internacional en la zona de Villarino, donde tampoco hay ningún tipo de novedades. Además, se mencionó el estado de las rutas, que son “muy importantes para la producción agropecuaria, para la producción de alimentos”.

“Infraestructura en rutas y en puertos están absolutamente paralizadas. En definitiva, el sector productivo se está viendo perjudicado por estas acciones del gobierno nacional”, dijo.

En rueda con periodistas, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, Rodríguez anunció el relanzamiento de las líneas de financiamiento “a valor producto”, a través del Banco Provincia a tasa cero y que suma a la producción ovina.

“Financiamiento a valor producto significa sencillamente que para fomentar determinadas producciones, se entrega en relación al valor del producto que produce. Por ejemplo, financiamos la producción tambera con una referencia en el valor leche, entonces aquel tambero que toma un crédito, en realidad lo que se le asigna es una cantidad de litros de leche a pagar y que oportunamente irá pagando en función de las distintas líneas de financiamiento”, detalló. En esa línea, dijo que con esto “se logra despejar una de las variables de incógnita, una de las variables de incertidumbre: el precio del producto”.

“El año pasado fue una línea muy utilizada en función de la sequía. Siguen vigentes estas líneas para la producción apícola, tambera, porcina y de carne bovina (para pasturas en el sudoeste o para el plan de prevención de venéreas). Y hoy estamos agregando a la producción ovina. Estas producciones están viendo que su demanda se ve reducida, por lo tanto tienen un efecto tenaza: por un lado se les incrementa los costos y por otro lado se reduce la demanda”, añadió.

Con la resolución ya publicada, también presentó el programa provincial de huertas urbanas bonaerenses con el objetivo de capacitar en la producción de huertas comunitarias y familiares. “Estamos desarrollando este programa porque el Gobierno está desfinanciando el Pro Huerta del INTA. Por eso, tomamos la experiencia y el aprendizaje de ese programa para plantear el nuestro con un enorme potencial en la provincia. Consta de capacitación y entrega de insumos. Es una herramienta para el fomento de la producción local de alimentos frescos para el autoconsumo”, señaló.

Por último, anunció el financiamiento de pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales (pupas) y un plan de incentivo a la actividad forestal.