El próximo martes, 30 de abril, se reunirán otra vez funcionarios de la Secretaría de Educación con los miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El encuentro sucedera justamente una semana después de la masiva marcha de estudiantes, docentes y ciudadanos en “defensa de la educación” y “contra el desfinanciamiento”, y de la que, algo teñida de militancia, participaron también políticos de la oposición y sindicatos. A horas de la reunión, la intención de diálogo es lo predomina entre los rectores que se reunirán con Carlos Torrendell y que podría determinar el futuro de miles de estudiantes.

Victor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), le dijo ayer a LA NACION que el cuerpo universitario va a “escuchar los puntos que el Gobierno quiera plantear”, pero que ellos desde su lugar reafirmarán las consignas de la marcha. Según manifestó, son cinco los puntos que quieren presentarle al Gobierno. “Hablaremos de la crisis presupuestaria, de los gastos de funcionamiento y los problemas que hemos tenido en lo que va del año”, el primer punto, según Moriñigo. En segundo lugar, tal como expresó el titular del CIN, plantearán la crítica situación que enfrentan los hospitales que dependen de las universidades nacionales.

En tercero y cuarto lugar aparecen dos cuestiones espinosas: la actualización salarial -los sueldos significan alrededor del 90% de los gastos de los claustros- y la ciencia. “Incluiremos el tema de los salarios de docentes y no docentes de este cuatrimestre. Queremos charlar sobre la situación de la ciencia y la técnica que tienen las universidades y que tienen otros organismos también como el Conicet, que a nosotros nos toca mucho”, sostuvo el presidente del CIN. El quinto punto por dialogar con el Gobierno serán las inversiones planeadas y pendientes. “Tenemos que hablar de las obras paralizadas en todas las universidades del país”, señaló Moriñigo.

Después de varios días de intercambio público, la relación entre las dos partes en conflicto se percibe aún tensa, el CIN espera, sin embargo, poder tratar todas las problemáticas: “Esos son los cinco puntos que vamos a tratar de exponer a estos nuevos interlocutores que ha empoderado el Gobierno”. Fue una manera elegante de plantear el cambio de interlocutor que también sucedió la semana pasada, luego de que el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, dijera en redes sociales que se iban a auditar los fondos que el Gobierno destinada a las universidades nacionales. Ahora, aparece Torrendell como el anfitrión del Ministerio de Capital Humano para comenzar esta nueva etapa de vinculación con la educación superior.

Según pudo confirmar LA NACION, hasta ahora los rectores representarán al cuerpo universitario son seis: Victor Moriñigo; Alfredo Lazzeretti, Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp); Omar Larroza, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); Oscar Alpa, Universidad Nacional de La Pampa (Unlpam); Carlos Greco, Universidad Nacional de San Martín (Unsam), y Ricardo Gelpi, Universidad de Buenos Aires (UBA). La expectativa está puesta en volver al diálogo y destrabar el conflicto que pesa sobre la situación financiera de las universidades. Aun sin confirmación de horario, trascendió que sería el martes próximo, a las 11, en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación.

En diálogo con LA NACION, para Lazzeretti la cuestión de paritarias libres, la actualización del monto de las becas estudiantiles y el cumplimiento de la ley de financiamiento del sistema científico tecnológico son temáticas que deberían también debatirse. “La masiva participación de amplios sectores sociales en respaldo de las universidades públicas argentinas, marcan con claridad la necesidad de un cambio de rumbo en las actuales políticas”, sostuvo.

A pesar de que la inflación viene golpeando los presupuestos y sueldos universitarios fuertemente desde casi la mitad de la gestión del presidente Alberto Fernández, los rectores manifiestan que los problemas para las instituciones empezaron recién este año. “Nos afectó la no actualización de los gastos de funcionamiento en el primer trimestre del año cuyo poder de compra, al haberlo recibido el 22 de abril, quedó reducido a un tercio del valor original”, argumentó Lazzeretti. “La suspensión de diversos programas de promoción de la ciencia, la extensión, la educación de oficios, la informatización, infraestructura y equipamiento, entre otros, configuró un cuadro de fuerte desfinanciamiento”, sumó.

Otros rectores, como Larroza se animaron a afirmar que a la fecha mantienen sus cuentas en orden, pero que les preocupa el futuro: “Tenemos las finanzas saneadas y equilibradas, pero, de no actualizarse el presupuesto tendremos que reconsiderar las partidas ya que no serán suficientes para cubrir gastos de funcionamiento”. Para la Universidad Nacional del Noreste, que absorbe estudiantes de Chaco y Corrientes, el mayor problema actual es la pérdida de participación que desde 2016 tienen en el presupuesto total de las casa de estudios superiores nacionales.

No todas las universidades nacionales enfrentan la misma situación financiera porque no tienen la misma estructura de costos. Algunas tienen hospitales universitarios, otras alquilan inmuebles para cubrir el déficit de infraestructura, tienen servicios tercerizados de vigilancia y maestranza, o requieren obras, entre otras enumeraciones que plantean dentro del CIN con preocupación. “Hay situaciones diversas, teniendo en cuenta la gravedad y urgencias, pero de continuar esta política de desfinanciamiento, más temprano que tarde vamos todas a terminar con el mismo cuello de botella, que amenaza la continuidad del ciclo lectivo 2024″, advirtió Lazzeretti.

Para Moriñigo, muchos costos saltaron al 300%, 400% y hasta 500% y, ante eso, sostener la estructura con el mismo presupuesto de hace casi dos años se hace imposible: “Por eso muchas universidades empezaron a declarar emergencia económica, emergencia financiera, adecuar partidas”. Y puntualizó: “Las universidades ya hemos hecho la austeridad que nos pide el Gobierno, pero queremos explicarles que eso va a ir en detrimento de la calidad que tenemos hoy que nos hace prestigiosos en todo el mundo”.

Crisis universitaria. Carreras largas, abandono y los “nuevos adolescentes”, entre los desafíos pendientes

Los rectores se muestran escépticos a la idea de poder llegar el martes a un acuerdo; más que nada esperan poder exponer los puntos y “volver a encauzar el diálogo de respeto”. “Ojalá el gobierno nacional nos dé previsibilidad y podamos empalmar lo que nosotros pedimos y lo que ellos pueden financiar”, dijo el presidente del CIN. Y cerró: “La universidad pública no va a cerrar jamás si hace falta plata para pagar la luz vamos a dar clase de día. Esto es un grito de esperanza para que las familias, los chicos que han elegido la universidad no tengan esa angustia de que estamos a punto de cerrar”.

Aunque el Gobierno continúa insistiendo en que deberán rendir cuentas para recibir fondos públicos nacionales, fuentes del CIN son renuentes a ese requerimientos: “Nos ajustamos a lo que establece la ley. Ni un paso por fuera. Es responsabilidad de la Auditoria General de la Nación (AGN) realizar las autoritarias a las universidades”.